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Los inmigrantes que deseen adquirir la nacionalidad española por residencia deberán, a partir de mañana 15 de octubre, afrontar el pago de 185 euros y un examen que demuestre tanto su conocimiento del idioma español como su integración social.
Mañana jueves entra en vigor una reforma legal que, entre otros elementos, supone el final de la gratuidad de las solicitudes de nacionalidad española por parte de los inmigrantes
En España la nacionalidad por residencia se puede adquirir tras la permanencia durante diez años de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición, salvo para los refugiados (cinco años) y los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o sefardíes (dos años).
Los solicitantes tendrán que afrontar el pago de 100 euros por la tramitación de la gestión más 85 euros por los dos exámenes obligatorios, uno sobre el dominio básico del español y otro de historia, cultura y leyes españolas, pruebas ambas diseñadas por el Instituto Cervantes, encargado de la difusión de la cultura española en el mundo.
Se busca que los aspirantes acrediten el suficiente grado de integración en la sociedad española.
El examen para acreditar el idioma es el Diploma de Español (DELE) en un nivel A2 o superior, lo que no debería constituir un grave problema para personas que lleven diez años viviendo en España.
Los aspirantes cuya lengua materna sea el español estarán exentos de la prueba lingüística pero sí tendrán que demostrar sus conocimientos de la Constitución y de la realidad social y cultural españolas, ya que el examen de integración es ineludible.
Consta de una prueba de 25 preguntas cerradas que pueden ser de tres posibles respuestas o de verdadero o falso divididas en cinco áreas temáticas.
Con quince respuestas correctas se puede jurar la Constitución.
Cervantes, Lorca, Enrique Iglesias, Penélope Cruz, los Goya, el fútbol, los Sanfermines, las Fallas, el Carnaval, el telediario, el turrón y el mazapán figuran entre las preguntas del examen, pero también la Jefatura del Estado, las funciones del Congreso y las lenguas cooficiales.