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El enfrentamiento entre el gobierno argentino y el poderoso grupo Clarín resurgió como demostración de fuerza del ente regulador que intenta vender algunas radios y canales del multimedios, al que acusa de no querer someterse a una ley audiovisual antimonopólica.
La medida fue calificada de "brutal y política" por el grupo mediático opositor, que negó las acusaciones, y la atribuyó a una intención del gobierno de "avanzar sobre los medios audiovisuales que no controla", dijo el gerente de Comunicaciones de la empresa, Martín Etchevers.
La disputa se remonta a 2009, cuando se sancionó una ley que limita en Argentina la concentración de medios, y acaba de reavivarse a poco más de un año de las elecciones de 2015, en las cuales la presidenta Cristina Kirchner no podrá presentarse a la reelección y que abren otra lucha en todo el arco político por su sucesión.
El gobierno rechazó el miércoles un plan presentado en febrero pasado por Clarín para dividir en seis empresas al grupo y anunció que iniciará de oficio la reorganización del multimedios con un proceso de tasación de las firmas para licitar las excedentes.
El analista político Enrique Zuleta Puceiro, presidente de la consultora OPSM, enmarcó la medida del gobierno en una "decisión del gobierno de neutralizar el síndrome del 'pato rengo'", a un año del recambio presidencial, sin posiblidad de segunda reelección para Kirchner.
"El gobierno busca exacerbar la confrontación para mostrar que son ellos los que fijan la agenda política, ocupan el centro de la escena con temas que dividen a la oposición, y definen además a un enemigo principal, que son los medios", explicó Puceiro a la AFP.
Según el analista, Clarín "ve que está siendo atropellado, pretende defender su lugar y no quiere que le quiten sus cosas" y estimó que el tema volverá a la justicia.
- Pelea que no cesa -
Tras un comienzo amigable entre el influyente grupo y el gobierno del difunto Néstor Kirchner (2003/2007), la relación se enfrió y el conglomerado fue convirtiéndose en una creciente voz opositora.
La disputa se profundizó con la crisis rural en 2008 en medio de una pelea por impuestos a las exportaciones de granos, y alcanzó su climax con la denominada Ley de Medios impulsada por el gobierno, que este jueves cumple cinco años y es resistida por Clarín en la justicia.
La puja judicial de cuatro años terminó en noviembre de 2013 con un fallo de la Corte Suprema de Justicia que le dio la razón al gobierno, y forzó al multimedios a presentar un plan de adecuación voluntaria a la ley.
El grupo mediático posee 41% del mercado de radios, 38% de la televisión abierta y el 59% de la televisión por cable, cuando el máximo legal vigente en todos los casos es de 35% máximo.
En febrero, el mayor grupo mediático de Argentina presentó una propuesta que contemplaba dividirse en seis empresas de radios y televisoras, un plan que en principio había tenido la luz verde de la autoridad de aplicación de la norma (AFCSA), pero que finalmente fue rechazado.
- Acusaciones cruzadas -
"Hemos dado por finalizado el proceso de adecuación voluntaria de Clarín y vamos a iniciar la adecuación de oficio, esto es, el Estado tasará y venderá las unidades de negocios", dijo el miércoles Martín Sabbatella, presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación (AFCSA).
Según Sabbatella, líder del partido Nuevo Encuentro, una fuerza de centroizquierda aliada a Kirchner, fueron detectados vínculos empresariales y administrativos entre socios de las principales unidades de negocios presentadas por Clarín.
"Ahí nos dimos cuenta que no hay independencia entre las unidades de negocios. Los nombres se entrecruzan. Hay vínculos societarios entre las empresas y eso es un fraude, una burla para mantener su posición dominante", agregó.
El multimedios rechazó por "falsas" las acusaciones y se defendió en un comunicado de prensa, al tiempo que prometió pelea.
"El gobierno ha decidido no respetar el proceso de adecuación que habíamos iniciado, que es absolutamente legal y cumple a rajatabla con todas las provisiones de la ley de medios, e ir por una decisión brutal, política, que desaprueba lo que había aprobado", señaló el grupo.