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El Mundo 11 Mayo 2013 - 3:26 pm

Ríos Montt iniciará nueva batalla legal para revertir condena por genocidio

El expresidente de Guatemala fue procesado por la muerte de 1.771 indígenas ixiles.

Por: Agencia EFE
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Foto: EFE

Los abogados del exdictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt iniciaron el análisis de la condena a 80 años de cárcel por genocidio emitida el viernes un tribunal para iniciar una nueva batalla legal y revertir la histórica sentencia.

El general retirado de 86 años pasó su primera noche en el Cuartel Matamoros, en la capital, a donde fue remitido luego de ser declarado culpable el viernes de genocidio y delitos contra la humanidad durante su régimen de facto, entre 1982 y 1983.

El portavoz del Sistema Penitenciario, Rudy Esquivel, le explicó a los periodistas que la situación en las instalaciones del cuartel militar Matamoros, en las que funciona una cárcel provisional para reos considerados vulnerables, es normal.

El exjefe de Estado de facto sólo ha sido visitado por sus abogados y hasta ahora no ha pedido que se le permita recibir comida especial o medicinas, según el funcionario.

El próximo 17 de mayo está previsto que el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo efectúe la lectura íntegra de la sentencia de condena contra Ríos Montt y la absolución de su antiguo director de Inteligencia, el general retirado José Rodríguez.

A partir de esa fecha, los abogados del exdictador tendrán un periodo de diez días para apelar la sentencia y el Ministerio Público (MP) tendrá el mismo plazo para presentar alguna apelación por la absolución de Rodríguez.

Francisco García, el jurista que defendió a Ríos Montt en la recta final del juicio que se inició el pasado 19 de marzo, dijo a los periodistas que antes de apelar, van a estudiar el fallo leído el viernes por la presidenta del tribunal, Jazmín Barrios, porque considera que adolece de "muchas ilegalidades".

"Confiamos en que la sentencia se caerá por su propio peso" porque es "insostenible", dijo García.

En opinión del abogado, los miembros del tribunal, que integran también los magistrados Patricia Bustamante y Pablo Xitimul, tenían interés en buscar protagonismo al dictar la primera sentencia por genocidio en Guatemala.

Y es que a lo largo de los testimonios y debates celebrados en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Barrios fue "impacable" con sus decisiones y ni las amenazas de García de enjuiciarla y enviarla a prisión por cometer "ilegalidades", la hicieron variar en sus resoluciones.

Luego de conocer su condena, Ríos Montt calificó el juicio como un "show político internacional".

La histórica sentencia fue respaldada hoy por la Fiscalía General, que a través de un comunicado señaló que los jueces confirmaron la acusación que presentaron los fiscales encabezados por Orlando López contra Ríos Montt.

"El juicio ha permitido que las víctimas fueran escuchadas, los acusados tuvieron todas las garantías para su defensa y todos los sujetos procesales la oportunidad de presentar libremente su evidencia", dijo.

Según la Fiscalía General, el proceso dejó fortalecido el sistema de justicia, la independencia judicial, el estado de derecho y la democracia en Guatemala.

La premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú también expresó su respaldo a la sentencia y dijo a los periodistas que en el juicio contra el exjefe de Estado de facto se demostró que el pueblo maya no mentía al denunciar el genocidio.

La Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP), consideró la sentencia como "un paso enorme" en la lucha contra la impunidad en Guatemala.

Mientras, el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH), que actuó como querellante en el proceso, dijo en un comunicado que los delitos de lesa humanidad deben ser castigados para que no vuelvan a repetirse.

La sentencia tomó en cuenta los peritajes sobre racismo y genocidio, psicosociales, militares, antropológicos, culturales, de violencia sexual y estadísticos, así como la prueba documental establecida en planes castrenses, señaló.

Ríos Montt fue juzgado y declarado culpable por las matanzas de 1.771 indígenas ixiles en el departamento noroccidental de Quiché durante su régimen, con lo que se convirtió en el primer exjefe de Estado centroamericano en ser condenado por genocidio.  

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