Hoy se da a conocer de manera oficial la posición del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU respecto a la situación del fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien desde el 19 de junio de 2012 está en la embajada de Ecuador en Londres, para evitar su detención por parte de las autoridades británicas, que tienen la orden de extraditarlo a Suecia para comparecer en un caso en el que se le acusa de violación sexual (los cargos por otros tres delitos sexuales ya prescribieron). Antes de conocerse la decisión, algunos medios de comunicación filtraron parte de su contenido y portavoces de los gobiernos británico y sueco anticiparon sus posiciones al respecto. Según esas versiones, la ONU respaldaría a Assange, consideraría que el australiano está bajo detención arbitraria y solicitaría levantar el requerimiento de extradición en su contra.
En septiembre de 2014, Assange presentó su queja ante el Grupo de Trabajo de la ONU, en la cual alegó que se encontraba en una situación de confinamiento equiparable a una detención ilegal, pues durante los tres años y medio que lleva encerrado en la embajada no se le ha permitido ejercer su derecho de asilo. A pesar de que éste le fue concedido por el gobierno de Ecuador, las autoridades británicas no le han otorgado el salvoconducto para viajar a ese país.
Portavoces del gobierno sueco y británico ya advirtieron que mantendrán sus posturas. La oficina británica de asuntos exteriores aclaró que no considera que Assange esté bajo detención arbitraria, sino que está en la embajada ecuatoriana de manera voluntaria, evitando una detención legal. “Una alegación de violación sigue en pie y una orden de detención europea sigue en su lugar, por lo que el Reino Unido sigue teniendo la obligación legal de extraditar a Assange a Suecia”. La fiscalía sueca, por su parte, advirtió que el pronunciamiento de la ONU no alterará sus decisiones, su investigación y el funcionamiento de sus leyes.
Suecos y británicos no tienen la obligación de cumplir lo que la ONU diga hoy. El pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias no tiene una naturaleza jurídica vinculante. No se trata técnicamente de un “fallo” —como aparece en varios titulares de prensa—, no es una sentencia de obligatorio cumplimiento, como las emitidas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Se trata más bien de un reporte sobre el cumplimiento, o incumplimiento, por parte de los estados de sus obligaciones internacionales en materia de detención. Quienes integran este grupo de trabajo no son jueces, sino cinco expertos internacionales en DD. HH., dirigidos por un relator surcoreano, Seong-Phil Hong.
Entonces, las autoridades británicas no están en la obligación de permitir que Assange salga en libertad de la embajada ecuatoriana, ni de devolverle su pasaporte australiano. Ni las autoridades suecas tendrán que cerrar los casos en su contra, como él lo ha solicitado y podría solicitarlo la ONU. Eso sí, el incumplimiento de las decisiones de la ONU
conlleva un peso político para quienes no las implementan. Si no cumplen, Suecia y Reino Unido no serán condenados, pero tendrán menos autoridad moral para presentar peticiones ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias o impulsar otras causas relativas a los derechos humanos. Además, el pronunciamiento de la ONU podría aumentar la presión sobre los países involucrados (Suecia, Reino Unido, Ecuador, Australia y probablemente Estados Unidos) para que busquen solucionar el caso de manera más expedita.
Con esto, el escenario más probable para Assange después de que se conozca la posición de la ONU es seguir en la embajada para evitar su detención y extradición. Assange y sus abogados han alegado reiteradamente, y lo seguirán haciendo, que su extradición a Suecia sería un montaje para luego entregarlo a Estados Unidos, donde tendría que responder por la filtración, en 2010, de miles de documentos secretos del Departamento de Estado estadounidense, relativos a las guerras en Irak y Afganistán.
Pero en algo cambiaría el panorama para Assange con un pronunciamiento favorable por parte de la ONU. Ahora tendría el apoyo político de la máxima organización internacional, con lo cual podría buscar respaldo en muchas otras instancias para fortalecer la lucha contra su extradición. En suma, le sirve para proyectar más legitimidad en su causa, para mostrarse como el bueno de la película, frente a dos estados que infringen la ley internacional.