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La mitad de las casas de Rosia Montana, un pueblo de tres mil habitantes en lo profundo de Transilvania, tienen un letrero que señala que están siendo restauradas por la empresa canadiense Gold Corporation (GC). La otra mitad tienen letreros que señalan que en ellas trabajan los voluntarios del programa “Adopta una casa”. Los datos son inexactos. La GC, antiguamente Gabriel Resources, no es precisa respecto al número de casas restauradas y cuántas sólo lo serán cuando “el proyecto” comience. El programa de adopción tampoco tiene los medios para hacer contrapeso al presupuesto de relaciones públicas de la GC.
Pero la impresión es esa. Que la mitad de los pobladores quiere que se inicie un proyecto que propone sacar oro de unas montañas que, luego de dos mil años de actividad minera, ya nadie creía explotables, y el resto considera que la destrucción de 900 viviendas, las galerías de la época romana y la cima de cuatro montañas es un precio demasiado alto por un proyecto que como mucho se sostendrá durante dos décadas.
En la memoria de los rumanos está presente el desastre de Baia Mare, ocurrido en 2000. En esa ocasión, la presa que contenía un “lago de cianuro”, 100 veces más pequeño que aquel de 45 hectáreas que se crearía para almacenar los residuos de la explotación en Rosia, colapsó provocando el vertimiento de 100.000 metros cúbicos de la sustancia venenosa en el río Tisza, afluente del Danubio: 85% de los peces murieron a lo largo de su cauce que atraviesa de tres países. La BBC llamó al accidente “la peor catástrofe ecológica en Europa después de Chernobyl”.
“Luego de que se agotó el oro explotable con métodos tradicionales hay un alto nivel de desempleo en Rosia Montana y las personas necesitan trabajo. Uno entiende. Pero también hay muchos habitantes que prefieren renunciar a la ‘nueva’ minería y no ver su región destruida”, dice Pablo, biólogo español y voluntario del programa de “adopción” de casas durante un mes.
Para regresar a su trabajo dejará Rosia justo cuando empieza el FânFest, el evento cultural que logró atraer la atención sobre el proyecto de minería que, de realizarse, será el más grande de la Unión Europea: cerca de 262 millones de toneladas de piedra proveniente de las montañas del pueblo serían pulverizadas y tratadas con cianuro. Según cifras de la compañía minera, 25% del territorio municipal será explotado.
Los organizadores y los asistentes del FânFest confían en que esto no ocurrirá. Acaba de celebrarse la novena edición del festival, pero a punta de actividades culturales y políticas llevan 20 años retrasando el proyecto.
Los habitantes de Rosia se han ido acostumbrando a la presencia de activistas y al hecho de que a los jóvenes rumanos que empezaron las protestas, en la época en la que, sin justificación alguna, el área otorgada a la compañía minera pasó de 12 a 42 kilómetros cuadrados, se hayan ido sumando extranjeros. La manera de recibirlos varía. En algunos locales se exhiben calcomanías o letreros hechos a mano que les dan la bienvenida; en otros se han colocado letreros con frases como “La minería es nuestro pan” o “Queremos trabajar, no mendigar”.
Todos los letreros hostiles a los activistas llevan el mismo tipo de letra y están impresos con técnicas profesionales. Para referirse a los jóvenes que “vienen de Bucarest o de Alemania y no saben lo que es vivir en el campo” algunos habitantes usan en forma despectiva los términos “hipsters” o “hippies”. Una anciana que ha instalado su puesto de artesanías en la Plaza Campesina que el festival organiza para los productores locales prefiere llamarlos “buenos muchachos”.
“En varias ocasiones tuvimos manifestaciones financiadas por la compañía”, dice el periodista Mihai Gotiu, autor de un libro publicado el mes pasado sobre el caso luego de 11 años de investigaciones. Gotiu ha hecho parte de los organizadores del festival desde el principio. “La gente salía a la plaza con las pancartas que la empresa les daba, pero luego albergaban a los activistas. Hay que recordar que las primeras protestas fueron iniciativa de la gente de Rosia. Hoy en día, la administración municipal es favorable a la minería y no nos colabora mucho y por eso todo lo realizamos en terrenos cedidos por los habitantes”.
Tampoco los artistas cobran por presentarse en el evento, lo que le ha permitido convertirse en el festival gratuito más importante de Rumania, con cerca de 15.000 personas en 2006. Si bien la cifra no se compara a las de los grandes festivales europeos, es significativa si se tiene en cuenta que no existen trenes para llegar hasta Rosia Montana y el viaje por carretera desde Bucarest toma al menos nueve horas.
La lista de artistas que han pasado por los escenarios del festival incluye grandes bandas de rock nacionales como Zob, Luna Amara y los moldavos Zdob-si-Zdub, y respetados intérpretes de música campesina tradicional como Nicolae Pitis.
La programación de conciertos, sin embargo, se limita al horario nocturno. “No queremos que se nos vuelva otro ‘festival de verano’”, dice Ion, uno de los voluntarios. “Está bien que la gente venga por la música, pero no sólo por la música”.
Además de los conciertos, que se realizan en parcelas ubicadas a pocos kilómetros del pueblo, cerca de doscientas actividades tienen lugar en el casco urbano. Cada año se organizan proyecciones cinematográficas, conciertos de música clásica, circo y presentaciones de teatro, talleres de danzas y artesanía y tertulias literarias.
“Tampoco queremos que se perciba como un festival de protesta”, dice Gotiu: “Invitamos a la gente que viene al festival a conocer el patrimonio de la zona, a quedarse en habitaciones de las casas de los habitantes o a instalar las carpas en sus parcelas y a consumir los productos locales. Así demostramos que una región puede desarrollarse de otra manera, gracias a la cultura y el turismo y sin necesidad de un gran proyecto minero”.
La exitosa estrategia cultural de los opositores rumanos ha convertido el FânFest en un punto de encuentro de los activistas y ecologistas europeos. Durante la semana que dura el festival se realizan cerca de 50 encuentros y talleres alrededor de temas que van desde el periodismo ciudadano, el activismo en internet y las estrategias para seguir el flujo de dinero y adentrarse en las estructuras empresariales, hasta las leyes que en cada país garantizan o restringen el derecho a la protesta.
Los casos colombianos de Santurbán en Santander y el municipio de Piedras en el Tolima son evocados por varios de los participantes. “Internet nos facilita las cosas”, dice uno de ellos. “Aquí la gente desconfía de los referendos locales porque cree que la gente se deja manipular. Lo que ocurrió en Piedras nos muestra, o mejor dicho nos confirma, que los campesinos son mucho más conscientes de lo que la gente de la ciudad piensa”.
El hecho de que en agosto de 2013 el gobierno rumano otorgara a la empresa minera la facultad de “relocalizar” a los habitantes que se negaban a venderle sus predios fue el detonante de una ola de protestas a nivel nacional que llevaron a la suspensión temporal de la medida y, como consecuencia de la presión popular, la aseguradora Allianz canceló todas las pólizas del proyecto. El 11 de noviembre del año pasado, el Parlamento rumano vetó el plan presentado por el Ejecutivo y que daría vía libre, después de 14 años, al comienzo de la explotación por parte de la Gold Corporation. Para la empresa canadiense, cuyas acciones cayeron cerca de 20% en un par de semanas, sólo se trata de un nuevo retraso pasajero.
Lo mismo piensan los activistas del FânFest y por eso este agosto también han vuelto. A partir del próximo 6 de septiembre realizarán la primera edición del Festival Internacional Antifracking, el ManiFest. El lugar será Pungesti, un pueblito rumano que aspira a convertirse en el símbolo de la oposición a este método de extracción de gas natural.
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