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El secretario general de Unasur, el colombiano Ernesto Samper, planteó el lunes en Montevideo la necesidad de desarrollar un sistema para que los suramericanos detenidos por narcotráfico en Asía reciban sanciones similares a las vigentes en la región, evitando así la pena de muerte.
Samper anunció la formación de una comisión para tratar el tema de los suramericanos que estén en cárceles asiáticas sometidos a cadena perpetua o pena de muerte y proponer a esos países "a través de acuerdos de cooperación judicial, que estas personas en primer lugar no reciban penas superiores a las penas máximas que recibirían en Suramérica".
"En segundo lugar, que puedan pagar sus respectivas penas cerca de sus familiares en cárceles suramericanas", agregó el expresidente colombiano al finalizar el Consejo Extraordinario sobre el problema mundial de las Drogas de Unasur.
La comisión, presidida por Uruguay, que ostenta la presidencia pro témpore de Unasur, estudiará la forma de plantearlo como un problema regional La ejecución de un ciudadano brasilero en Indonesia a principios de año encendió las alarmas en la región.
Durante la reunión de Unasur, varios países mostraron su preocupación por la suerte de sus ciudadanos condenados en Asia por narcotráfico. Colombia informó de 14 personas con pena de muerte en China, Brasil con cinco casos y Paraguay informó de dos condenados en ese continente por el mismo delito.
A su vez, el consejo coincidió en la necesidad de presentar "una posición unificada" en la Cumbre Mundial sobre Drogas en 2016.Dicho planteo deberá combinar la "necesidad de seguir trabajando intensamente en la persecución del crimen organizado de los carteles del narcotráfico" con la búsqueda de "salidas que de alguna manera alivien la carga que puedan estar pasando en los eslabones débiles de la cadena del narcotráfico", como cultivadores y consumidores de drogas ilícitas, añadio Samper.
El secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, Julio Calzada, destacó que la región se encamina a "la despenalización del uso" de drogas.
Uruguay se transformó en diciembre de 2013 en el primer país del mundo en el que el Estado controla todos los eslabones del mercado de cannabis.
La ley obliga a los consumidores a inscribirse en un registro de usuarios y optar por acceder a la droga mediante el autocultivo, clubes de membresía o comprando el cannabis en farmacias, sistema que aún no está operativo y que Calzada estimó que se completará en el primer semestre de 2015.