:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/1ADBlCSWsYPdRiy6nPXWtmTN6Dc=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/C3RWQNDIXJBPZOLGM23SV63W2I.jpg)
El inmenso poder territorial que acumuló el Partido Popular (PP) hace cuatro años se diluyó en las elecciones autonómicas y municipales en las que se votó la composición de 13 comunidades, Ceuta y Melilla y 8.119 ayuntamientos de España.
Sus mayorías absolutas fueron pulverizadas (pierde cuatro y otras tres donde gobernaba en minoría), aunque el PP pretende exhibir que se mantiene como primera fuerza política con el 27% de los votos. Si gobierna al final sólo en tres autonomías dependerá de pactos con el partido Ciudadanos. El símbolo de este cambio lo representan Manuela Carmena y Ada Colau, con sus triunfos en Madrid y Barcelona. Podemos le restó al PSOE la posibilidad de sacar provecho del declive del PP al depender de futuras alianzas de izquierdas.
Madrid, la capital de España, se convirtió en el gran paradigma de la inédita y trascendente disputa que han supuesto estas elecciones municipales y autonómicas para todo el país, con el nuevo clima político que se respira desde la aparición de las fuerzas emergentes de Podemos y Ciudadanos. El PP y Mariano Rajoy lo sabían y realizaron una apuesta arriesgada. El presidente de los populares llamó a La Moncloa a Esperanza Aguirre, que se había retirado de la política dos años atrás como presidenta de la Comunidad para atender a su familia y asuntos particulares, y le hizo el encargo de preservar el feudo más complicado.
Madrid también era el gran objeto de deseo de los socialistas. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, hizo un movimiento inesperado en diciembre para propiciar la candidatura del catedrático Ángel Gabilondo al frente de la Comunidad. Con esa operación nunca pensaron en ganar, pero sí en articular en torno a Gabilondo una mayoría de gobierno progresista. Ni PP ni PSOE abordaron estas elecciones con tranquilidad. Ambos partidos eran conscientes de que la irrupción de Ciudadanos y Podemos les reportaría consecuencias negativas y agitaría el mapa político.
El PP sabía que no podría mantener, tras cuatro años de gobierno y con un grado de malestar ciudadano generalizado, las cuotas de poder que alcanzó en 2011: 11 autonomías y 3.771 ayuntamientos de los 8.119 totales (45,7%). Pero confiaba en seguir ocupando la primera posición entre los partidos políticos en voto municipal en toda España (37,54% entonces y 27% ahora). Hace cuatro años el PP dejó a 10 puntos de distancia al PSOE, su principal rival, que tomó el bastón de mando en 2.300 alcaldías. Ahora queda a dos puntos. Ese duelo retorna a la década pasada, en el que los dos grandes partidos nacionales apenas se distanciaban por décimas de diferencia, pero ahora con porcentajes de voto mucho más bajos.
El clásico bipartidismo con que se han gobernado el país y sus instituciones locales estos últimos 30 años recibe un serio aviso. La cota de poder y voto de PP y PSOE sigue siendo importante matemáticamente (52% frente al 65% de hace cuatro años), pero más corregida y fragmentada que nunca. Y en este caso no por los tradicionales partidos nacionalistas sino por los emergentes. El varapalo político es mucho mayor que el estadístico.
Podemos resta al PSOE capacidad de aprovecharse del declive del PP y sitúa a los socialistas en una posición de dependencia de otras fuerzas para gobernar, al no haber sido primera fuerza política, excepto en Asturias. En Madrid, además, la candidatura de Ahora Madrid (la marca local de Podemos) dispone como cabeza de cartel de la jueza Manuela Carmena, que ha aparecido en esta campaña muy en la recta final y ha mantenido agrios duelos dialécticos, de estilo y de fondo con la popular Aguirre.
El propio PP admitía que sería “dificilísimo” seguir gobernando en Madrid y trascendían ese escenario a otras muchas capitales y grandes ciudades. Manuela Carmena compareció y vaticinó rápidamente que se produciría “una mayoría de cambio” en la capital.
El Partido Popular se prepara ya para perder cuatro mayorías absolutas (Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Madrid), tres gobiernos (Aragón, Extremadura y Baleares) y tendrá que negociar con otras fuerzas, sobre todo con Ciudadanos, futuros gobiernos de centroderecha en Castilla y León, La Rioja y Murcia. El problema para los populares y sus hipotéticos pactos es que acusaron a Ciudadanos de tener una “ambigua ideología” y por su función de “muleta, bisagra o segunda marca del PSOE”.