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El referendo con el que la oposición busca expulsar a Nicolás Maduro de la Presidencia en Venezuela se realizaría sólo en el primer trimestre del próximo año: esa es la mala noticia que recibieron los opositores de boca de Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE). Según sus estimaciones, la oposición tendrá el aval para recoger cuatro millones de firmas contra el mandato de Maduro a finales de octubre. Tras cumplir con este proceso, el CNE contará con 29 días hábiles para realizar su verificación (cerca de seis semanas). De modo que, en cuentas claras, el referendo sólo podría ser convocado a partir de las dos últimas semanas de diciembre.
La oposición, en cabeza de Henrique Capriles, gobernador del estado de Miranda, y de la mayoría legislativa en el Parlamento, pedía que el referendo se realizara en octubre. ¿Por qué? Si Nicolás Maduro es relevado del poder antes del 10 de enero de 2017, la Constitución obliga a nuevas elecciones. En ese caso, los opositores tienen una ventaja númerica, expresada justamente en las votaciones que obtuvieron para el Parlamento a finales del año pasado. Podrían no sólo desplazar a Maduro, sino también poner a un presidente de su coalición y terminar con el chavismo en los cargos públicos.
Sin embargo, el escenario que expuso la presidenta del CNE los hizo elevar una protesta general. Si el referendo se realiza el próximo año, el vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, se encargaría por mandato constitucional de terminar el período que le correspondía a Maduro.
Los opositores acusan desde hace meses al CNE de ser un órgano chavista. El grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio señaló las declaraciones de Lucena como “inaceptables” y dijo que el CNE “puede actuar con celeridad” en casos como este. Capriles afirmó que era posible realizar la consulta este año y que el 1°de septiembre los grupos de oposición saldrán a marchar para pedirlo.
De realizarse el próximo año, el futuro cercano de Venezuela no parece tener una solución certera. Por un lado, los ciudadanos deben enfrentar una escasez del 82 % de los alimentos, forzados a comprarles a los “bachaqueros” (contrabandistas) por precios en ocasiones diez veces más altos que los controlados por el Gobierno. La inflación del país en 2015 fue de 180,9 % (es decir, el dinero alcanza cada vez para menos) y el FMI proyectó un aumento a 720 % este año. El chavismo insiste en que la crisis alimentaria es una estrategia de la derecha internacional para derrocarlo. La oposición, con su mayoría holgada, ha pergeñado varios proyectos de ley encaminados a detener el chavismo y ha eludido una solución a los problemas generales.