La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) le pidió este viernes al presidente de Ecuador, Rafael Correa, que solicite una opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la compatibilidad de la nueva Ley de Comunicación con los estándares internacionales en materia de libertad de prensa y expresión.
La petición de la SIP forma parte de una carta conjunta que enviaron ayer jueves 35 organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la libertad de prensa, nucleadas en la Red Global IFEX.
En dicha carta se considera que la opinión consultiva en cuestión “podría ser decisiva para otorgar definitivamente a la Ley de Comunicación del Ecuador de una legitimidad que ahora está en duda”, a la luz de los artículos 19 y 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respectivamente.
La Ley de Comunicación entró en vigencia el 14 de julio de este año, pero se gestó en 2009 bajo los auspicios del Poder Ejecutivo con la intención de regular a los medios de comunicación.
En todo el proceso, la SIP, a través del presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Claudio Paolillo, calificó a la nueva legislación de “ley mordaza”.
Lo anterior por establecer entes gubernamentales que tienen la potestad de controlar la propiedad de los medios, imponer censura directa e intromisión en los contenidos, definir quién puede o no se periodista y crear nuevos delitos de prensa que privilegian a las autoridades y funcionarios públicos por sobre los ciudadanos.
Las opiniones consultivas a la CIDH solo pueden ser solicitadas por los estados firmantes de la Convención Americana de los Derechos Humanos.