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Los civiles, siempre los civiles, poniendo los muertos. Y Siria no es la excepción. Con el paso de los meses, el aumento de las hostilidades y el fracaso de las propuestas de paz, se ha incrementado no sólo el número de muertos y de heridos, sino la crueldad de la guerra: desde violencia sexual hasta el uso de armas químicas, pasando por el confinamiento de poblaciones, torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.
Según el Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), hay más de cuatro millones de desplazados internos (la quinta parte de toda la población siria) y casi millón y medio de refugiados. Acceder a los civiles dentro del país es difícil por la cantidad de trabas burocráticas y de controles militares, tal como lo sostiene el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). El número de muertos ya supera los 100.000.
Los refugiados sobreviven en condiciones precarias, especialmente en Turquía, Jordania y Líbano, y en este último país, además, los persigue la guerra. Según Médicos Sin Fronteras, el número de refugiados excede la capacidad instalada en los campos en Jordania, los cuales ya prácticamente no pueden recibir más.
Mucho peor es la situación de los confinados, prácticamente el resto de los civiles, atrapados en la guerra. El 25% de las personas ha perdido su trabajo, no hay acceso a los cultivos y la inflación se ha disparado. Los niños son los más desfavorecidos dentro de la población vulnerable, ya que ni sus necesidades alimentarias ni sus enfermedades son atendidas oportunamente. La deserción escolar crece al ritmo del desplazamiento, el confinamiento y el número de víctimas. Según Human Rights Watch, el ejército sirio ha atacado escuelas, interrogando y deteniendo estudiantes, incluso de corta edad. Massah Masalmah, una niña de dos años, fue detenida para presionar a su padre a que se entregara.
La violencia sexual y de género se ha ido incrementando, especialmente por los paramilitares sirios, los Shabiha, tanto en sus puestos de control —que comparte con el ejército sirio— como en sus incursiones a zonas de civiles. Las violaciones en sitios de detención son un hecho cotidiano. Pocas reconocen haber sido abusadas, pues el estigma en una sociedad mayoritariamente musulmana es una pesada carga.
El más reciente ejemplo del drama sirio es la ciudad de Al Qusair, primero tomada por los rebeldes y luego recuperada a sangre y fuego por el ejército sirio con el apoyo de Hizbolá. Esta ciudad tiene 30.000 habitantes, de los cuales un tercio ya huyó y 20.000 civiles se encuentran atrapados bajo el fuego cruzado. Un intento de evacuación de civiles terminó con 80 heridos luego de un indiscriminado ataque del ejército. Otros planes similares han fallado por el confinamiento oficial. Según fuentes de la ONU, esta semana había 1.500 heridos que debían ser evacuados.
En Al Qusair las condiciones médicas son precarias: hay escasez de medicamentos —incluyendo antibióticos—, elementos quirúrgicos y ortopédicos, no hay oxígeno para poder operar e incluso hay insuficiencia de vendajes. Los cortes de electricidad afectan todas las tareas médicas, no hay sangre disponible y el confinamiento es exorbitante.
En un informe para Radio Siria Libre, a comienzos de junio, el doctor Qasem Alzeen, médico jefe del equipo de Al Qusair, contaba cómo improvisaron hospitales en las casas de la ciudad. Decía además que “está estrictamente prohibido por el régimen traer alimentos o medicinas, incluyendo botellas de oxígeno. Lamentablemente no podemos obtener suministros médicos porque el régimen desea la muerte para todos sus oponentes (…) ofrecemos tratamiento para todos, sin importar la religión, secta u orientación política; hemos tratado tropas del régimen e incluso a combatientes de Hizbolá heridos en los combates”.
Como en otras guerras, las víctimas esperan que la llamada comunidad internacional haga algo, gritan que ni las cumbres, ni las reuniones ni las declaraciones oficiales les sirven, y lo dicen con razón. Ni la Liga Árabe, ni la Organización para la Cooperación Islámica han dado respuesta; mucho menos las Naciones Unidas. La ONU ha llamado la atención sobre la falta de recursos para atender a las víctimas y de compromiso del gobierno para facilitar el ingreso de civiles al país.
Decía el citado doctor Qasem Alzeen que “tiene poco sentido el envío de mensajes a las Naciones Unidas y la comunidad internacional, que no han logrado detener los ataques bárbaros de Hizbolá y el régimen de Al Asad. He perdido la confianza en estas organizaciones. Pensaba que sólo Israel estaba por encima del derecho internacional, pero hemos descubierto que Bashar al Asad y su régimen, Irán y Hizbolá están todos sobre el derecho internacional y el mundo no va a hacer nada para detenerlos”.
El problema es que en Siria hay muchos pueblos como Al Qusair: sin agua, comida ni electricidad. Como en otras guerras, la comunidad internacional reacciona muy tarde y con muy poco, sin entender que los problemas humanitarios no siempre requieren respuestas humanitarias sino respuestas políticas.
Preocupa, precisamente, que muchos análisis excluyen estos dramas, porque el énfasis en el ajedrez internacional o en la lucha interna por el poder niega la cotidianidad del ser humano. Reclamar por las víctimas no es un asunto menor ni ausente de un discurso político; reducir lo humanitario a un problema menor es por lo menos cuestionable. Así, los discursos de la llamada comunidad internacional sobre la “Responsabilidad de proteger” o las normas del derecho internacional humanitario pierden toda vigencia. Si agregamos la lógica de la “guerra contra el terror”, que hace de cada contradictor un enemigo militar, entonces lo humanitario se convierte en instrumento de manipulación antes que en ejemplo de solidaridad.