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Más de dos meses después de que comenzaran las redadas contra supuestos indocumentados, el Gobierno sudafricano continúa con el arresto y deportación de inmigrantes africanos en medio de una nebulosa de secretismo que impide conocer el número y la identidad de los afectados.
Las organizaciones sociales denuncian la arbitrariedad de las miles de detenciones -precedidas de controles y allanamientos de vivienda sin orden judicial-, y los atropellos sistemáticos de la legalidad y los derechos de los deportados que la opacidad de las autoridades permite.
El Gobierno sudafricano y miembros de su partido han defendido la idoneidad de estas medidas, al recordar que las razias de la Policía y el Ejército van dirigidas contra todo aquel que incumpla la ley y no sólo contra extranjeros sin documentación.
"Conocemos el caso de una persona sin nacionalidad, hijo de padres sudafricanos pero abandonado, que ha vivido toda su vida sin documentación, que fue detenido y deportado a Zimbabue", cuenta a Efe Wayne Ncube, de Abogados por los Derechos Humanos (LHR, en sus siglas en inglés).
Desde que comenzaran las redadas masivas a finales de abril -paradójicamente en el marco de una operación conjunta de la Policía y el Ejército en respuesta a la violencia por parte de locales contra inmigrantes africanos- LHR ha tratado de ofrecer asistencia legal a todos los detenidos.
La tarea ha resultado imposible, pese a la orden judicial obtenida por este colectivo en mayo para paralizar durante dos semanas todas las deportaciones hasta que los indocumentados pudieran ver a un abogado.
Ncube recuerda que no pudieron tener acceso a todos los detenidos (más de 200 en aquel momento) debido a las "tácticas de demora" y otras artimañas de las autoridades, que han continuado tras expirar la orden judicial.
"Íbamos a reunirnos con los detenidos y nos decían que estaban comiendo o que no sabían dónde estaban", recuerda Ncube, que pese a todo ha conseguido junto a sus colegas evitar la deportación sin garantías de decenas de refugiados e inmigrantes.
En varias ocasiones, los abogados descubrieron que las personas a las que no pudieron acceder habían sido deportadas al día siguiente, o durante las 48 horas de adelanto con que las autoridades les habían pedido que solicitaran ver a los supuestos indocumentados en su custodia.
El letrado relata situaciones en que personas con papeles que fueron arrestadas cuando no llevaban la documentación han sido deportadas mientras los abogados de LHR pedían a las autoridades poder facilitar los permisos de los detenidos.
En junio LHR intentó que el Tribunal Superior declarara anticonstitucional la operación policial que sirve de marco para la detención de indocumentados, pero el juez desestimó que fuera una cuestión urgente y aplazó la vista indefinidamente.
La organización trabaja ahora en una apelación, con la esperanza de evitar que más gente entre en este limbo que para muchos acaba en la deportación.
A falta de una cifra pública sobre el número de detenidos o deportados, la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos (SAHRC) recibe una notificación periódica de nuevas detenciones y planes para enviar a sus países de origen a algunos de los arrestados.
"Cada semana el Ministerio del Interior nos informa de la detención de gente que va a ser deportada. Normalmente el número de detenciones va de entre dos y diez", explica a Efe Yolisa Mfaise, de la SHRC.
Estas cifras son significativamente menores que las que se conocieron al principio de la operación contra la inmigración ilegal, cuando las batidas en zonas con un alto número de extranjeros terminaban con cientos de detenidos.
Países como Zimbabue, Malaui o Mozambique han recibido ya, cada uno de ellos, a centenares de ciudadanos deportados, lo que elevaría el número total de expulsados del país austral a varios miles.
Los inmigrantes son devueltos a sus países en autobús, tren o avión, dependiendo de su ubicación geográfica.
Las detenciones y deportaciones masivas comenzaron justo después de la ola de violencia xenófoba contra esos mismos inmigrantes, que causó siete muertos y miles de desplazados, y provocó la marcha de Sudáfrica de más de 5.000 personas.
El Gobierno sudafricano ha sido acusado desde la sociedad civil de utilizar el estallido xenófobo como excusa para deshacerse de los inmigrantes ilegales.