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La agenda de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Bogotá fue bastante apretada. Se iban a tocar cinco puntos que incluían la cooperación entre los dos países en la gestión de riesgos y asistencia humanitaria, deportes y equidad de géneros, sin embargo, los temas más transcendentales y de resolución urgente fueron el control de las migraciones de delincuentes y la firma de un renovado tratado de extradición.
Según informó el diario La Nación de Argentina, fruto de este encuentro será la creación de una nueva plataforma digital con la que se podrá comprobar al instante la identidad y los antecedentes de viajeros y migrantes que se desplacen entre las dos naciones. “Tenemos el plan de que en 30 días podamos contar en los puestos de migraciones con una plataforma online de ingreso y egreso de personas. Estamos aquí para homologar esos instrumentos y tener información de manera simultánea, concreta y precisa para agudizar nuestra lucha contra el narcotráfico”, aseguró la presidenta Fernández.
Los recurrentes hechos delictivos cometidos por colombianos en el país austral, así como la captura de varios jefes del narcotráfico que estaban llevando a cabo actividades ilegales en tierras argentinas, precipitaron el encuentro de los mandatarios. De acuerdo con el diario Cronista de Argentina, los dos casos más recientes y sonados de narcos capturados son el de Henry de Jesús López Londoño, alias Mi Sangre, en octubre de 2012, y el de Ignacio Álvarez Meyendorff, en julio de este año.
En cuanto a delitos, se decidió generar un acuerdo para prevenirlos e investigarlos de manera conjunta. Por medio de un plan de trabajo, al que se hará seguimiento anual, las autoridades de seguridad de cada país coordinarán acciones encaminadas a controlar la trata de personas, así como se desarrollarán mecanismos para brindar asistencia y protección a las víctimas.
Por otra parte, en lo que a extradición se refiere, se firmó un nuevo acuerdo que, de conformidad con ambas constituciones, reglamenta cada uno de los procedimientos para el trato de los delincuentes apresados en tierra foránea.
Era imperativo celebrar un nuevo convenio entre las dos naciones, ya que hasta ahora la única ley en vigor sobre esa materia era un pacto que se había firmado en la Séptima Conferencia Internacional Americana, realizada en Montevideo en 1933, el cual funcionaba como marco para la colaboración judicial entre los estados del continente americano.