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Desde que en diciembre el Congreso estadounidense flexibilizó una ley que ponía demasiadas trabas a la administración de Barack Obama para liberar a personas inocentes que permanecen encerradas en la base naval de Guantánamo, la Casa Blanca busca países que abran sus puertas a estos detenidos para que puedan rehacer sus vidas.
Uruguay saltó a la luz desde que su presidente, José Mujica, anunció que recibiría a un grupo de estos detenidos en su país, en calidad de refugiados y como hombres libres. Este anuncio levantó una fuerte controversia, que ha terminado por demostrar no sólo el poco conocimiento sobre lo que acontece en un centro de detención tan mediático como Guantánamo, sino el alto grado de estigmatización que sufren quienes han estado detenidos allí de manera injusta.
El líder de la oposición y precandidato presidencial del Partido Nacional uruguayo, Jorge Larrañaga, afirmó que “aceptar presos de Guantánamo es aceptar el régimen de Guantánamo, sin tratado internacional ni habilitación del Parlamento”. Representantes de la comunidad judía en Uruguay se reunieron con la embajadora de EE.UU. en ese país, Julissa Reynoso, para expresarle su “preocupación” y solicitarle que los detenidos sean enviados a sus países de origen. El presidente del Comité Israelita de Uruguay, Sergio Gorzy, dijo que requería saber más sobre una persona que fue apresada “en un campo de entrenamiento de terroristas, cuyo objetivo explícito es cualquier institución judía en el lugar del mundo que sea”, y que “después de 12 años de ser maltratada puede estar un poco más enojada”.
Si bien en cualquier país es necesario un estudio de seguridad antes de recibir a un detenido de Guantánamo, estas preocupaciones son en su mayoría infundadas. Francisco Quintana, abogado del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), explica que de los 154 detenidos que se mantienen hoy en Guantánamo, a por lo menos 76 de ellos, agencias de seguridad estadounidenses les han revisado sus casos y han determinado que no hay ningún elemento por el cual se pueda justificar su detención. “Muchos de ellos son inocentes que fueron vendidos por una suma irrisoria, por parte de grupos armados, al gobierno de EE.UU. Esos cinco detenidos que podrían ser liberados a Uruguay pertenecen a ese grupo”.
Maria McFarlan, directora adjunta para EE.UU. de Human Rights Watch, reitera que se trata de personas que nunca debieron ser detenidas. “Cuando EE.UU. empezó a llevar gente a Guantánamo (en una época hubo más de 800), muchos eran llevados porque estaban cerca de un lugar de batalla, porque estaban en el lugar equivocado, pero no porque se supiera que estaban involucrados en alguna actividad criminal o terrorista. De eso no hay prueba alguna. Así que es muy triste que, por la estigmatización generada por esa misma injusticia, se les continúe negando la libertad”.
Entonces, lejos de ser terroristas y representar un peligro, se trata más bien de víctimas. Personas que, aunque hace más de una década les fue aprobada su liberación, siguen tras las rejas. Son precisamente estas injusticias, entre otras, las que han hecho de Guantánamo un referente de las violaciones sistemáticas a los DD.HH. en el mundo. El propio Mujica ha dicho: “No nos podemos hacer los distraídos ante la formidable tragedia de gente que lleva 12 o 13 años sin comunicación con el mundo y detenida sin causa probada, ni haber visto un fiscal o un juez. Sin ningún tipo de garantía. Esta es una vergüenza humana”.
El ministro del Interior uruguayo, Eduardo Bonomi, explicó que su país verificó los antecedentes de los detenidos y comprobó que “no existe riesgo o peligro alguno que habilite la implementación de cuidados especiales”. También señaló que los prisioneros que lleguen al país serán hombres libres, se les dará el estatuto de refugiados y podrán salir de Uruguay “siempre y cuando tengan la autorización correspondiente”. El gobierno les aportará trabajo, aprendizaje del español y todo lo necesario para su integración social.
Algunos medios han publicado las supuestas identidades de quienes serían trasladados a Uruguay, con información que los relaciona a Al Qaeda y los caracteriza como expertos en manejo de armas y operaciones suicidas. No obstante, esta información no ha sido confirmada por ninguna fuente oficial. Quintana explica que “los acuerdos de transferencia se manejan al más alto nivel y con máxima confidencialidad. Ni siquiera las organizaciones que defendemos a los detenidos sabemos sobre estas negociaciones, por lo cual es muy poco probable que se sepa su identidad antes de su transferencia”.
Si se tratara de terroristas o potenciales criminales , EE.UU. no permitiría su transferencia a un tercer país. McFarland explica que en Guantánamo “hay alrededor de 40 detenidos que EE.UU. decidió retener indefinidamente sin juzgarlos, sin determinación de sus delitos. Hay otros siete que actualmente están siendo juzgados en comisiones militares, donde realmente no tienen las mínimas garantías al debido proceso que tendrían en una corte en EE.UU. Los que tienen su liberación aprobada son los que pueden ser llevados a un tercer país”.
Uruguay no sería el primer Estado que recibiría detenidos de Guantánamo. Según informes del New York Times y del Centro de Derechos Constitucionales de EE.UU., hay al menos 52 estados que lo han hecho (ver infografía arriba). En Latinoamérica, El Salvador es hasta ahora el único que recibió a dos detenidos, el 19 de abril de 2012: Abdul Razak y Ahmed Mohamed, ambos ciudadanos chinos cuya liberación estaba aprobada desde 2010, según el Times.
La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia anunció que al país también llegó la solicitud global de la Casa Blanca de recibir detenidos, pero aclaró que esa petición no ha sido aún estudiada. En todo caso se dispararon las reacciones, muy similares a las de Uruguay. Por ejemplo, la candidata presidencial Marta Lucía Ramírez dijo a otros medios que “Colombia no puede correr el riesgo de que ellos (los detenidos) tengan vinculaciones con grupos terroristas, islamistas, extremistas, debemos tener cuidado y evitar que lleguen refuerzos a los terroristas que ya operan en nuestro país”. El senador Juan Lozano se preguntó: “¿A quién le cabe en la cabeza que Colombia vaya a recibir presos de Guantánamo, cuando no somos capaces ni siquiera de atender presos colombianos? … el solo hecho de abrir la posibilidad de recibir presos extranjeros en las cárceles colombianas es una equivocación garrafal”.
Primero, las agencias de seguridad e inteligencia estadounidenses ya hicieron el meticuloso estudio para garantizar que los detenidos no representan peligro alguno. Segundo, no está claro que quienes sean transferidos hayan sido sentenciados y deban llegar a una prisión colombiana. Lo más probable es que se trate de personas inocentes cuya liberación ha sido aprobada y, por lo tanto, deberían llegar para rehacer su vida en libertad. Trasladarlas de Guantánamo a una cárcel colombiana convertiría a Colombia en cómplice de la detención indefinida a la que han estado sometidas ilegalmente. La idea de llevarlas a un tercer país es liberarlas.
Washington ha extendido el pedido para que otros países acepten a los detenidos desde que el Congreso flexibilizó en diciembre del año pasado la Legislación de Defensa Nacional, que desde 2011 tenía maniatado al poder ejecutivo para decidir sobre el traslado de personas fuera de Guantánamo. Ahora está en manos de Obama acelerar el proceso e intentar cumplir con la promesa de cerrar el centro de detención, que hizo desde su primer período presidencial.
¿Por qué no enviar a los detenidos a sus países de origen, como lo solicita la comunidad judía en Uruguay? Existe un principio en el derecho internacional conocido como el non refoulment —no devolución—, según el cual no se puede enviar a una persona a un país donde pueda ser sometida a persecución, tortura u otros malos tratos. Quintana explica que, debido a la misma estigmatización que produce estar en Guantánamo, y también a las condiciones étnicas y religiosas de los detenidos, hay varios que corren estos riesgos. No obstante, añade que el gobierno estadounidense, sin consultarlos, ha enviado a varios a sus países de origen.
Ese es el caso de Djamel Ameziane, aunque también de otros que han sido enviados de vuelta a su natal Argelia. Ameziane es representado por el Cejil en un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (el primer organismo internacional que ordenó el cierre de Guantánamo), sus abogados explican que él temía ser perseguido en Argelia por pertenecer a la etnia minoritaria bereber, así que huyó de su país a principios de los 90 y vivió y trabajó legalmente en Viena hasta que en 1995 el gobierno austriaco no le renovó la visa. Luego fue a Montreal en busca de asilo, pero después de cinco años no lo consiguió. “Huyó a Afganistán en 2001 y tras la invasión de EE.UU. a ese país, huyó hacia Pakistán, pero fue capturado y vendido por paquistaníes a las fuerzas armadas estadounidenses, que lo enviaron a Guantánamo en febrero de 2002”.
A Ameziane nunca se le imputaron cargos, en 2008 el gobierno estadounidense admitió que tenerlo tras las rejas no cumplía ningún propósito militar y aprobó su traslado. El 5 de diciembre de 2013 fue llevado de manera forzada a Argelia, el país del que había huido para proteger su vida.
Debido al riesgo que corren algunos detenidos al ser enviados a sus países de origen, lo ideal para Obama es que otras naciones los reciban. Quintana explica que esto depende simplemente de la voluntad de los estados, porque no se trata de un pedido vinculante ni hay un tratado que obligue a recibirlos.
McFarlan, quien antes fue encargada para Colombia de Human Rights Watch, añade que para poder acabar con la injusticia de la detención indefinida en Guantánamo, es esencial que otros países acepten a los detenidos que EE.UU. no piensa enjuiciar. “Uruguay ahora está poniendo un buen ejemplo al ofrecerse a recibir algunos, y ojalá otros países de la región, como Colombia, se abran a esa posibilidad”.
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@DanielSalgar1