El líder opositor venezolano Henrique Capriles Radonski pidió a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que den una respuesta al “conflicto constitucional” que vive el país en torno a la toma de posesión prevista para mañana del presidente Hugo Chávez, quien está hospitalizado en Cuba. “Yo no sé qué están esperando los magistrados del TSJ. En Venezuela en este momento se plantea un conflicto sin duda alguna constitucional. Tiene que haber una respuesta de la institucionalidad frente a ese conflicto”, aseguró Capriles Radonski.
Dos peticiones de interpretación del artículo 231 de la Constitución han sido interpuestas ante la Sala Constitucional del Tribunal, que según el oficialismo, ya está trabajando en eso y se pronunciará pronto. Sin embargo, la oposición denuncia que es un organismo cooptado por el chavismo. “El TSJ es una sucursal del partido de gobierno, aquí no hay división de poderes. El poder judicial está subordinado políticamente al partido de gobierno”, dijo el diputado opositor Julio Borges poco después de la sesión de la Asamblea Nacional del pasado 5 de enero.
Este Tribunal, compuesto por 7 salas, nació el 5 de septiembre de 1999, días después de que la Asamblea Nacional Constituyente eliminara la Corte Suprema de Justicia. Cada sala tiene cinco magistrados, excepto la Sala Constitucional, que tiene siete, elegidos mediante votación por la Asamblea Nacional, de mayoría chavista. Explican abogados constitucionalistas consultados por este diario que los magistrados son nombrados por una mayoría calificada de la Asamblea Nacional y tienen duración muy larga, 12 años. La mayoría de los que quedan fueron nombrados en período chavista y esa es su tendencia. “La Sala Constitucional tiene casi 10 años sin dar un solo fallo en contra del Ejecutivo”, señalan.
Según el acta de creación, “es el máximo órgano del sistema judicial de Venezuela. Como tal, el Tribunal Supremo es la cabeza del Poder Judicial de la República Bolivariana de Venezuela. Le corresponde defender el orden establecido por la Constitución de Venezuela, mantener el equilibrio entre los diversos poderes y órganos de gobierno y solucionar de modo definitivo asuntos judiciales de gran relevancia social, mediante resoluciones jurisdiccionales. Por lo anterior, y al tratarse del principal y más alto tribunal de naturaleza constitucional, no existe órgano ni autoridad que se encuentre sobre ella o recurso judicial que pueda interponerse en contra de sus decisiones”.
Su actual presidenta, la magistrada Luisa Estella Morales, quien además preside la Sala Constitucional del mismo órgano, actuó como ponente de la interpretación del artículo 231. Morales es señalada, según reposa en dos Gacetas Oficiales, de haber sido destituida en dos ocasiones. La primera, en 1989 por la alteración de actas y otra en 2003, como responsable de ilícitos disciplinarios.
Una denuncia de Blanca Mármol, exmagistrada de ese Tribunal, asegura que Morales promovió la expulsión de varios magistrados que no estaban a favor del oficialismo. “El motor de esa decisión fue la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales, quien estaría propiciando decisiones unánimes en el organismo de cara a los procesos que se avecinan, como el nombramiento de una junta médica para analizar la situación de la salud del mandatario y la posibilidad de que asuma o no un nuevo período presidencial”, denunció Mármol en Globovisión.
Morales parece ya haber tomado una decisión sobre el dilema constitucional. El lunes adelantó una opinión que dejó entrever que apelarán a la continuidad —que es la tesis del oficialismo—. El 20 de diciembre dijo: “Frente a la coyuntura —no del nuevo presidente, porque no es el nuevo, es el mismo presidente y aquí hay un hecho muy importante, que es la continuidad por la reelección del presidente—, la Sala Constitucional esperará resolver cualquier asunto que tenga que ver con su competencia”.