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El Tribunal Supremo venezolano (TSJ) convalidó la extensión de una emergencia económica decretada por el presidente Nicolás Maduro, que había sido rechazada más temprano por el Parlamento, dominado por la oposición.
La Sala Constitucional, la de más jerarquía en el TSJ, determinó "la constitucionalidad" de un decreto presidencial dictado el 11 de marzo, mediante el cual se "prorroga por sesenta (60) días" el plazo establecido en el decreto de emergencia económica del 14 de enero, que declaró "el estado de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional".
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), cuya bancada domina dos tercios del legislativo, había fundamentado su rechazo al decreto de Maduro en que "la mayoría de las medidas contempladas en el decreto no requieren de la declaración de un estado de emergencia económica, por lo que carece de justificación la prórroga".
Al respecto Maduro dijo que es "lamentable la decisión de la Asamblea Nacional de ponerse de espaldas al país una vez más. Lo rechazo totalmente, lo repudio".
El bloque opositor ya había usado un argumento similar al negar la convalidación de la emergencia hace algunas semanas, pero el 11 de febrero el TSJ -acusado por la MUD de servir al gobierno chavista- la dejó en firme.
El tribunal adujo que el control legislativo sobre los estados de excepción no afecta su "legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica".
A raíz del primer fallo, la oposición decidió acelerar su estrategia para anticipar la salida del poder de Maduro mediante un referendo revocatorio y una enmienda constitucional que acorte el mandato, junto con movilizaciones que exijan su renuncia.
Venezuela sufrió un retroceso de 5,7% en su economía y una inflación de 180,9% en 2015, mientras que hay escasez de más de dos tercios de los rubros básicos, circunstancia agravada por la debacle de los precios del crudo, que provee 96% de las divisas al país.