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Cuando los jueces del tribunal militar de Bangkok suspendieron la vista del juicio a un escritor acusado de lesa majestad, el abogado y activista, Anon Nampa, se quitó la toga y compareció ante el fiscal castrense para declarar como imputado.
Lo hacía por haber participado en febrero en un simulacro de votación en la calle para reivindicar la democracia y recordar las "elecciones robadas" un año antes, anuladas por la justicia poco antes del golpe de Estado.
Fue un acto de desobediencia a la junta militar, que tras la asonada prohibió cualquier acto público de carácter político, y que según el fiscal uniformado constituye un delito: el pasado jueves el letrado ingresó en prisión.
La junta militar, que justificó el golpe en aras de la reconciliación nacional y para "devolver la felicidad" a los tailandeses, sigue un año después sin tolerar protestas contra su usurpación del poder por simbólicas y pacíficas que sean.
Acciones como comer bocadillos o leer la novela "1984" en público han llevado a la detención de al menos 166 activistas, muchos de ellos retenidos durante días en bases militares en lo que la junta disfraza como un "ajuste de actitud".
Los detenidos solo son liberados tras firmar una declaración en la que se comprometen a renunciar a cualquier actividad de oposición política, ante la amenaza de vérselas con un tribunal militar, donde las penas son más severas y las garantías procesales más exiguas.
"Los militares utilizan la justicia (militar) para impedir que surja un movimiento político opositor (...) Buscan sentencias más duras para evitar que otros hagan lo mismo", dijo a Efe Anon, que salió en libertad horas después tras pagar una fianza.
Una de las primeras decisiones de la junta tras tomar el poder fue derivar al tribunal militar todos los casos considerados como una amenaza a la seguridad nacional, incluidas las ofensas a la monarquía y la desobediencia de sus órdenes.
En total 124 civiles han sido procesados por esta instancia militar en los últimos doce meses en los que 68 personas han sido puestas entre rejas por razones políticas, según el recuento de la organización iLaw.
La organización Abogados de Tailandia para los Derechos Humanos, a la que pertenece Anon, denuncia la "falta de imparcialidad de los jueces militares", algunos de los cuales, sin formación como jurista.
"Los militares interfieren en todos los pasos del proceso judicial, desde el arresto a la acusación y sentencia en cortes militares", denunciaron los letrados en un informe cuya presentación la semana pasada fue prohibida por la junta.
"El juez, como militar, es un subordinado del ministerio de Defensa, que es la parte demandante. Su imparcialidad está bajo sospecha", añade Anon.
Los abogados exigen que no se procesa a civiles en tribunales militares donde, según Anon, él y su equipo han sido increpados como "abogados de ladrones" y amenazados con ser citados a un "ajuste de actitud" por parte de oficiales.
La peor parte se la llevan los acusados por el artículo 112 del código penal, el que regula las ofensas a la monarquía, y por el que han sido acusadas 67 personas en el último año, frente a las 46 que lo fueron entre 2010 y 2014.
El traspaso a la jurisdicción militar ha supuesto un endurecimiento de las penas -con condenas de 9,5 años de cárcel por este cargo frente a los 4,4 que de media imponían los tribunales civiles- pero también una mayor indefensión.
Los abogados tienen prohibido tomar notas durante las vistas, que se celebran a puerta cerrada, y se les niega una copia de la transcripción, que deben copiar a mano antes de salir de la sala.
Mientras fue vigente la ley marcial los acusados, a los que se les niega sistemáticamente la libertad bajo fianza, no podían apelar a la sentencia, lo que llevó a muchos de ellos a admitir su culpabilidad para lograr una reducción de la pena.
A ello de momento se ha resistido el cliente de Anon, el columnista y poeta Sirapop Kornarut, en prisión preventiva desde que fuera detenido el año pasado cuando intentaba huir a Laos tras el golpe.
Su hijo, Kittipon, denuncia el maltrato que sufren los acusados por lesa majestad en prisión, donde se los somete a aislamiento y se les limita el régimen de visitas.
"Hay más burocracia para entrar y a veces solo dejan pasar a personas del mismo apellido. Así, no dejan que le visite su mujer", asegura a Efe el joven.
Los abogados denuncian que desde el golpe el artículo 112, la ley marcial y las órdenes de la junta han sido utilizados para restringir la libertad de expresión, en especial de aquellos "cuyas ideas no están en línea con las del Ejército o la junta".
"Al proceso judicial le falta independencia e imparcialidad. Es un proceso judicial camuflado, que ni persigue a los verdaderos culpables ni lleva a la resolución del conflicto crónico en la sociedad tailandesa", concluyen.