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El espectro alcanza todos los estamentos de la sociedad española: más de 170 condenados, 1.900 imputados y las implicaciones pertinentes para una economía ya de por sí inestable. Es la corrupción, ese mal que plaga a todas las sociedades en alguna forma. Pero en España han salido tantos escándalos a la luz en los últimos años que es difícil plantear un análisis de ellas en su conjunto. Si tomamos una fotografía de lo más destacado en los dos últimos meses, ya se puede crear una imagen clara de lo que puede ocupar el corazón y la conversación de los españoles, desde el palacio presidencial de La Moncloa hasta una tertulia de jóvenes profesionales, algunos desempleados, en un bar madrileño.
“¡Se va Ana Mato!”, anuncia un mensaje de texto sobre la ministra de Sanidad española en los celulares de un grupo de amigos en plena tertulia en un local de la capital española. “Tenía que llegar, ya había sonado su nombre en otros escándalos. Pero con el ébola... Ahí ya perdió toda credibilidad”, explica Alicia Gómez, becaria de una institución intergubernamental. Se refiere al reciente caso de la enfermera que se contagió con el virus que vino de África tras tratar a un cura misionero repatriado a España. Al sentir que los recortes y la irresponsabilidad del Ministerio de Sanidad sobre el ébola habían desembocado en un serio riesgo para los madrileños, miembros de partidos políticos y la sociedad civil clamaron por su dimisión.
Ella, como acostumbraba el gabinete de Rajoy a reaccionar ante las peticiones de dimisión, hizo caso omiso. Pero Mariano Rajoy, quien veía que la asociación con Mato podría incluso costarle el puesto, debió pedirle su renuncia. Un día después, el jefe del gobierno español pidió el respaldo de todos los partidos políticos a una batería de medidas contra la corrupción, en una inhabitual comparecencia parlamentaria. Mato había sido imputada en uno de los casos más grandes e insignia en estos momentos de la corrupción española: la trama Gürtel, una red de corrupción política vinculada al gobernante Partido Popular (PP).
A grandes rasgos, involucra al empresario Francisco Correa (gürtel en alemán) y tres hombres de su confianza, quienes establecieron un supuesto conglomerado de negocios para lucrarse con fondos públicos, cobrando importantes porciones de los presupuestos de ayuntamientos y comunidades autónomas, entre ellas las de Madrid, la Valenciana y Galicia, a la vez que se saltaban prohibiciones legales en temas urbanísticos y medioambientales perjudiciales para sus negocios. La trama le ha costado el puesto a tres alcaldes, una concejal, un consejero de la Comunidad de Madrid, un diputado, un director general de Ayuntamiento, dos cargos de confianza de la cúpula del Gobierno y el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, todos del PP.
Este hombre es el eje sobre el que gira otro de los grandes escándalos de corrupción del país, conocido en 2013 cuando el periódico El Mundo publicó que Bárcenas, entonces tesorero del Partido Popular, habría pagado sobresueldos en dinero negro por importes que irían de los 5.000 a los 15.000 euros mensuales a altos cargos de su partido. Otro informe de El País mostraba una supuesta contabilidad del extesorero del PP, donde detallaba minuciosamente movimientos de caja desde 1990 hasta 2009. Con su puño y letra implica directamente a políticos y empresarios, incluyendo al presidente. El PP niega la veracidad de dicha contabilidad.
“Pero no es sólo el PP, ¿eh?”, explica Arturo Vicente, analista político de una consultora multinacional. “Son pocas las fuerzas políticas que han accedido a órganos de poder y no se hayan visto envueltas en corrupción. La oposición, el PSOE (Partido Socialista), tiene el caso de los ERE (Expedientes de Regulación de Empleo irregulares en la Junta de Andalucía), por ejemplo”. En este caso, el hilo del que empezó a tirar para descubrir el expolio de fondos públicos fue una grabación publicada en 2009 por el periódico ABC.
La juez Mercedes Alaya inició a principios de 2011 un roceso que acumula más de 150 imputados y que ha provocado la dimisión, por primera vez en la historia, de un presidente andaluz, José Antonio Griñán. La investigación reveló el cobro de comisiones a cambio de subvenciones de la Junta de Andalucía. Apenas la punta del iceberg de un gran escándalo que investiga el destino de un fondo de la Consejería de Empleo que repartió 721 millones de euros de forma supuestamente arbitraria entre una legión de empresas, prejubilados, sindicatos y abogados.
Hasta Cataluña, la cuna del orgullo nacionalista e independentista, se ha visto salpicada por la corrupción. El prócer de este orgullo catalán es Jordi Pujol, “el incorruptible” (como se le había tildado) y quien fuera presidente de Cataluña durante 23 años. “Se podría decir Cataluña está hecha un poco a imagen y semejanza de él”, aclara Gemma Reus, consultora de gobiernos locales y catalana asistente a la tertulia. “Por eso fue tan traumático cuando salió a la luz que Pujol no era tan incorruptible”.
El 25 de julio de este año, Pujol reconoció en un comunicado haber ocultado a la Hacienda Pública durante 34 años “un dinero ubicado en el extranjero”, según sus afirmaciones, procedente de una herencia de su padre. En ese comunicado, Pujol lamentaba no haber encontrado nunca el “momento adecuado” para la regularización de esas cantidades y pedía perdón a la opinión pública. La confesión generó gran controversia política e implicó a sus siete hijos (uno de ellos, Oriol Pujol, tuvo que dimitir como diputado de la Asamblea catalana) y su esposa y deja temblando a su partido, Convergènça i Unió, el cual sigue al frente del gobierno catalán.
“Es la corrupción en España”, dice Alejandro Grosso, empresario español andaluz. “No es de extrañar que la gente busque desenfrenadamente algo nuevo que articule su frustración con el sistema”. Pablo Iglesias y su partido Podemos es ese algo que hoy capta la atención por su inesperada victoria en las elecciones al Parlamento Europeo el pasado mayo, cuando obtuvo cinco escaños, el 7,96% del voto español.
Hoy, Podemos supone una amenaza para los partidos tradicionales, que se enfrentarán en las elecciones municipales, comunitarias y nacionales el próximo año. Su fuerza quedó demostrada el fin de semana cuando miles de españoles salieron a las calles para protestar por la corrupción de la clase política. Bajo el lema “Pan, trabajo, techo y dignidad”, miles de personas marcharon en varias ciudades de España, denunciando la austeridad y la corrupción en un país aún asfixiado por el desempleo y la pobreza tras seis años de crisis.