Un mes pasado por sangre en Sao Paulo

Las acciones criminales han ido desde el sicariato hasta el incendio de buses. / EFE

Al parecer, capos del narcotráfico ordenan una ofensiva desde la cárcel.

Los índices de violencia en Sao Paulo, la capital comercial de Brasil, completan un mes de ascenso desmesurado para desgracia de la gente y de las casi 240 personas que han sido asesinadas desde octubre. Sólo el fin de semana se registraron 15 homicidios y 24 heridos por tiroteos y paseos de sicarios portando pasamontañas. Lo números actuales contrastan con los índices de 2011, que le asignaron a esa ciudad una tasa de 10,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más baja de todo el país.

Algo está ocurriendo y las autoridades trabajan para solucionarlo. El incremento en las muertes, principalmente ocurridas en los barrios periféricos de la ciudad, se intensificó después de las elecciones municipales, que otorgaron la alcaldía de la ciudad a Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (el partido de la presidenta Dilma Rousseff). No obstante, el aumento desmesurado ya había comenzado desde antes de los comicios y hoy las autoridades sospechan de que se trate de una retaliación del llamado Primer Comando de la Capital (PCC) a una serie de operativos policiales destinados a desarticular las actividades del narcotráfico en la región.

Lo llamativo del asunto, es que la mayoría de las cabecillas del PCC -una organización con ideario político fundada por los narcotraficantes presos más poderosos de la ciudad- permanecen tras las rejas, desde donde estarían operando. El PCC ya se había hecho conocido en 2006, cuando con una ofensiva de asesinatos similar a la actual, pretendían llamar la atención del Estado acerca sus alcances y del poder de sus estructuras criminales sobre el terreno a pesar de las condenas contra sus líderes. Era una suerte de maniobra para presionar por sus intereses desde los centros penales.

En esta oportunidad, la situación es tan grave que por orden del gobierno federal, encabezado por Dilma Rousseff, las autoridades procedieron a trasladar a los miembros del PCC a diferentes cárceles en diferentes regiones fuera de Sao Paulo. Además, el ministro de Justicia de la nación, José Eduardo Cardozo, visitó el estado de Sao Paulo y se reunió con el gobernador, Geraldo Alkmin. El propósito de encuentro fue el de definir los lineamientos para crear una nueva agencia especial para paliar la situación violenta de la región.

Algunos líderes de la Iglesia Católica en Sao Paulo, han culpado al gobierno Federal de haber descuidado los controles de seguridad en la zona, al tiempo que diversos grupos comunales de los barrios afectados han denunciado que en sus barrios hay establecidos toques de queda para la población. Dentro de las víctimas de las matanzas han llegado a haber menores de edad de hasta 14 años.