:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/xaaCtUUsQKJJ0dx9JvoHqEyvXfc=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/YYM74MCYQZGTDFK3XONXVJ6DSY.jpg)
La canciller colombiana, María Ángela Holguín, acompañada por dirigentes políticos de San Andrés y Providencia y abogados expertos en derecho internacional, expuso ayer ante el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, las “inconsistencias jurídicas” que según el Gobierno colombiano se encuentran en el fallo que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió el 19 de noviembre y con el cual entregó a Nicaragua cerca de 75 mil kilómetros cuadrados de mar antes pertenecientes a Colombia.
Después de la denuncia del pacto de Bogotá por parte del Estado colombiano y las conversaciones en las que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, le aseguró a su homólogo colombiano que no tomaría medidas que amenacen la subsistencia económica y alimenticia de la población raizal del archipiélago, la presentación de ayer ante la ONU es el tercer paso que da Colombia después del fallo.
Joaquín Polo, integrante del equipo de abogados contratados por el Gobierno colombiano para examinar el fallo, explicó a El Espectador que “lo que Colombia quiso con esta reunión fue transmitir el mensaje de preocupación del pueblo del archipiélago de San Andrés y del Gobierno a raíz del fallo. Hacer notar que la sentencia desconoció la unidad del archipiélago de San Andrés y su tradición histórica. La presencia de Colombia en el Caribe nunca fue fruto de improvisación, no es un recién llegado sino un protagonista y los antecedentes históricos vienen desde la época colonial”.
Además de dejar un mensaje de inconformidad por parte de Colombia, la exposición de las “inconsistencias jurídicas” no supone en modo alguno que el fallo de la CIJ, principal órgano judicial de Naciones Unidas, pueda ser cambiado. Mauricio Jaramillo Jassir, internacionalista de la Universidad del Rosario, dijo a este diario que Colombia no va a obtener nada en concreto con presentar tales consideraciones. “Se trata más bien de un gesto simbólico que se suma a la denuncia del Pacto de Bogotá. El gesto consiste en desaprobar lo decidido por la CIJ y mostrar el desacuerdo. Ahora bien, no existe la posibilidad de que la ONU, ni siquiera por la vía del Consejo de Seguridad, modifique el fallo”, asegura.
Al Gobierno colombiano todavía le queda un camino largo para definir sus acciones respecto al fallo. Según Polo, “después de este encuentro seguiremos trabajando en la tarea de explorar las opciones legales que tendría el Estado colombiano. Es importante que la gente sepa que el país no está cruzado de brazos con este asunto”. Los expertos contratados por el Gobierno analizan los recursos que se podrían presentar ante La Haya según el derecho internacional.
La única salida diplomática a primera vista, a la que ya apuntó el presidente Juan Manual Santos, es entrar a negociar con Managua la firma de acuerdos pesqueros que protejan los derechos de los pescadores artesanales y eviten mayores pérdidas económicas para los industriales. Sin embargo, dice Jaramillo, en estas negociaciones “quien dispone de más opciones es Managua, que puede presionar a los vecinos o puede acudir al Consejo de Seguridad de la ONU, pero Colombia no dispone de otras salidas”.