Un "ping pong" humano

 

El Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur) calcula que son cerca de 53.000 personas las que escaparon en 2014 en un peligroso viaje que, generalmente, acaba con la muerte en el mar o en manos de traficantes. La mayoría son bengalíes y rohingyas, que escapan de la “persecución institucionalizada” y de “delitos atroces” que sufren en el estado de Rakhine, en el oeste de Birmania, país que no les da nacionalidad, a pesar de que llevan generaciones viviendo en ese territorio, pero a quienes se les clasifica como “ilegales”.

 

Según la Organización Nacional Ronhingya de Arrakan, “los musulmanes rohingya de Arakan están desesperados y por eso aceptan un viaje peligroso a otros países de la región en busca de refugio”. En promedio, una banda de traficantes cobra entre 100 y 200 dólares por un pasaje para abordar una lancha. La promesa: trabajo y esperanza para personas que viven con menos de dos dólares al día.

 

Hasta ahora han sido rescatados dos mil inmigrantes que estaban a la deriva en el mar del sudeste asiático. Este viernes fueron rescatados otros 700 que, tras el naufragio de su barco fueron rescatados por pescadores en las costas de la provincia de Aceh, en el noroeste de Indonesia. Su barco había sido rechazado ante las costas de Malasia, habitual destino de estos migrantes.

 

Estas personas llevaban más de dos meses en altamar en un “ping pong” humano al que los someten los gobiernos de Indonesia, Malasia y Tailandia que anunciaron que no recibirán más inmigrantes. 

 

 

La situación es compleja, pues varios gobiernos ya anunciaron que no darán su brazo a torcer y que regresarán a los barcos que lleguen a sus costas al mar. Tal como pasó con una embarcación cargada con 300 ilegales, entre ellos muchos niños y mujeres, que fueron rechazados por las autoridades tailandesas. Los inmigrantes llevaban dos meses en altamar y lloraban por agua y comida. Después de proveerlos con víveres y agua, las autoridades los obligaron a regresar al mar.

 

Sin embargo, antes contaron su odisea. “No tenemos nada que comer, no hay ningún lugar donde dormir. Mis hijos están enfermos”, se quejaba Sajiad, de 27 años y madre de cuatro hijos. El barco tenía como destino Malasia pero el gobernador provincial de Satun, Dejrat Limsiri, le pidió seguir su rumbo hacia Indonesia. “Les dimos comida, están fuera del territorio”, aseguró. 

 

La cooperación regional parece complicarse ya que Birmania, país de mayoría budista que rehúsa dar la ciudadanía a los rohingya, dijo que no asistiría a la cumbre regional para hablar del tema migratorio. “Es poco probable que asistamos pues lo hacen para que aliviemos la presión de los que están enfrentados”, precisó la presidencia birmana.

 

El alto comisionado de Naciones Unidas se declaró “consternado con esa política de rechazar barcos”, pues condena a personas a muerte en vez de evitarlas. Human Right Watch advirtió que “el mundo juzgará a estos gobiernos por la forma en que tratan a los hombres, mujeres y niños más vulnerables. Dejen de jugar este ping-pong humano, por favor”.

 

 

Las redes de traficantes prosperan desde hace años en el sudeste asiático. Especialmente se nutren de personas de Bangladesh y Birmania. Primero contactan a la gente y les prometen que por mil dólares, en promedio, a otros les piden menos, les ayudan a llegar a otro país y les darán trabajo. La mayoría les cree y consiguen el dinero. Una vez se los entregan son embarcados en precarias naves con rumbo hacia Tailandia. Una vez allí, los traficantes recogen los frutos de su negocio. Dejan a cientos en campos de trabajo forzado durante meses y luego los envían a una travesía a mar abierto, con destino incierto.

 

Según los grupos de derechos humanos, otros son vendidos a granjas e industrias en Malasia. Algunos se convierten en secuestrados y para ser liberados su familias deben conseguir entre dos mil y tres mil dólares. Son redes de tráfico de personas que en altamar intercambian pasajeros para evadir a las autoridades. 

 

Tailandia lanzó una operación en mayo, en plena selva, para acabar con los campamentos de tránsito, en donde encontraron varias fosas comunes. Esto puso en evidencia el problema, pues la nueva política tailandesa de atacar a las redes tiene a los inmigrantes sin un lugar a donde llegar. Los traficantes huyeron y abandonaron a miles de migrantes que hoy no saben qué hacer. Desde principio de mayo las autoridades emitieron 60 órdenes de captura contra medio centenar de policías. 

 

Las autoridades afirman que los traficantes de Birmania y Malasia mueven cifras cercanas a los 250 millones de dólares.