Un tratado de promesas fallidas

El presidente de EE.UU. en 1993, Bill Clinton, con su vicepresidente Al Gore y líderes del Senado, durante la firma del Nafta. / AFP

“Queremos crear un nuevo orden mundial que promueva el crecimiento económico, que genere mayor equidad, así como que preserve el medio ambiente en el afán de construir un mundo donde impere la paz. Estamos en la frontera de una expansión económica global liderada por los Estados Unidos, que en este momento histórico ha decidido competir y no replegarse”, decía Bill Clinton antes de firmar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (Nafta) entre Estados Unidos, Canadá y México, en diciembre de 1993.

Hoy, veinte años después, ninguna de estas promesas se ha cumplido. Por el contrario, los resultados muestran exactamente lo contrario. Más de un millón de empleos perdidos en los Estados Unidos, disminución de salarios, aumento en el precio de los alimentos, un abultado déficit comercial con Canadá y México, empobrecimiento y migración del campesinado mexicano hacia EE.UU., así como recurrentes ataques corporativos a la legislación ambiental de los países miembros son algunas de las consecuencias que ha dejado el tratado, afirma el informe Nafta: 20 años, publicado por Public Citizen, organización no partidista defensora del consumidor con sede en Washington, la cual ha estado monitoreando desde 1971 el impacto de las políticas comerciales en los Estados Unidos.

En ninguno de los años que lleva el Nafta se crearon los 170.000 empleos anuales prometidos; por el contrario, en los primeros diez años se perdió un millón de empleos netos. Otros 845.000 puestos de trabajo se han perdido en la última década tan sólo en el sector manufacturero, según datos recogidos por el informe. “La mayoría de la pérdida de puestos de trabajo en los Estados Unidos se debió a la masiva migración de la producción de distintos sectores a México, donde la mano de obra es substancialmente más barata y donde las regulaciones laborales y ambientales eran definitivamente más favorables para las compañías estadounidenses”, explica Ben Beachy, director de investigación del Observatorio de Comercio Mundial de Public Citizen.

Para muchos defensores del Nafta y demás tratados similares, la pérdida de empleos debido al libre mercado se vería compensada con la capacidad de recibir mayor número de productos y a menor precio en el marco del tratado comercial. Sin embargo, a pesar de que la importación de alimentos provenientes de México y Canadá aumentó en 188%, el precio nominal de los alimentos aumentó 65% desde que el Nafta entró en vigencia.

“Se comenzó a observar un aumento desmesurado de operaciones transfronterizas. Por ejemplo, empresas estadounidenses que engordaban ganado en Canadá y cerdo en México para luego trasladarlos a Estados Unidos para su sacrificio y venta. En el camino, los productores independientes de cerdo y aves de corral en este país prácticamente fueron desapareciendo. La historia es la misma con la carne de res, la molienda de harina y otros sectores. El que muy pocas empresas controlen porcentajes de producción cada vez más grandes hace aún más difícil que los agricultores obtengan precios justos”, añade Beachy en conversación con El Espectador.

Otra de las promesas fallidas del Nafta, dice el informe, es la mejora de los salarios para los trabajadores estadounidenses. Se decía que, debido a la apertura y al acceso a un mayor mercado con mayor número de consumidores, la demanda aumentaría y consigo el pago a la fuerza laboral. Sin embargo, y de acuerdo con cifras de Brookings Institution, el trabajador promedio en el sector manufacturero sufrió una caída en su salario del 20% desde la entrada en rigor del tratado, cifra confirmada por el departamento de estadística laboral de EE.UU.

La causa, explica Beachy, además de la posibilidad de reubicar la mano de obra en México, fue la posibilidad de usarlo como amenaza y herramienta de presión contra los sindicatos del sector a la hora en que estos pedían mejoras salariales. “El Nafta, con sus incentivos y disposiciones, les dio a las empresas una herramienta vital para suprimir las negociaciones colectivas de los trabajadores en este país”.

Para el campesinado estadounidense el panorama no fue menos alentador, explica Karen Hansen-Kuhn, directora del programa internacional del Institute for Agriculture and Trade Policy. “Antes de la firma del tratado, a los campesinos en Estados Unidos se les dijo que debido al enorme mercado que se abriría se aumentaría su producción y, por lo tanto, la necesidad de competir con mayor volumen, es decir, endeudarse, y que el mercado respaldaría este esfuerzo. Pero lo que hizo el Nafta al romper todas las barreras de protección al pequeño y mediano campesino fue dejarlos a merced de la quiebra”, señala la investigadora.

Fue así como el número de pequeñas y medianas parcelas en Estados Unidos se redujo en un 40% y pasaron de representar la mitad de las exportaciones, antes de la entrada de Nafta, a menos de un tercio para 2007. “Este modelo neoliberal de orientación extrema al libre mercado y cero control, lo único que hizo fue favorecer a las grandes compañías de la agroindustria en detrimento del pequeño y mediano campesinado”, explica Hansen-Kuhn.

Uno de los factores claves para entender los efectos de este acuerdo comercial, dicen los expertos, es el controvertido capítulo 11 del tratado, apartado que también hace parte del TLC entre Colombia y los Estados Unidos y el cual se refiere a la posibilidad que tienen los inversionistas y compañías estadounidense de demandar ante tribunales de comercio a los gobiernos miembros del tratado por políticas, ordenanzas y/o legislación que vaya en contra de sus actividades comerciales.

Hasta el momento van más de US$360 millones pagados por los gobiernos de México y Canadá, bajo esta disposición, a corporaciones estadounidenses. Un total de once demandas por US$12,4 billones aguardan una decisión. Todas ellas relacionadas con regulaciones ambientales, energéticas, sobre uso de la tierra y salubridad pública. La más sobresaliente es la demanda que perdió el gobierno mexicano por US$159 millones contra el gigante Cargill cuando intentó colocar una cuota para proteger al sector azucarero mexicano contra la entrada indiscriminada de jarabe de maíz de alta fructosa, endulzante extremadamente más barato que el azúcar pero que a su vez ha mostrado, según los reportes de la Asociación Estadounidense de Medicina, una relación directa con los altos índices de obesidad.

Desde entonces gran parte de la industria alimenticia en México reemplazó el azúcar de caña por el jarabe de maíz de fructosa como endulzante principal, lo cual relacionan los expertos con los impresionantes niveles de obesidad que se han desencadenado en México en los últimos diez años.

Para el campesinado mexicano el panorama también fue poco favorable. A medida que la avalancha de productos y alimentos de bajo costo inundó el mercado mexicano, los campesinos en todo el país —millón y medio de ellos, según relata el informe, así como otro millón más dependiente del sector agrícola— se vieron destinados a la quiebra una década después de la entrada en vigor del tratado.

A pesar de que el Nafta suponía la eliminación de los subsidios a productos agrícolas en los tres países, Estados Unidos continuó la práctica exportando millones de toneladas de maíz subvencionado a México, haciendo que el precio de este producto se fuera al piso y dejando de paso a otro millón de pequeños y medianos productores del grano al borde de la quiebra. No obstante, y a pesar de que el precio del maíz estaba por el suelo, la desregulación de los costos exigidos por el tratado llevó a que el valor de las tortillas de maíz, alimento central de la cocina mexicana, se disparara en un 279% en los primeros diez años del acuerdo comercial. Esto, sumado al sistema de especulación que se vivió a principios del 2000 con la burbuja de los biocombustibles, terminó de marcar la suerte de los pequeños y medianos productores del grano.

Así, los salarios del campesinado en el país azteca cayeron por debajo de los índices antes del Nafta, afirma el informe de Public Citizen. Hoy en día un trabajador agrícola mexicano puede comprar 38% menos de lo que podía hace veinte años. No en vano, explica el informe, la relación directa de las nuevas condiciones con el aumento en el número de inmigrantes de México a los Estados Unidos —el cual pasó de 370.000 en 1993 a 770.000 para el año 2000, un incremento del 108%—. Desde entonces el aumento ha seguido en ascenso, sobre todo para los trabajadores del campo.

De acuerdo con Stephanie Wang ,coordinadora del comité del programa internacional de la Unión de Granjeros de Canadá (NFU), los efectos del tratado son los mismos para el campesinado canadiense. “Para muchos agricultores, en este país la supervivencia significó producir más, por lo general por la vía de profundizar sus deudas para comprar más tierra, equipos más grandes, más animales y más productos químicos. Todo el esfuerzo sólo para mantener su nivel de ingresos. En la primera década del Nafta cerca de 100.000 granjas quebraron en todo el país. Los consumidores tampoco han visto los beneficios de la expansión de las exportaciones; aquí, al igual que en Estados Unidos y México, los precios de los alimentos han aumentado. Claro es que los únicos ganadores del acuerdo han sido las empresas agroindustriales globales, las cuales son cada vez más grandes, expandiendo su dominio en la siembra, compra, venta y distribución de productos alimenticios y agrícolas”.

Ahora la pregunta es qué será del futuro de la economías de países que están a punto de firmar acuerdos hechos a imagen y semejanza del Nafta, como la Alianza Transpacífico (TPP) o el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Se verán destinados a un panorama similar?, se pregunta Ben Beachy. “El Nafta es una radiografía de lo que viene para países que han caminado en esta dirección. Lamentablemente, Colombia es uno de ellos”, señala.

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