Con la victoria de la oposición en las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre, se pensó que todo cambiaría con rapidez en Venezuela. Algunos han visto con decepción la desvinculación de tres diputados opositores del estado de Amazonas que pone en entredicho la mayoría calificada de dos tercios lograda por la oposición. Incluso se ha hablado de una especie de golpe judicial, dado que dicha decisión provino de un fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Como era de esperarse, ha arreciado la batalla entre los diferentes poderes del Estado, ahora que la Asamblea Nacional se ha convertido en bastión de las toldas opositoras, mientras el oficialismo trata de sostener su proyecto político desde las demás ramas del poder público.
Decisiones recientes del Tribunal Supremo de Justicia han sido cuestionadas por tener, aparentemente, una motivación política. Sus sentencias parecen estar alineadas con las posiciones del oficialismo, lo que atentaría contra el principio de separación de poderes.
Sin embargo, las acciones controversiales del máximo tribunal no son nuevas. En 2004 Human Rights Watch (HRW) denunció que la entonces nueva ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia modificaba su composición convirtiéndolo en un instrumento político del oficialismo. Se pasó de 20 magistrados a 32 y se permitió que 12 fueran designados por una mayoría absoluta (la mitad más uno) de la Asamblea, que se encontraba en manos del oficialismo. Según HRW, con una escasa mayoría en la Asamblea, el chavismo obtuvo una mayoría abrumadora de magistraturas en el TSJ. Otro importante efecto de la ley orgánica fue que diversas instancias del sistema judicial entraron en una situación de interinidad. Gran cantidad de jueces perdieron estabilidad, lo que ha permitido que sean removidos de sus cargos al proferir sentencias contrarias a los intereses del oficialismo, dejando paso a la opción de sustituirlos en caso de que se tengan decisiones que no sean acordes a los intereses del PSUV y utilizar estos puestos como un instrumento de premio político.
Después de la muerte de Hugo Chávez, tres casos ejemplifican el accionar políticamente tendencioso del TSJ. En primera medida, la sentencia que permitió a Nicolás Maduro acudir como presidente en ejercicio a la contienda electoral en la que salió elegido, lo cual parecía estar en contra de la Constitución. El hecho de ser cabeza del Ejecutivo en el momento le otorgó un importante margen de acción y cierta ventaja a la hora de acudir a las urnas. Para algunos, aquello se realizó en contra de lo que estipula la Constitución, ya que la Presidencia de la República debía pasar a manos del presidente de la Asamblea Nacional. Se cree que aquello fue un medio para dirimir las diferencias y antagonismos que venían surgiendo entre Maduro y Diosdado Cabello.
El segundo caso afectó la configuración del poder ciudadano, lo cual es fundamental para el proceso que vive hoy en día Venezuela. En diciembre de 2014, a pesar de que la tolda chavista no contaba con la mayoría calificada de dos terceras partes de la Asamblea Nacional, pudo designar a la fiscal general, el defensor del Pueblo y el contralor general de la República gracias a una sentencia favorable del Tribunal Supremo de Justicia. Esto permitió nuevamente que se eligieran cúpulas de los poderes públicos mediante una escasa mayoría parlamentaria, pese a lo que estipula la Constitución.
Aquello fue crucial para el oficialismo, ya que esas tres entidades integran lo que en Venezuela se conoce como Consejo Moral Republicano, al que le competen la investigación y la sanción de servidores públicos por faltas en el ejercicio de sus funciones. Fiscal, defensor y contralor son cargos con periodos de siete años, por lo cual la oposición tendrá que esperar hasta 2021 para poder renovarlos. El tercer caso tiene que ver con la conformación del Consejo Nacional Electoral (CNE). En dos oportunidades, en 2003 y 2014, la elección de los rectores fue imposible tras agotar el procedimiento, dada la negativa de la oposición. Según el artículo 296 de la Constitución Nacional, se requiere también una mayoría calificada de dos terceras partes de la Asamblea para efectuar dicho nombramiento.
Lo llamativo de estas actuaciones es que la decisión quedó en manos de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, que se atribuyó ese derecho mediante sentencia propia, apelando al numeral 7 del artículo 336 de la Constitución, que hace referencia a las omisiones del Legislativo. Así, en las dos oportunidades la Sala Constitucional del máximo tribunal conformó un poder electoral de mayoría cercana al chavismo.
Los casos mencionados demuestran que las actuaciones del TSJ han respondido a los intereses del proyecto oficialista. La designación de magistrados durante el período chavista ha sido cuestionada. Así ocurrió en diciembre de 2015, cuando en sesión extraordinaria y en tiempo récord, la Asamblea Nacional saliente designó trece nuevos magistrados. Una acción desesperada de la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que busca asegurarse que las decisiones de la nueva Asamblea, dominada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), no le sean adversas. El TSJ no ha fallado en contra del gobierno una sola vez en los últimos nueve años.
Pero la batalla será larga. Durante 16 años de hegemonía chavista se cambió la Constitución y todo el andamiaje legal del Estado. Cuatro de las cinco ramas del poder público continúan bajo el dominio del oficialismo, dado que la autoridad electoral y los órganos de control se suman a los tres poderes clásicos. La victoria de la MUD no significa la transformación inmediata del panorama político, económico, social e institucional de Venezuela. Las perspectivas de acción de la oposición se encuentran en el mediano y el largo plazo.
Si bien en el contexto actual se atiende al debate sobre la instrumentalización de la máxima instancia judicial, la cooptación de los poderes públicos para asegurar la pervivencia del proyecto político chavista es una estrategia de antaño. Aun así, el contexto demanda cambios en Venezuela.
Debido, en primer lugar, a la crisis económica, de la cual no se tiene una dimensión real ante la negativa del Gobierno a publicar cifras. La descomposición social ya sitúa a Venezuela como uno de los dos países más violentos del mundo. Y esto hay que sumar los bajos precios del petróleo, que en el caso de la cesta venezolana se encuentra actualmente por debajo de los US$25 por barril.
Esto resulta aún más problemático, teniendo en cuenta que la Ley de Presupuesto para 2016 se elaboró con base en un precio estimado de US$40. Ante dicho panorama, las respuestas del Gobierno han resultado insuficientes. Los anuncios del nuevo vicepresidente del área económica y ministro de Economía Productiva, Luis Salas, evidencian continuidad con respecto a la cuestionada tesis de la guerra económica y han promovido el debate acerca del fortalecimiento de esquemas de economía artesanal, cuyas bondades para resolver la crisis despiertan dudas inmensas.
Todavía no son claras las repercusiones que tendrá la declaración de estado de emergencia económica que el gobierno de Maduro expidió el 15 de enero, poco antes de presentar su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional. Será el grupo ministerial quien tenga que dar respuestas y aclaraciones en las distintas comisiones, según el ramo. Esto genera expectativa en el vecino país, ya que la rendición de cuentas no se realiza desde el inicio de la era Chávez. Aun así, es la primera vez en 16 años que la oposición puede llamar a ministros y funcionarios a rendir cuentas de su accionar, conocer las cifras que manejan internamente en el Gobierno, dejar abiertas las puertas de la Asamblea a los periodistas de todas partes del mundo.
La Asamblea ya parece convertirse en un parlante para el mundo, y la misma Venezuela, sobre los problemas, cifras y posiciones del Gobierno y la oposición. Cambios por demás sustanciales y que muestran un “sí se puede” desde la entrada de Chávez, y dan una esperanza a la oposición.
Todo aquello proporciona instrumentos adicionales a la labor de la mayoría parlamentaria de la oposición y hace prever importantes tensiones adicionales alrededor de la contienda electoral regional que tendrá lugar este año. Incluso se abre la posibilidad de llevar a cabo un referendo revocatorio en un contexto político y social sumamente adverso al chavismo y que contrasta bastante con el de 2004. Larga será la batalla.
* Observatorio de Venezuela, Universidad del Rosario