Por primera vez en la historia, una africana, la gambiana Fatou Bensouda, ejercerá uno de los principales cargos de la justicia mundial: en junio de 2012 asumirá como fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), en reemplazo del argentino Luis Moreno Ocampo. La elección revive viejas suspicacias sobre la supuesta persecución de parte de este organismo a líderes políticos africanos y se debe, según fuentes diplomáticas, a la intención de contrarrestar tal percepción en el continente negro.
Bensouda, de 50 años, exministra de Justicia de Gambia y fiscal adjunta de La Haya desde 2004, se impuso sobre otros juristas de Tanzania, Gran Bretaña y Canadá, durante un proceso de selección que se alargó casi un año. Los 120 estados miembros de la CPI la eligieron por unanimidad y se posesionará en su nuevo cargo en junio de 2012. Aunque Michelle Reyes Milk, miembro de la coalición que facilitó la elección de Bensouda, afirmó que la decisión no se debe a que sea mujer ni a que sea africana, sino por méritos propios, otras fuentes indican que se trata de un intento de la Corte por recuperar su credibilidad en África.
Países del continente negro acusan a la CPI de perseguir con mayor ahínco a líderes africanos que a los de otros continentes donde también se cometen crímenes contra la humanidad, debido a que los únicos siete procesos que dirime Moreno Ocampo desde 2003 se refieren a líderes de Uganda, la República Democrática del Congo, la República Centroafricana, Sudán —Darfur—, Kenia, Libia y Costa de Marfil. En países de otras latitudes como Afganistán, Georgia, Colombia, Guinea, Palestina, Honduras, Corea del Norte y Nigeria, la CPI ha abierto investigaciones preliminares.
“Yo no pienso en los dirigentes que perseguimos. Trabajo en favor de las víctimas africanas”, dijo la nueva fiscal jefe y agregó que no puede negarse que los casos estudiados por la corte en África son crímenes de guerra y verdaderas atrocidades. La gambiana negó que la CPI haya perseguido con más insistencia los crímenes perpetrados en África que los ocurridos en otros continentes y aseguró que el hecho de ser africana no afectará en absoluto su mandato, que será ejercido “de manera imparcial”, en representación “de todos los estados miembros”.
Sin embargo, desde la creación de la CPI en 2002, gobiernos y organizaciones humanitarias denunciaron que esta organización sería un instrumento político del Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo puede remitir situaciones a la CPI, como ocurrió en Sudán (2005), aunque tres de los cinco miembros permanentes del Consejo (EE.UU., China y Rusia) no son miembros de la Corte.
Richard Dicker, director del programa Justicia Internacional de Human Rights Watch, destaca que, debido a los intereses políticos que influencian la CPI, existe una presión de la cual Bensouda tendría dificultades para escapar. Stephen Lamony, de la ONG Coalición por la Corte Penal Internacional, indica que el origen africano de Bensouda podría jugarle en contra y erosionar la imagen de la CPI en el continente.
Diversos países africanos presionan al Consejo de Seguridad para que suspenda las sanciones al presidente sudanés Omar al Bechir, cuya captura fue solicitada por la CPI para juzgarlo por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en Darfur. Kenia también busca frenar las investigaciones sobre los hechos de violencia ocurridos en su territorio en 2007 y 2008, tras las elecciones. Estos podrían dar razón del apoyo a Bensouda por parte de los países africanos.
La gambiana agradeció “el compromiso y la dedicación” de Moreno Ocampo, que cumplirá nueve años en La Haya cuando sea sustituido, y se comprometió a seguir el ejemplo de “rapidez” marcado por su antecesor para elegir los casos que la fiscalía cree susceptibles de llevar a la Corte, ya que es “de crucial importancia actuar inmediatamente”.
Entre los temas que seguramente tendrá que enfrentar una vez se posesione están las torturas, desapariciones y masacres con las cuales las fuerzas leales al régimen sirio habrían atacado a la oposición. Al respecto, Bensouda recordó que Siria no hace parte del Tratado de Roma y que la fiscalía sólo podría estudiar el caso si se lo refiere el Consejo de Seguridad de la ONU. “Naturalmente, estamos muy preocupados por lo que ocurre en Siria, pero no podemos intervenir sin que actúe antes el Consejo de Seguridad, como sucedió en Libia y Sudán”, dijo.