:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/OWZmI-D517B7GLbGhYBmgjiR-dU=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/G3KNPDTBSJF23ADKO6R4LVUMEA.jpg)
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, conoce por experiencia lo que significa gobernar por decreto, amparado por una ley habilitante aprobada por la Asamblea Nacional. En noviembre de 2013, el Poder Legislativo le concedió el privilegio. Poco después de medio año de mandato, el jefe de Estado comenzaba a ver las primeras sombras de una posible crisis en la economía. El concepto de “guerra económica” ya había sido empleado por el gobierno, pero ante alcances no tan notorios, el propio Maduro solicitó los poderes especiales para dar respuesta a la que definió como una “coyuntura económica especial”.
Los obtuvo y la Asamblea Nacional le otorgó el aval con una ley habilitante que estaría vigente por un año. El próximo 19 de abril, Maduro cumplirá dos años en el despacho principal del Palacio de Miraflores, de lo que se podría deducir, al menos técnicamente, que en este punto, más de la mitad de su gobierno se ha adelantado debajo del paraguas de los poderes especiales. La proporción tiende ahora a crecer, sobre todo, después de que la Asamblea Nacional, con tres quintos de sus escaños en manos del chavismo, convocara para el próximo domingo sesiones extraordinarias.
Como afirmó el diputado oficialista Eduardo Piñate en su cuenta de Twitter, el fin del llamado al Legislativo será la discusión (aprobación) de la nueva ley habilitante solicitada por Maduro para responder a la declaratoria de Venezuela como potencial causante de una “emergencia nacional” en Estados Unidos, firmada por el presidente Barack Obama. El chavismo da por hecha su consecución, pues justo ayer la Asamblea ya aprobó la propuesta en el primero de los dos debates necesarios para este propósito. Casi con total seguridad, Maduro contará con seis meses más de poderes especiales. Un dato suelto: de los 14 años que Hugo Chávez permaneció en la Presidencia venezolana, cuatro y medio los gobernó por decreto.
Los tiempos en la política venezolana cambian como han cambiado las motivaciones de sus gobernantes para sustentar el pedido de más poderes de los usuales. Hoy Maduro habla de una “ley habilitante antiimperialista” que le permitirá, de acuerdo con su discurso, defender a Venezuela de la amenaza extranjera encarnada por Washington y sus aliados opositores. La oposición, por su parte, pone las culpas en el terreno del gobierno y de seguro no le faltará memoria para recordar los usos políticos de la ley que van más allá de las motivaciones que la generan.
La última ley habilitante que le fue aprobada (diciembre de 2010) a Hugo Chávez por 18 meses y que como todas las leyes habilitantes facultaba al mandatario a tomar decisiones sin el aval de la Asamblea Nacional, fue solicitada para hacer frente a los destrozos del fuerte invierno de entonces. Coincidencialmente, en enero de 2011 el Poder Legislativo renovaba sus escaños, con la vuelta de una bancada opositora que se encontraba ausente desde 2006 y lograba, si bien no una mayoría política, al menos poner ciertos obstáculos a las iniciativas oficiales.
En la motivación hay un mensaje, asegura el analista y doctor en ciencias políticas venezolano, Carlos Raúl Hernández. “Maduro —expone Hernández— solicita la ley por una amenaza externa, pero la ley va a dirigida hacia dentro. Llamar a una causa de unión nacional en medio de una coyuntura política desfavorable es un viejo recurso de los gobernantes y diera la impresión de que Maduro estuviera, durante las últimas semanas, a la espera de la reacción de Obama. Obliga a reducir el personal de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, publica una lista de líderes políticos americanos a quienes les prohíbe la entrada en su país, impone visas a los ciudadanos a estadounidenses... tal vez es hora de reconocer que fue una jugada inteligente”.
La otra cara de la ley, sin embargo, podría comenzar a generar problemas, opina el analista. Con la aprobación de la ley el gobierno podría ordenar allanamientos, por ejemplo, de casas y sedes de la oposición sin orden judicial, señalándolos como agentes locales de la conspiración externa. Podría llegar al límite de ilegalizar partidos e incluso, de acuerdo como se mueva la marea electoral, tendría el potencial de posponer las elecciones legislativas que deberían realizarse este año, argumentando falta de garantías por la ingerencia imperial.
Los líderes de la oposición, además de acumular ya varios meses de un discurso promotor de un cambio de gobierno inmediato, repudiado por el oficialismo, han puesto en las legislativas su mejor carta política para dar un paso al frente del chavismo. Por todo esto, la nueva ley habilitante, más que encaminar las acciones hacia un objetivo claramente definido, por ahora lo que abre es un gran interrogante sobre los meses próximos de un momento político convulsionado.
dalarcon@elespectador.com