Hoy son las elecciones generales de España y, sin duda, son las primeras en mucho tiempo en despertar un interés que trasciende del tradicional bipartidismo entre el Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Asimismo, es la primera vez en la que cuatro partidos representan importantes niveles de intención directa de voto, lo cual convierte al sistema de partidos español, adicionando los partidos nacionalistas y minoritarios, en un sistema de pluralismo atomizado, con más de nueve partidos con representación parlamentaria.
En principio, todas las predicciones y los sondeos dan la victoria al actual partido del gobierno, el Partido Popular, de Mariano Rajoy. Sin embargo, esa eventual victoria debe relativizarse, en la medida en que se desarrollaría con los niveles más altos de castigo en la democracia española a un partido en posición de gobernar. De la mayoría absoluta actual, traducida en 186 escaños en el Parlamento de los 350 totales, su resultado oscilaría en torno a los 110, de manera que supone un retroceso significativo. Sin duda, un elemento que afecta muy negativamente al partido ha sido su imagen cercana a la corrupción y al desbaratamiento del Estado de Bienestar.
España ha involucionado dos décadas como resultado de los recortes en políticas sociales que han debilitado dos de los pilares básicos del modelo de bienestar español: la sanidad y la educación. Se gastan 14.000 millones de euros menos en políticas sociales y España se ha situado a la cola europea en cuanto a pobreza infantil, desempleo, vulnerabilidad e inequidad.
Todo, con niveles próximos, según Eurostat, a los de las repúblicas bálticas, Bulgaria y Rumania. Tal vez por lo anterior se pueda entender por qué razón su candidato ha sido esquivo a los debates y ha optado por participar en programas de nulo contenido político, preocupado más bien en mostrar un rostro humano y cercano, que el de reivindicarse como ese líder competente y capaz de convencer a los españoles en las elecciones de hoy.
Frente al Partido Popular se encontraría el segundo partido tradicional de la democracia española, el PSOE. Otro partido azotado profundamente por la mala gestión de la crisis durante los años de gobierno del predecesor de Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), y por escándalos de corrupción igualmente flagrantes. El PSOE se encuentra muy lejos de erigirse como alternativa real de gobierno. Todo lo contrario, está próximo de conseguir el peor resultado desde 1977, pues los sondeos de opinión estiman un resultado próximo a los 90 escaños. Su candidato, Pedro Sánchez, se ha mostrado en esta campaña electoral como un candidato excesivamente agresivo, a la vez que poco propositivo, lo cual se traduce en que se entienda como el común perdedor de todos los debates en los que ha participado.
Sin duda, sus referencias a Rodríguez Zapatero como referente socialista o sus evocaciones a eternas promesas, siempre incumplidas cuando el PSOE ha gobernado, como la reforma de la estructura territorial del Estado, la promoción del laicismo o la necesidad de una reforma tributaria progresiva, merman su confiabilidad. El PSOE fue el primero en promover la reforma del mercado laboral -flexibilizando y abaratando el despido-, el primero en recortar en gasto social o el primero en promover la reforma de la Constitución a efectos de favorecer las políticas de disciplina fiscal y de reducción de déficit. El resultado no puede ser otro que el esperado: gran desafección, especialmente, en sus sectores de voto más progresista.
Surgen dos opciones alternativas que en este momento ocuparían el tercer nivel en cuanto a los pronósticos, con unos resultados cercanos a los 60 escaños en el Parlamento. Podemos y Ciudadanos surgen de buena parte del malestar y la indignación de la población española con el bipartidismo, la mala gestión de la crisis y la corrupción flagrante. Todo unido a unas políticas públicas que en el mejor de los casos distan mucho de satisfacer, o cuando menos comprender, buena parte de las necesidades y reivindicaciones de la sociedad española.
Sin embargo, la forma en la cual ambos partidos proponen medidas de regeneración democrática es bien diferente. Ciudadanos aboga por hacer valer una especie de tecnocracia, en donde la economía política gravite como elemento nuclear, especialmente, en torno a desregulación, flexibilización del mercado y privatización, en la medida en que resulte posible. Asimismo, reivindica un sentimiento de nacionalismo que no sirve de mucho para superar el problema con Catalunya y en materia de derechos se torna como una opción marcadamente conservadora.
Cuestionar elementos como el aborto, la eutanasia, la universalidad de derechos, también para inmigrantes “sin papeles”, es muestra de su conservadurismo. De igual forma tampoco ayuda que en el pasado hiciera alianzas con plataformas y partidos de extrema derecha en ciudades como Valencia o Barcelona.
En la antípoda de Ciudadanos se encuentra Podemos. Este partido, erigido en torno a la figura de Pablo Iglesias, antepone la dimensión social por encima de todo, lo cual se traduce en mayor gasto social, especialmente en sanidad y educación, mayor fortalecimiento de la dimensión pública del Estado y mayor y mejor control y transparencia a la compleja relación Estado-Mercado. Quizá, la mayor crítica que se ha realizado, a efectos de minimizar la posición más crítica con la actual situación del sistema político español, ha sido la inspiración que encuentra en el modelo bolivariano puesto en marcha por Hugo Chávez en Venezuela. Reduccionismo simplista que, en todo caso, carece de fundamento si se observan algunos de los economistas que se encuentran detrás del programa económico de Podemos, tal y como es el caso de Vicenç Navarro -el quinto científico social español más citado en la literatura académica internacional según la Universidad de Pensilvania- o el profesor James Galbraith, de la Universidad de Texas. Asimismo, posiciones marcadamente favorables como las de Financial Times o Thomas Piketty invitan a no tener muy en consideración a quienes acusan al programa económico de Podemos de populista.
Llegados a este punto, lo que está claro es que hoy, dada la posibilidad de resultados, se puede producir un punto de inflexión en el devenir crítico de la democracia española. Si bien, la victoria del Partido Popular parece ineludible, cómo se resuelvan las segundas y terceras opciones pueden marcar el color ideológico del nuevo gobierno. En todo caso, lo que resulta claro es el fin de la mayoría absoluta, la que ha permitido al gobierno ser condescendiente con la corrupción, promover unos presupuestos desgarradores con la dimensión social del Estado o socavar cualquier dimensión crítica o atisbo de oposición, interviniendo gubernamentalmente en el control mediático o criminalizando la protesta social.
Esperemos, por lo visto en estos cuatro años de gobierno del Partido Popular, que lleguen nuevos tiempos para una democracia, la española, que debe recuperar una impronta social, claramente perdida en los últimos años.
* Investigador en Ciencias Políticas de la UCM. Profesor de Relaciones Internacionales de la EAN.