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Uruguay es el primer país de América Latina que aborda la posibilidad de regular la producción y el consumo de marihuana. La Cámara Baja debatió el proyecto de ley que pretende ubicar al Estado como el gran centro de control del mercado. El proyecto crea reglas de juego para la compraventa y permite el cultivo de hasta seis plantas de marihuana por productor. Además funda una dependencia nacional que servirá de filtro para todo el proceso: desde la importación de semillas hasta el establecimiento de normas para la distribución y la venta. Del lado de los consumidores, ellos podrán inscribirse ante ese ente público y comprar hasta 40 gramos de la hierba al mes por un precio cercano a los 700 pesos uruguayos (al rededor de 71.000 pesos colombianos).
El tema no ha estado exento de controversia. Mayoritariamente, el Frente Amplio, el partido del presidente José Mujica —gran impulsor de la norma— concuerda en que el proyecto es necesario para disminuir los índices de criminalidad que dispara la condición de ilegalidad de la marihuana, pero el propio Mujica pidió hace un año, cuando se planteó el proyecto, que antes de dar avance a la norma en el Parlamento debía publicarse más información dirigida a la ciudadanía, acompañada de campañas educativas.
El momento de la votación ha llegado y las posturas contrarias, fundamentalmente surgidas en el opositor Partido Colorado, comenzaron a hacer contrapeso a la iniciativa gubernamental. El diputado Germán Cardoso ha sido uno de los grandes críticos: “Cualquier persona va a poder tener acceso a la dosis que da el Estado y después quién controla quién la consume o quién la vende”.
La argumentación oficialista se ha basado en la necesidad de alejar a los consumidores de los centros de venta clandestinos, en donde están expuestos al crimen o a la posibilidad de tener contacto con sustancias más fuertes. Julio Calzada, secretario ejecutivo de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, asegura que “el proyecto no ha estado muy lejos de otras iniciativas, como las adoptadas por Holanda en el año 78, estableciendo los llamados coffee shops para el consumo, ni de las aplicadas en los 17 estados de Estados Unidos que regulan el consumo y la producción de marihuana, ni de los clubes de cannabis de España”.
En cualquier caso, para que este proyecto de ley entre en vigencia necesita el aval de la Cámara Baja y del Senado también. La consultora Cifra asegura que el 68% de los uruguayos se opone a la iniciativa.