Uruguay quiere un cambio

Julio Calzada estuvo en la Primera Conferencia de Drogas realizada los días 16 y 17 de agosto en la Universidad de Los Andes. / Óscar Pérez

Uruguay podría convertirse en el primer país latinoamericano que le vende marihuana a sus ciudadanos. El proyecto fue presentado hace poco más de dos semanas ante el Parlamento y está inscrito en un conjunto de propuestas para disminuir la violencia. Julio Calzada, secretario de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, dice a El Espectador que la iniciativa podrá servir como punto de reflexión para que otras naciones empiecen a tomar sus propias medidas.

¿Por qué es necesario este proyecto en su país?

Uruguay no produce drogas ni tiene plantas originarias; la mayoría de incautaciones de sustancias son de las que vienen del norte al sur del continente para salir a Europa y Asia. No hay cartelización ni grandes bandas criminales, pero en los últimos tres años se empezaron a dar ajustes de cuentas entre pequeños grupos que controlan la venta de droga, sicariato. Esto no existía antes, aunque no aumentó significativamente la cantidad de homicidios. Cambió la calidad de los delitos y esto está asociado al narcotráfico. Entonces el Ejecutivo estudió 15 medidas para combatir la violencia.

¿Qué proponen esas medidas?

Antes se sancionaban comportamientos como orinar en la calle o pintar un monumento; ahora se retoma eso para encuadrar de otra manera el comportamiento ciudadano. Se revaloriza el tema del espacio público y para esto tomamos experiencias de Medellín en las comunas y de la policía pacificadora de Río de Janeiro. Dentro de ese encuadre integral incluimos la regulación del uso del cannabis.

¿Cómo garantizar que el cannabis producido por el Estado no salga al mercado negro?

Para el mercado uruguayo no se precisan grandes plantaciones, alrededor de cien hectáreas pueden producir el cannabis que se consume en uno o dos años. Planteamos esta modalidad para que el Parlamento vea qué articulación tiene con la que ya está en discusión sobre la regulación del autocultivo. Si desarrollamos autocultivos, como los clubes de cannabis en España, será posible articular el proyecto. Pero este modelo no da cuenta de todo el mercado de sustancias. Debemos hacerlo, y para ello estamos investigando las experiencias de Holanda, Australia, los 17 estados de EE.UU. que tienen circulación legal del cannabis y el cultivo y la elaboración de opio en Turquía e India, principalmente.

¿Qué impacto tendrá sobre el mercado negro?

En 2011 incautamos el 10% del cannabis que se consume. Tenemos la perspectiva de controlar el 90% del mercado con este proyecto, sabiendo que siempre hay posibilidades de mercado negro, así como hay contrabando de cigarrillos en todo el Cono Sur de América Latina. Esto no soluciona el fenómeno, pero en parte debilitará el narcotráfico y romperá el efecto góndola, que consiste en que cuando un usuario de cannabis va a buscar la sustancia, encuentra otras sustancias potencialmente más riesgosas. Queremos separar mercados en esta fase y romper la dicotomía entre control de la oferta y reducción de la demanda, con una política que apunta a los dos a la vez.

 ¿Se incrementará el consumo?

Portugal prohibía el consumo (a diferencia de Uruguay, donde no está prohibido), luego legalizó la dosis mínima y no prohibió el consumo. Eso fue hace 10 años y, aunque hubo cierta expansión inicial del consumo, rápidamente bajó a una fase de meseta. Esa expansión podría darse porque los números que manejamos sobre drogas prohibidas no dan cuenta total del problema. Sin prohibición más personas van a aceptar que consumen. En Holanda el consumo es legal y estable, nada indica que se vaya a disparar.

El Estado no les venderá marihuana a menores de edad. Algunos piensan que el mercado negro podría enfocarse en ellos...

Debemos trabajar para clarificar que el límite de edad no es sólo un tema ético sino científico. Si un adolescente consume cannabis cuando no tiene una estructura personal definida, no se han terminado de conformar sus órganos, corre riesgos importantes. Lo mismo con el alcohol. La ciudadanía no tiene una percepción del riesgo de esta sustancia, que tiene efectos devastadores, peores o iguales que los de la marihuana.

¿Deben hacerse campañas para cambiar la discriminación al consumidor?

Eso debe hacerse más allá de que se apruebe o no el proyecto, y lo estamos haciendo. La prohibición ha generado efectos devastadores. Por ejemplo, el sistema sanitario rechaza a los usuarios de drogas. La sociedad asimila el uso de drogas con el delito, y eso debe cambiar. En Uruguay tenemos 120.000 consumidores y no 120.000 delincuentes. 

¿Ha habido muchas críticas al presidente Mujica por esta propuesta?

Él ha dicho que es necesario un cambio cultural en el mundo, en relación a cómo miramos el consumo en general. Su discurso en Río de Janeiro muestra su visión de la sociedad y la cultura del siglo XXI y la necesidad de que se transformen. Si no transformamos culturalmente nuestras sociedades, no habrá fuerza militar que pueda terminar con problemas como el de la violencia vinculada al uso de drogas. 

¿Este proyecto es un desafío a las políticas mundiales?

Esas políticas reflejan el espíritu de los años 50, de la televisión a blanco y negro, cuando no existían internet ni el mundo como es hoy en términos culturales. Después de 50 años de esta guerra contra el narcotráfico ha crecido el consumo, las políticas de prevención son ineficaces, han aumentado el lavado de activos, el tráfico de armas y las muertes, sobre todo en Centroamérica y México. No podemos dejar que haya barrios en Montevideo bajo el control de grupos ilegales, pero sabemos que sólo la respuesta policial no da resultados.

Uruguay no ha sufrido el flagelo del narcotráfico como Colombia y México. ¿Qué deberían tener estos países si quisieran implementar un proyecto similar?

Lo primero es reflexionar sobre la aplicación de este modelo. Un aspecto clave lo plantea la Organización Mundial de la Salud, que discute un acuerdo para las enfermedades prevalentes no transmisibles, entre las cuales están el alcoholismo, el tabaquismo, la obesidad y el sedentarismo, todas ellas relacionadas con el comportamiento humano. Hay que pensar en modificar patrones de comportamiento.

Pero, ¿cómo aplicarlo?

Los países tienen que pensar qué promueven y qué no, cómo promueve el consumismo o cómo no. En cuanto a la regulación de las sustancias, tienen que hacerlo de acuerdo a sus sensibilidades. Cada país tiene que encontrar la forma de iniciar el debate. Lo que no nos podemos negar es la capacidad de debatir teniendo como objetivo central el bien público, las condiciones sanitarias y que las políticas públicas no provoquen más daño del que pretenden evitar.