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El asesinato de una popular figura de la televisión venezolana desnudó ante el mundo la situación de inseguridad ciudadana que está mermando, lenta pero sostenidamente, a la población de esta nación sudamericana. Hace una semana estalló un escándalo de grandes proporciones por el crimen de Mónica Spear y de su expareja y, sobre todo, por la violencia con la cual fue ejecutado.
No sólo fueron la exmiss Venezuela 2004, el empresario turístico Thomas Henry Berry y la hija de ambos, Maya, las víctimas. Son cientos de miles de venezolanos los que sufren ataques de bandas organizadas. Según cálculos conservadores de organizaciones no gubernamentales, basados en algunas estadísticas oficiales y en estudios de campo, en los últimos 15 años han fallecido más de 200.000 personas a manos del hampa.
Varios factores han propiciado que Venezuela sea el segundo país más violento del continente; se reportan 79 asesinatos por cada 100.000 habitantes, muy cerca de Honduras, en donde la cifra es de 85 homicidios por cada 100.000. El abogado y criminólogo Luis Izquiel dijo a este diario que “esta situación extrema es el resultado de la destrucción de las instituciones que los gobiernos de Chávez y de Maduro han venido propiciando. La Fiscalía y los tribunales penales fueron prácticamente desmantelados luego de que entrara en vigencia el decreto de emergencia judicial, en el año 1999”. Esto generó, explica, que los jueces en esta nación sudamericana sean designados por una comisión del Tribunal Supremo de Justicia y no por tradicionales concursos de oposición y de credenciales.
“La medida les restó autonomía a los encargados de administrar la justicia, en especial en el área penal. Los fiscales y los policías no son suficientes para atender las demandas de la población. Hay un déficit de 40.000 funcionarios de seguridad en todo el país, y sumemos a esto que la nueva Policía nacional cuenta con una unidad de escoltas a personalidades, lo cual resta el 50% del personal activo que debería estar en las calles para servir a la comunidad y no cuidando a la gente del Gobierno”, explica Izquiel.
Impunidad, la clave del mal
Para el sociólogo y estudioso del tema de la violencia Roberto Briceño León, la impunidad es clave en el aumento de los crímenes en Venezuela. En conversación con El Espectador revela que, según estadísticas oficiales, la curva de detención de homicidas ha bajado en los últimos 15 años.
“En 1998, por cada 100 homicidios había 118 detenciones. Esta cifra se ha ido modificando en la última década. Desde hace cinco años, el promedio de aprehensiones es que por cada 100 crímenes hay entre ocho y nueve detenidos. Sumemos a esto el tema de la gerencia de los cuerpos de seguridad del Estado, en donde hubo un proceso sistemático de desarme y de eliminación de competencias a las policías estatales y municipales, la poca efectividad de los tribunales penales y la ausencia de testigos en los pocos juicios que se abren”.
Considera el también director de la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) que el tema de fondo es el modelo político que impera en el país desde 1999. “Este gobierno asegura que su visión del control de la inseguridad y de la prevención del delito es de izquierda y sustituye la represión de la derecha, la cual era profundamente antipopular y no atacaba las causas del problema sino sus consecuencias. La prédica oficial promueve la prevención e inclusión social, sin trabajar en paralelo con el tema del desarme de la población y con las graves fallas del sistema judicial. Es la norma que la Policía no actúe con contundencia. Es un asunto de visión de una nación cuyos ciudadanos están a merced del hampa”, reflexiona Briceño.
Otro de los ingredientes de este complejo cuadro se relaciona con la circulación de armas en Venezuela. Roberto Briceño advierte que no hay un estimado oficial: “El Gobierno no aporta ningún dato en este aspecto. La opacidad no sólo es en las cifras sobre economía u otros indicadores de importancia. Este tema tan sensible de la inseguridad está vedado a los investigadores y a los medios independientes”.
No obstante, desde el propio oficialismo se reconoce que se debe regular el porte de armas. El presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional (AN), el diputado del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela Juan Mendoza, aseguró a la prensa local que en los próximos meses se verá “el efecto de la puesta en práctica de la reforma de la Ley de Armas, Explosivos y Municiones”. Esta disposición fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional en junio pasado.
Dijo el diputado que en el país circulan “entre 9 y 15 millones de armas legales e ilícitas, pistolas y revólveres, que están en poder de la población civil, y la idea fundamental del proyecto es sacarlas de circulación y poner orden en este tema”. La norma establece que una persona tendrá derecho a portar una sola arma (de fuego) para su defensa personal y podrá comprar 50 municiones al año.
Argumenta Mendoza que la gran cantidad de armas en manos de la ciudadanía es consecuencia de un extendido negocio “del que se beneficia un reducido grupo, a costa de la vida de muchos”.
El director del OVV sostiene que “hay diversas lecturas y versiones de estos datos. Algo que pareciera estar claro es que el número de armas con porte legal ronda las 25.000 unidades. Nadie sabe a ciencia cierta cuántas son las armas sin registro. Hay quien dice que son más de 10 millones”.
Roberto Briceño León explica además que otro elemento a ser tomado en cuenta es la importancia para el modelo político bolivariano de las milicias (grupos civiles paralelos a las Fuerzas Armadas). “¿Y qué son las milicias? El pueblo en armas. ¿Y quién las financia?”, se pregunta.
Luis Izquiel agrega otro elemento: la introducción de los “colectivos” o grupos parapoliciales armados que tienen el control de barrios populares de las principales ciudades del país, con la misión de defender a la revolución bolivariana. “Estos grupos han crecido exponencialmente en los últimos diez años y están armados. Hay videos, fotos y testimonios de gente valiente de los barrios que no quiere vivir en ciudades extremadamente violentas. El que armó a estos grupos se debe sentar con sus líderes y desarmarlos o desarticularlos”.
Explica que este es un punto fundamental en el proceso de desarme y que debe activarse “y comenzar a parar el baño de sangre en Venezuela. Además, el Gobierno debe reconocer que tiene un enorme problema como el de la inseguridad ciudadana”.