Las autoridades venezolanas han establecido una moratoria de un año en la importación de armas de fuego con fines comerciales con el fin de "poner orden" en ese sector y como parte de las medidas que lleva a cabo el Gobierno para responder a las altas tasas de violencia.
El secretario técnico de la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, Pablo Fernández, indicó hoy en una entrevista con el canal estatal VTV que desde el día 29 de febrero "han quedado suspendidas las importaciones de armas en Venezuela".
De esa restricción quedan exceptuados los cuerpos de seguridad del Estado, la Fuerza Armada y las compañías de seguridad debidamente registradas.
Fernández indicó que esto permitirá, además, controlar el ámbito de la seguridad privada que, según dijo, "ha ido degenerando hacia un caos".
La suspensión de la importación está acompañada de otras medidas como "un proceso nacional de regularización de la tenencia de armas", que va a tener una duración de tres meses y va a servir para hacer un registro a personas "con armas adquiridas legalmente pero sin papeles en regla".
También se prevé un mecanismo de control de municiones que permita rastrear su procedencia.
Venezuela tiene uno de los índices de asesinatos más altos de la región, con 48 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Según cifras de parlamentarios, en el 98 % de los homicidios que se registran en el país suramericano está involucrada un arma de fuego y el 63 % de los muertos recibió más de 5 balazos