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Venezuela, un llamado a la cordura

Aunque la polarización crece en Venezuela, hasta los contradictores de Nicolás Maduro admiten que en ese país no es viable un golpe de Estado. Santos se solidariza con su homólogo y pide buscar soluciones por medio del diálogo.

Redacción Internacional
21 de febrero de 2015 - 04:05 a. m.
Varios venezolanos salieron a las calles como muestra de apoyo al alcalde Antonio Ledezma, detenido, según el gobierno, por cometer “delitos contra el país”.  / AFP
Varios venezolanos salieron a las calles como muestra de apoyo al alcalde Antonio Ledezma, detenido, según el gobierno, por cometer “delitos contra el país”. / AFP
Foto: AFP - FEDERICO PARRA

Las recientes denuncias del gobierno de Nicolás Maduro sobre la existencia sobre un supuesto eje desde Colombia, España y Estados Unidos para conspirar contra el gobierno venezolano no tuvieron eco en la comunidad internacional, que rápidamente salió ayer a reclamar respeto por la libertad de opinión y de prensa en ese país. Es más, los jefes de Estado de los tres países a los que Maduro hizo alusión rechazaron tajantemente que desde sus suelos se pueda gestar un complot contra nación alguna.

Y aunque hay que destacar que España y Estados Unidos fueron contundentes en calificar como falsas infundadas las palabras del presidente venezolano, también quedó claro que la diplomacia colombiana optó por una línea más preocupada por destacar la importancia de la armonía en las relaciones Caracas-Bogotá. De hecho, el presidente Juan Manuel Santos enfatizó que si alguna facción colombiana estuviese en algún plan contra Venezuela él “no sólo lo condenaría, sino que actuaría con toda la contundencia de la ley”.

Tensión en Caracas

Una foto tipo carné del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, detenido la noche del jueves, fue una de las supuestas pruebas que el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, presentó ese día como señal “inequívoca” de la nueva intentona golpista que “sectores de la derecha” fraguaban contra el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro. El número dos del chavismo también exhibió imágenes de computador del Palacio de Miraflores, el Ministerio Público, la Cancillería y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), instituciones que serían blanco del “Plan Jericó, estrategia internacional diseñada desde Miami, Bogotá y Madrid para sembrar el caos en Venezuela”, según dijo el gobierno.

Cabello señaló que José Gustavo Arocha, empresario, y el general retirado Ascanio Tovar viajaron a Miami acompañados del exdirigente de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) Ramón Guillermo Aveledo —quien renunció a la dirección opositora en julio de 2014 por las diferencias internas— para afinar los detalles de la presunta estrategia golpista. “Ledezma y el diputado opositor Julio Borges movían los hilos en Caracas”, aseguró Cabello en su programa “Con el mazo dando”. El grupo conspirador también se habría reunido con J.J. Rendón, exasesor político del gobernador de Miranda, Henrique Capriles, “para planear la campaña internacional de desprestigio”, señalaron desde Miraflores.

Tras la detención de Ledezma, Maduro insistió en la existencia de dicho eje, cuya “intención no es otra que difundir mentiras sobre Venezuela”. “Desde Madrid, la derecha; de Bogotá, la ultraderecha, y de Miami, la ultraderecha, han hecho un eje Madrid-Bogotá-Miami para conspirar contra nuestra patria, y todos los días sacan barbaridades de Venezuela”, dijo Maduro en su intervención del jueves en la noche. Días antes su gobierno les había pedido a las empresas españolas con intereses en ese país que influyeran en los medios de comunicación nacionales con el objetivo de que dejen de desprestigiar la imagen de Venezuela, “si no quieren sufrir represalias”. La respuesta del gobierno español no se hizo esperar. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, declaró que “la libertad de opinión y de prensa son dos principios irrenunciables”.

En Colombia, Cabello y Maduro siempre han señalado al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Dicen tener correos en los que supuestamente “apoya las acciones violentas promovidas por grupos fascistas en Venezuela”. En Estados Unidos, las frecuentes denuncias del gobierno venezolano se han enfilado hacia los exsubsecretarios de Estado para América Latina, Otto Reich y Roger Noriega. Pero no han entregado ninguna pruebas a las autoridades pertinentes. Por eso, el excandidato presidencial y líder opositor, Henrique Capriles le exigió a Maduro presentar las pruebas reales sobre el presunto golpe que estaría siendo gestado por varios representantes opositores.

La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jen Psaki le pidió al Gobierno de Venezuela que cese en sus acusaciones “falsas y sin base” contra otros países para “distraer de los problemas reales que enfrenta el país”. “Las acusaciones hechas por el gobierno venezolano de que Estados Unidos está involucrado en una trama golpista y desestabilizadora son infundadas y falsas”, dijo a través de un comunicado. Y agregó: “Los cambios de gobierno deben ser democráticos, pacíficos y conformes con el Estado de derecho”. Psaki aseguró que, “Estados Unidos no está promoviendo la inestabilidad en Venezuela ni intenta socavar la economía venezolana (...) los problemas económicos y políticos del país son el resultado de las políticas del gobierno venezolano”.

García-Margallo también le respondió a Maduro: “lo que está ocurriendo en Venezuela nos preocupa enormemente, pero, insisto, hablar de un golpe de Estado, de un eje Miami-Bogotá-Madrid, carece de conexión alguna con la realidad”. El presidente Juan Manuel Santos también negó tal complot.

Pero la tensión crece con el paso de las horas en Venezuela. Gobiernos y organismos latinoamericanos expresaron su preocupación por la detención de Ledezma, acusado de promover el supuesto golpe de Estado. “Sin duda existe preocupación porque el cuadro de polarización en Venezuela podría ser un obstáculo significativo para el diálogo entre Gobierno y oposición”, declaró Alvaro Elizalde, portavoz del gobierno chileno.
Ledezma, uno de los líderes más enérgicos de la oposición se suma al de Leopoldo López, que esta semana cumplió un año en prisión acusado de incitar a la violencia en las protestas del año pasado, que dejaron 43 muertos. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza declaró que “la detención de Ledezma ha provocado una fuerte alarma por la forma en que esta se llevó a cabo, y por el carácter de mandatario electo en ejercicio de su cargo”. Destacó “la necesidad de que se aclaren las denuncias sobre intentos de rompimiento de la institucionalidad democrática”.

¿Un golpe real?

Durante sus casi dos años de gestión, el heredero político de Hugo Chávez ha sido recurrente en denunciar supuestos planes golpistas e intentos de magnicidio. La oposición ha contado 12 en el último año. Sin embargo, el más reciente tiene ingredientes adicionales: la delicada situación económica, una inflación que roza el 70% anual, devaluaciones encubiertas, penuria de bienes básicos y desplome de su popularidad hasta 20%. “Son habituales casi a diario las denuncias sobre magnicidio, o intentos de golpe”, sentenció el director de Human Rights Watch, José Manuel Vivanco, en entrevista con Unión Radio.
Vladimir Villegas, periodista de El Nacional, no descarta que haya intenciones golpistas pero, en un artículo publicado en Últimas Noticias, dice que “lo que cuesta creer es que tengan la fuerza para lograrlo”. Y agrega, “aunque existe un innegable descontento, la mayoría determinante de las agrupaciones opositoras está en la tónica electoral, convencida de que no tiene una alternativa más viable que esa para el logro de sus fines políticos”.

Las pruebas contra Ledezma

Según el gobierno venezolano, la prueba principal para ordenar la detención de Antonio Ledezma es el documento ‘Llamado a los venezolanos a un acuerdo de transición’, firmado el 11 de febrero por él, María Corina Machado y Leopoldo López. El texto acusa al Gobierno de antidemocrático, ineficiente y corrupto. Además llama a restituir libertades “conculcadas”, como la soberanía, la paz social y el Estado de derecho, además de atender la emergencia social y estabilizar la economía.

 

Por Redacción Internacional

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