El ambiente político en Venezuela, marcado por una polarización de más de 16 años de gobiernos chavistas, se agitará aún más en los próximos 30 días, cuando se renueven los 163 parlamentarios de la Asamblea Nacional. Actualmente ese organismo está integrado por 97 diputados afines al chavismo y 66 opositores. La Mesa de Unidad Democrática (MUD), que agrupa los partidos de oposición, necesita 83 diputados para obtener el control, algo que, por primera vez en los últimos años, podría pasar el 6 de diciembre, según encuestas.
Los sondeos realizados por tres encuestadoras privadas señalan que la oposición lidera la intención electoral con más de 20 puntos de distancia frente al oficialismo. Sin embargo, el sondeo realizado por la encuestadora Instituto Venezolano de Análisis de Datos (IVAD), afín al Gobierno, dice que el triunfo del Partido Socialista Unido de Venezuela será contundente. Lo mismo que ha dicho con insistencia el presidente, Nicolás Maduro.
La semana pasada el mandatario aseguró que “si se prende el peo (conflicto), yo también salgo a la calle a defender la revolución”, al tiempo que acusó a la derecha de estar arreglando un pacto con paramilitares para adicionar mayores crímenes en el país y fomentar la desestabilización y el caos. También dijo que “en el hipotético negado de que la oposición llegara a ganar en esos comicios, el chavismo no entregaría la revolución y pasaría a gobernar con el pueblo y en unión cívico-militar”. Y remató: “No tienen viabilidad los planes de la derecha para revertir el proceso revolucionario”.
Maduro declaró “en emergencia la revolución” y pidió activar un plan “antigolpe” que garantice la victoria electoral en las parlamentarias. Un plan que, de acuerdo con la página Runrun.es, incluye la repartición de pensiones y becas, tabletas, cemento, ladrillos, puertas, heladeras, lavarropas y cocinas. Dice la página, crítica del Gobierno, que en los últimos días se han multiplicado las inauguraciones de obras y también la entrega de obsequios por parte de funcionarios oficiales.
Al mismo tiempo, en las calles se ve que los problemas de desabastecimiento y escasez no acaban. Los venezolanos siguen haciendo largas colas para poder acceder a los productos de primera necesidad, un problema que el Gobierno le había achacado al contrabando en la frontera con Colombia y que hoy, tres meses después, parece continuar. De acuerdo con analistas venezolanos, ese factor puede influir en el resultado electoral del 6 de diciembre, pues el 80% del país rechaza el manejo dado al tema.
La huida a Estados Unidos del fiscal del caso de Leopoldo López, Franklin Nieves, quien denunció que todo había sido un montaje, también parece golpear al oficialismo, que no ha definido el tema de la observación internacional del proceso electoral. Maduro rechazó la presencia de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como la de la Unión Europea (UE).
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), bloque regional cuya presidencia pro témpore ostenta Uruguay y que tiene 12 países miembros, se encuentra en negociaciones para conformar una misión de observación para las elecciones. Sin embargo, este proceso está estancado y aún no se ha firmado el acuerdo entre las cancillerías de los países miembros, dijeron a Efe fuentes de la Corte Electoral de Uruguay (CEU), que preside el Consejo Electoral del bloque regional.
La situación no ha cambiado desde que la semana pasada la CEU emitió una resolución en la que consideró que la misión estaba en “riesgo” por la cercanía del proceso y la falta de respuesta de Venezuela. La oposición levanta la voz para exigir la presencia internacional el 6 de diciembre, pero también hay voces que llaman a la calma. Miguel Pizarro, diputado por el partido Primero Justicia, aseguró a Televén que “esta es una oportunidad para que los venezolanos arreglen sus diferencias a través de la democracia”. Un llamado necesario en este momento.