De cada diez víctimas de homicidios en América Latina, dos son venezolanos, tres brasileños, uno colombiano y otro mexicano. Los tres restantes se dividen entre los otros países de la región. Esta es la conclusión de los investigadores de la ONG Observatorio de Violencia en Venezuela (OVV), basado en datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).
Cada año la OVV presenta un informe sobre los índices violentos en el país, que en los últimos años han representado un crecimiento. Sin embargo, en el 2015 las cifras marcaron un récord histórico. De acuerdo con la investigación del OVV, Venezuela registró este año una cifra de 27.875 muertes violentas, lo que ubica a esta nación en una de las más golpeadas por la violencia de la región, solo superada por El Salvador, en donde los enfrentamientos entre pandillas comienzan a dejar más muertos que los que produjo la guerra civil que sacudió a este país en los años 80.
En Venezuela las estadísticas comienzan a ser preocupantes: una tasa de 90 fallecidos por cada 100 mil habitantes, un incremento de 10 % respecto a 2014, cuando según cifras de OVV, se registraron 24.980 muertes violentas. La entidad señala que “esta tasa pudiera colocar a Venezuela como el país más violento de América”.
Ante la suspensión de informes de autoridades locales desde 2002, el OVV explicó que un cruce de datos de varios países, “permite estimar que para fines de este año se habrá cometido en América Latina y el Caribe un total de 145.000 homicidios, de los cuales Venezuela aporta 19 %”. El OVV, que denuncia “una ausencia total de información oficial sobre las cifras de homicidios”, aclara que los datos fueron obtenidos por los investigadores de las siete universidades que lo integran mediante el análisis del comportamiento violento y de las políticas públicas para enfrentar este problema.
Señala el informe, divulgado en esta capital, que el incremento de la violencia en 2015 ha acompañado el deterioro general de las condiciones de vida de la población, “el empobrecimiento, la escasez, la inflación, el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores y asalariados, la disminución de la disponibilidad y variedad de alimentos y medicamentos, la debilidad creciente en los servicios de salud y educación, el incremento del miedo y la pérdida del espacio público”.
Para la organización, hay seis factores que explican el incremento de la violencia en Venezuela este año. Entre ellos, está una mayor presencia del delito organizado, un mayor deterioro de los cuerpos de seguridad del Estado y el incremento de la “privatización de la seguridad”. Sobre este último aspecto explica que en Venezuela “ha ocurrido un proceso de privatización de la seguridad, en el que los particulares asumen las labores de seguridad debido al abandono de la protección del Estado y la ausencia de castigo”.
Este fenómeno aplica a “ciudadanos, que ejecutan linchamientos o contratan sicarios, así como a los propios funcionarios policiales o militares, quienes han respondido con las ejecuciones extrajudiciales”, dice el texto.
Promedios mundiales
Para el abogado y criminólogo Luis Izquiel, “esta tasa de 90 fallecidos por cada 100 mil habitantes supera a la global que es de 6,2% por cada 100 mil personas. La de Venezuela es más de 15 veces superior que la estimada por la Organización de las Naciones Unidas contra las drogas y el crimen”.
En diálogo con El Espectador, advierte que la Gran Caracas presenta cifras de 134 mil muertes por cada 100 mil habitantes, para fines de 2014, “y no dudo que en 2015 se incremente significativamente, pues para nadie es un secreto que los operativos activados por el gobierno de Nicolás Maduro como el de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) ha sido un fracaso y ha promovido la violencia oficial en sectores populares. Esta ha sido una estafa con fines electorales que se pretendió vender a los venezolanos. Las violaciones a los derechos humanos han sido muy evidentes. Luego de 23 planes de seguridad fracasados y de 15 ministros del Interior y de Justicia, la revolución no tiene cómo defender su política de seguridad ciudadana”, dijo Izquiel.
El informe del Observatorio Venezolano de Violencia y el analista coinciden en afirmar que la mayor presencia del delito organizado en la sociedad ha seguido utilizando la violencia como herramienta para aumentar el control territorial y las actividades de tráfico de drogas, secuestro y extorsión de comerciantes y empresarios. “Pero la situación de impunidad ha potenciado las cifras rojas. En Venezuela hay 98 % de impunidad, solo dos de cada cien delincuentes son castigados y la situación de los cuerpos policiales es patética”, señala.
El OVV sostiene que en 2013 fueron asesinados 100 policías, en 2014 cayeron 132 y en lo que va de 2015 van 144 fallecidos. Los salarios de los policías nacionales bolivarianos rondan los 20 dólares por mes, según el tipo de cambio no oficial de Venezuela. “Los delincuentes están mucho mejor armados que los policías y esto se ha evidenciado en los enfrentamientos que se han reportado en las llamadas Zonas de Paz, en donde el hampa tiene todo el poder y la autoridad”, advierte.
Otro informe reciente, producido por Carlos Marín, Integrante de Amnistía Internacional, advierte que un documento de la comisión presidencial para el control de armas, municiones y el desarme señaló que el mercado local de amas cortas puede llegar al millón 500 mil.
“Pero el hoy magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Juan José Mendoza, quien formó parte de una Comisión Legislativa de la Asamblea Nacional, llegó a la conclusión de que en Venezuela circulan entre 9 y 15 millones de armas entre cortas y largas. Este informe fue ocultado”, interviene Izquiel.
Para el OVV, todos estos factores, aunados a “la destrucción institucional que continúa padeciendo el país, son factores explicativos del incremento sostenido de la violencia y el delito en Venezuela. La institucionalidad de la sociedad se diluye cada vez más ante la arbitrariedad del poder y el predominio de las relaciones sociales basadas en el uso de la fuerza y de las armas”.
Este informe de coyuntura 2015 fue elaborado por investigadores de siete universidades públicas y privadas, con datos obtenidos de trabajo de campo en cuerpos policiales, centros de salud, morgues, entre otras entidades públicas.