Algunos colombianos que viven en el exterior se manifestaron ayer en distintas ciudades en contra del proyecto de ley que plantea el equilibrio de poderes. Ana Paola Agudelo, representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, del movimiento MIRA, habla sobre la importancia de esta población en cuanto a representación política, aportes económicos y proceso de paz.
¿Por qué las manifestaciones?
A causa del proyecto de ley de equilibrio de poderes, que plantea eliminar una de las dos curules a las que tienen derecho los colombianos en el exterior para su representación en el Congreso. Buscan manifestarse para que se revalúe esa propuesta y no perder esa curul. Hacen cuentas por regiones y ven que, si en el exterior son más de cinco millones, tendrían derecho a tener hasta 10 o 13 representantes. En muchas ocasiones se pide un senador especialmente para los colombianos en el exterior. Como eso no se ha dado, quieren que no se pierda lo poco que existe para su representación.
¿Qué argumentos tiene el equilibrio de poderes para eliminar esa curul?
Uno es la abstención por parte de los colombianos en el exterior en las últimas votaciones para Congreso y Presidencia, pero no se sostiene. Hay que analizar en qué condiciones votan: tienen que acercarse al consulado. Pero, por ejemplo en España, en las islas Canarias, tienen que desplazarse hasta siete horas en barco para llegar. El traslado para votar es difícil. Por eso han pedido más garantías e instrumentos electorales, como puestos móviles de votación y que puedan inscribir su cédula en cualquier momento, no sólo un año antes. Hay que mirar qué herramientas se les puede dar. La abstención no se da porque no quieran votar.
¿Qué estipula exactamente el equilibrio de poderes?
Que una de esas curules se les asignará a los raizales en San Andrés y para colombianos en el exterior quedará una. Entendemos que se le dé participación a San Andrés, que tiene dos curules. Y los raizales, por supuesto, deben ser representados, pero no sacrificando otro colectivo tan grande. Además, la idea es dárselo a raizales de San Andrés, pero raizales hay en todo Colombia; eso sería inconstitucional.
¿Qué aportan al país los colombianos en el exterior?
En remesas, alrededor de US$4.000 millones anuales, además de los impuestos. También está lo que aportan con la cultura, con lo que aprenden y llevan a otros países y con el aporte que hacen aquí a sus familias. En el proceso de paz tenemos las víctimas en el exterior. Según Acnur, hay registradas aproximadamente 500.000 con estatus de refugiadas. Considero que son más porque hay víctimas que no tienen ese estatus ni permiso de residencia donde viven, pero que salieron por causa del conflicto.
¿Cómo se han afectado las personas que están en Venezuela y no pueden enviar ni recibir remesas?
Hemos llamado a la canciller en varias ocasiones para que esto se solucione. En una reunión que sostuvo con Venezuela el año pasado, ese país se comprometió a estudiar una tasa de cambio para que los colombianos, los que envían y reciben, puedan hacerlo y dejen de estar aislados del proceso de divisas. Desafortunadamente se desencadenó la problemática actual y no hemos tenido solución respecto a remesas ni al cierre de la frontera. Pasan una situación difícil: a algunos no les venden comida por no tener documentos, se acercan a amigos venezolanos para que les vendan.
¿Qué pasa con las deportaciones de colombianos desde Venezuela?
Hemos llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores y a Migración Colombia para que estén atentos a recibirlos y reubicarlos. El Ministerio se ha apersonado, pero no es fácil. Muchos habían dejado a sus familias, permanecieron 10 o 20 años fuera del país y tienen que empezar casi de cero. Con Venezuela o cualquier país, Colombia puede llegar hasta donde empieza la soberanía de ese país y ahí no podemos interceder mucho. Todos los estados tienen potestad de deportar a quienes no tengan residencia legal. Venezuela ahora lo ha hecho en masa para liberarse un poco de la carga que tiene, de la insostenibilidad que hay allá.
Entre los que salieron a causa del conflicto, ¿qué porcentaje se ha beneficiado de la Ley de Víctimas?
En cifras estamos bastante mal. Si decimos que son alrededor de medio millón de víctimas las que están afuera, hasta la fecha se han registrado un promedio de 1.300, ni siquiera el 1%. Esto depende de muchos factores, pero entre ellos uno que se está mejorando: no había socialización correcta de la Ley de Víctimas. Hemos emprendido campañas que han funcionado, porque a noviembre teníamos 800 inscritos y a la fecha van 1.300. Aun así, sigue siendo insuficiente. Además, la ley dice que la fecha límite para la inscripción se acaba en junio de este año, entonces intentamos que se amplíe el plazo para los colombianos en el exterior, se le dé la difusión correspondiente y puedan acceder a los beneficios.
Las víctimas han tenido un rol importante en el proceso de paz. ¿Se ha tenido en cuenta específicamente a los refugiados?
A pesar de que las víctimas que son residentes han sido maltratadas y tienen procesos muy duros, las que están en el exterior son doblemente victimizadas porque se han tenido que ir a otro país y vivir todo el proceso del migrante, adicional al proceso de ser víctima. Requieren atención especial. En La Habana encontramos que estuvieron las víctimas, pero nadie representaba a las que están en el exterior. Hicimos un llamado a diferentes instituciones para que las incluyeran, hubo movilizaciones sociales y foros en el exterior. Fueron incluidas y en una mesa hubo un representante. Se pudo llevar la voz de estas víctimas, pero es insuficiente.
En una eventual refrendación de los acuerdos de paz, sería importante el voto de esos colombianos...
Es todo un reto. Los que tienen estatus de refugiados, de asilo, temen acercarse a las instituciones colombianas, en este caso al consulado, porque pueden perder su estatus. El compromiso que hacen con el país de acogida es que no se pueden acercar a ninguna institución del Gobierno hasta pasada cierta cantidad de años. Hemos pedido a la canciller que explique a esos países que la Ley de Víctimas es algo con lo que se les puede reparar mas no garantizar su seguridad. Si tuvieran que votar para el proceso de paz, habría que ponerles puestos de votación cercanos. Ellos están muy atentos al proceso, porque tienen a sus familias aquí y muchos desean retornar algún día sin temores.