Las violencias de Venezuela

Los índices de homicidios se mantienen por lo alto, mientras en ciertos sectores se comienza a hablar de actos violentos ligados a la política.

Un policía registra a un hombre en Petare, uno de los barrios más violentos de Caracas. / EFE
Un policía registra a un hombre en Petare, uno de los barrios más violentos de Caracas. / EFE

La Fiscalía de Venezuela aumentó en uno la lista de muertes por los hechos que se registraron en el país entre el 15 y el 16 de abril, cuando en una protesta a la que citó el líder opositor Henrique Capriles murieron nueve personas —la versión hasta esta semana había sido de ocho— y otras 78 resultaron heridas. La convocatoria a la manifestación se hizo tras la publicación de los resultados de las elecciones del 14 de abril, que dieron la victoria a Nicolás Maduro y que el opositor tildó de ilegítimos.

La fiscal general del país, Luisa Ortega, fue la encargada de reportar la nueva víctima y de condenar a los “llamados irresponsables de algunos actores a atentar contra las instituciones”, palabras que parecieron ir por el mismo cauce que las de la ministra de Prisiones, Iris Varela, quien públicamente le dijo a Capriles que le estaba alistando una cárcel.

Hasta aquí, la historia parece evidenciar dos realidades que Venezuela vive en la cotidianidad: la violencia social y la “violencia política debida a la polarización”, como la calificó el arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa.

Diversos sectores de la sociedad civil, como la Iglesia y la academia, han señalado que en el último tiempo el país se debate entre dos posturas políticas antagónicas e irreconciliables, donde el nivel de tolerancia mutua se acerca peligrosamente a cero. Sin embargo, aunque no exista un nexo factual entre estos dos tipos de violencia, el 80% de los venezolanos considera que la violencia —en su conjunto— sí es el principal problema que padece la nación. Lo sabe también Nicolás Maduro, quien durante su campaña y sus primeros días de gobierno ha pronosticado mano dura contra el crimen y sus autores.

No podría ser de otra forma para un país que, de acuerdo con las cifras oficiales, registró 3.400 homicidios en el primer trimestre de este año, con un intimidante promedio de casi 38 asesinatos por día. Del mismo modo, la ONU señala que el índice de homicidios por cada 100.000 habitantes se establece en 54, el más alto de Suramérica y el sexto más alto del mundo. Venezuela afronta cifras ampliamente superadas por el auge violento del narcotráfico en Centroamérica (Honduras: 91,6 homicidios por cada 100.000 habitantes; El Salvador: 69,2), pero cercanas a las de países como Costa de Marfil o las de Irak y Afganistán hace cinco años. La diferencia, claro, es que el país vecino no afronta ningún conflicto político-militar en su suelo, como ocurre en los casos citados.

Parece una violencia misteriosa. Además, “sorprende que todo esto ocurra en un país como Venezuela, que no tiene los niveles de pobreza, ni el conflicto político que padecen otros”, como asegura el director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño León. Esa organización cifra en 90% la impunidad derivada de los hechos violentos. En otras palabras, de cada 10 crímenes que se cometen en el país, nueve no reciben castigo ni se identifica a los responsables.

No obstante, la violencia es palpable. Los casos de secuestros exprés o familiares asesinados en un intento de robo son usuales en las calles de Caracas. El sociólogo Nicmer Evans, como el cardenal Urosa, hace la distinción: “Por una parte, hay un tipo de violencia estructural y, por la otra, una violencia inducida políticamente”. Bajo este punto de vista, esos nueve muertos a los que la fiscal Luisa Ortega hacía referencia podrían encajar en la segunda categoría, a pesar de que tanto Maduro como Capriles inviten en sus intervenciones a la movilización pacífica y a mantenerse al margen de las provocaciones de sus adversarios.

En cualquier caso, la tarea luce recia para el nuevo presidente, que tendrá que lidiar con los altos índices de crimen, sin cerrar la puerta al diálogo con la oposición. En la otra orilla, Henrique Capriles citó a una nueva manifestación: tendrá lugar el 1º de mayo, el Día del Trabajador, y pedirá un ajuste salarial acorde con la economía del país. En su cuenta de Twitter el líder de la oposición escribió: “Es inaceptable lo que propone el ‘Enchufado Mayor’. Después de dos devaluaciones y como va la inflación, el aumento no puede ser menos de 40%”. La fiscal Ortega anunció que están investigando los mensajes publicados en Twitter por Capriles.