Vivir en Gaza

La operación militar israelí vuelve a poner la atención en una de las zonas más empobrecidas y densamente pobladas del planeta.

Daniel Salgar Antolínez
13 de julio de 2014 - 02:00 a. m.
Daños producidos por un ataque aéreo israelí el pasado 10 de julio en la Franja de Gaza. / AFP
Daños producidos por un ataque aéreo israelí el pasado 10 de julio en la Franja de Gaza. / AFP
Foto: AFP - MOHAMMED ABED

La Franja de Gaza es uno de los lugares más densamente poblados del planeta. Una zona de 40 kilómetros de largo y 9,5 de ancho, donde viven alrededor de 1,8 millones de personas en una situación que se podría calificar como cautiverio. Los cinco pasos fronterizos controlados por Israel por lo general están cerrados, salvo para el ingreso de ayudas humanitarias. El paso terrestre de Rafah, en la frontera entre Gaza y Egipto, es controlado por las autoridades egipcias y también permanece cerrado la mayor parte del tiempo. Estos bloqueos impiden la movilización de la población palestina fuera de la Franja, así como el ingreso de productos básicos para la supervivencia.

Quizá la crisis de Gaza se deba a la falta de una administración responsable por parte de Hamás, una fuerza política islamista con un brazo armado que declara la resistencia a la ocupación israelí y que es considerado terrorista por Israel, EE.UU. y la Unión Europea, entre otros. Sin embargo, como concluyen un sinnúmero de analistas independientes, ONG y otros organismos internacionales, el deterioro en las condiciones de vida se deben principalmente al bloqueo que Israel ejerce sobre ese territorio desde junio de 2007, después de que Hamás se tomara la Franja de Gaza.

El gobierno israelí alega que ese bloqueó se inició y se mantiene como defensa ante los cientos de cohetes que son disparados por las milicias de Hamás contra Israel, y que la ocupación en Gaza se acabó desde que en 2005 el entonces primer ministro, Ariel Sharon, ordenara el desmatelamiento de los asentamientos y la retirada de los soldados y colonos israelíes que estaban allí desde la Guerra de 1967.

No obstante, el bloqueo actual se entiende como ocupación desde la perspectiva del derecho internacional. Además, no sólo afecta a los miembros de Hamás, sino a toda la población gazatí, por eso es visto como un “castigo colectivo” que constituye una violación del derecho internacional humanitario. Amnistía Internacional ha indicado que en lugar de golpear específicamente a grupos armados, “el bloqueo afecta sobre todo a los grupos más vulnerables, como los menores (que representan más de la mitad de la población de Gaza), las personas ancianas y las enfermas, así como a la gran población de las personas refugiadas”. Más de un millón de los habitantes son refugiados que fueron expulsados de sus tierras cuando se estableció el Estado de Israel en 1948.

Según la ONG Oxfam, el bloqueo ha devastado la economía de Gaza, ha restringido la libertad de movimiento y ha tenido un severo impacto negativo en la capacidad de la gente para satisfacer sus necesidades básicas. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos ha indicado que desde que comenzó el bloqueo el número de refugiados que viven en la absoluta pobreza en la Franja de Gaza se ha triplicado. Estas familias carecen de medios para adquirir productos como jabón, material escolar y agua potable.

La ONU ha estimado que más del 60% de las familias padecen “inseguridad alimentaria”. Los pescadores, por ejemplo, no pueden salir a pescar más allá de las seis millas náuticas. Los agricultores tienen restricciones para trabajar en las tierras más fértiles. El desempleo masivo, la pobreza extrema y la subida del precio de los alimentos causada por la escasez han hecho que el 80% de la población dependa de ayuda humanitaria.

El agua también es un problema. La única fuente de abastecimiento es un acuífero costero. Entre el 90 y el 95% de éste está contaminado por aguas residuales, productos químicos, agua de mar y plantas de desalinización. La ONU ha advertido que para el año 2016 la fuente de agua podría ser inutilizable, y para 2020 tendría un daño potencialmente irreversible. De hecho, ha advertido que en 2020 Gaza no será un lugar apto para vivir.

El informe de enero de este año del relator especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Richard Falk, dice que desde junio de 2013 la situación humanitaria en Gaza ha empeorado: sumado a los efectos del bloqueo israelí, “la destrucción por las autoridades egipcias de la mayoría de túneles subterráneos que, aunque resultaban problemáticos, contribuían a la supervivencia de los residentes, ha tenido efectos especialmente graves sobre la disponibilidad de combustible a precios asequibles en Gaza. Esto ha generado una escasez de energía que ha tenido como consecuencia el cierre de estaciones depuradoras de aguas residuales e interrupciones en servicios sanitarios especializados, como la diálisis renal, los quirófanos, los bancos de sangre, las unidades de cuidados intensivos y las incubadoras, lo cual pone en peligro la vida de pacientes vulnerables en Gaza”.

Las limitaciones en el sistema de salud son una preocupación de la mayor importancia. El bloqueo, al restringir el ingreso de materiales de construcción y otros productos, impide que se renueven infraestructuras y servicios, obstaculiza el mantenimiento y la llegada de equipos médicos, así como el suministro de medicamentos básicos. La ONG israelí Physicians for Humans Rights dice que el Hospital Shiefa —el mayor hospital de la Franja, que ha tratado a más de la mitad de los heridos desde el inicio de la actual ofensiva israelí Margen Protector— ha comenzado a utilizar sus suministros de emergencia, que podrían agotarse en cuestión de días.

Los desafíos humanitarios quizá podrían resolverse si no se tratara de una zona que es cada cierto tiempo bombardeada. La actual operación militar israelí es una más entre varias (en 1956, 1967, 1973, 1987-93, 2006, 2008-9, 2012) que en teoría tienen el objetivo de diezmar la capacidad de Hamás, pero en la práctica han terminado en una mortandad de civiles y destrucción de infraestructura .

Un ejemplo del impacto es la ‘Operación Plomo Fundido’, realizada por Israel de diciembre de 2008 a enero de 2009. Según la ONG israelí B’TSelem, 1.391 palestinos fueron asesinados, incluyendo al menos 759 civiles. Israel también dañó edificios e infraestructura, por lo que las instalaciones eléctricas, de agua y de alcantarillado, que estaban al borde del colapso incluso antes de la campaña, dejaron de funcionar por completo. De acuerdo con la ONU, Israel destruyó más de 3.500 viviendas, dejando a decenas de miles sin hogar. Durante la operación, los palestinos dispararon cohetes y proyectiles contra Israel, estos ataques mataron a tres civiles y un miembro de las fuerzas de seguridad .

Parece que bombardear Gaza no es la solución para garantizar la seguridad de Israel, porque a pesar de las pérdidas humanas y de infraestructura, Hamás sigue lanzando centenares de misiles en contra de la población israelí. Esos ataques son una violación al derecho internacional humanitario. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) emitió un informe días después de iniciada la ‘Operación Margen Protector. Dice que los grupos armados palestinos han disparado cientos de cohetes hacia Israel, que llegaron a las áreas metropolitanas de Tel Aviv, Jerusalén y otras localidades. “Sin embargo, la gran mayoría han caído en zonas abiertas, mientras que decenas de otros, dirigidas a las lugares urbanizados han sido interceptados por el sistema de intercepción de misiles Iron Dome”.

Lo mismo se ha repetido en los últimos días. El número de víctimas fatales en el lado palestino (más de un centenar) es muchísimo mayor a las del lado israelí (al cierre de esta edición no había un israelí muerto). En Gaza, a diferencia de Israel, no hay sirenas de alarma para cuando se aproxima un misil, menos un sistema antimisiles. El único gran refugio es el cielo, también controlado por el poder ocupante.

 

 

dsalgar@elespectador.com

@DanielSalgar1

Por Daniel Salgar Antolínez

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