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Desde hace dos meses los niños recién nacidos en San Miguel Canoa, una comunidad indígena del estado mexicano de Puebla, no tienen nombre oficial, los muertos son sepultados sin acta de defunción y los enamorados aguardan impacientes la llegada de un juez para contraer matrimonio.
El Congreso de Puebla aprobó en diciembre pasado una reforma que traslada la facultad que por 60 años ejercieron 453 presidentes auxiliares de las aldeas a los alcaldes de las 217 cabeceras municipales del estado a las que pertenecen.
El cambio legislativo entró en vigor en mayo pasado, cuando se eligieron los nuevos presidentes auxiliares, a través de un sistema democrático directo y sin representación de los partidos políticos con registro oficial.
Como en Canoa, otros 452 pueblos esperan inconformes que el servicio del Registro Civil se restablezca en ellos y no se ejerza sólo en las cabeceras municipales.
Las protestas y las movilizaciones comenzaron en varias comunidades tras la suspensión del servicio por la reforma legal.
"Para ir al Registro Civil de (la ciudad de) Puebla, debemos abordar cuatro camiones (autobuses) y nos hacemos trayectos de más de una hora. Perdemos un día de trabajo y tenemos que trasladar a la familia y los testigos para registrar a un niño, por ejemplo", dijo a Efe el presidente auxiliar de San Miguel Canoa, Raúl Pérez Velázquez.
En Canoa se han sepultado ocho personas sin acta de defunción porque los pobladores deben viajar a la ciudad de Puebla después de que la reforma legal les dejó sin el servicio y arriesgarse a pagar una multa de 1.000 pesos (77 dólares) si llega con una hora de retraso a pedir el trámite tras el deceso de una persona.
"Es ridículo porque el Gobierno dice que nos va apoyar, y cuando vamos por un acta nos multan por llegar tarde a sabiendas de que estamos lejos y a ellos no les importa que tenemos tendidos los difuntos", agregó Pérez.
Canoa sólo es una de las 17 juntas auxiliares que hay en la capital del estado homónimo de Puebla, donde hay poblados muy dispersos desde los que la gente tiene que caminar hasta tres horas para llegar a la cabecera municipal a realizar un trámite.
Por ello comenzaron las protestas sociales hace unas semanas. En el sur del estado, habitantes de 28 pueblos rurales tomaron oficinas gubernamentales, un hospital y cerraron una carretera. En el desalojo hubo 10 heridos.
El 9 de julio pasado, habitantes de la junta auxiliar de Chalchihuapan bloquearon una autopista. El intento de los policías estatales de liberar la vía derivó en un enfrentamiento que dejó 47 agentes y dos civiles heridos, según las cifras oficiales.
En la refriega, un artefacto lanzado por los policías golpeó la cabeza de un niño de 13 años que se dirigía a un campo de cultivo, según el testimonio de su madre. El menor se encuentra en estado vegetativo como resultado del impacto.
Según los manifestantes, durante el enfrentamiento al menos 30 de ellos resultaron heridos por balas de goma, algo que negó el secretario de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, quien dijo que los agentes solo portaban escudos, bastones y gases lacrimógenos.
Y es que los legisladores del estado aprobaron en mayo pasado una ley presentada por el gobernador, Rafael Moreno Valle, que permite a la Policía usar armas de fuego y otras no letales en manifestaciones violentas.
La llamada "Ley Bala", que ha sido impugnada en los tribunales, ha sido muy criticada en las redes sociales y por numerosas organizaciones defensores de los derechos humanos.
Para Raúl Pérez, del pueblo de Canoa, la retirada del servicio del Registro Civil y la posibilidad de que pueden ser reprimidos con esta nueva ley suponen una violación del Convenio 169 de los pueblos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
"Nos sentimos discriminados porque nos niegan los servicios. Nos han orillado a dejar nuestro pueblo porque preferimos cruzar una barranca que a 200 metros que nos divide de Tlaxcala (estado vecino de Puebla). Ahí acordamos hacer nuestros trámites porque en nuestro estado no se puede", lamentó.
En septiembre de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los tratados internacionales en materia de derechos humanos con México tienen rango constitucional.
Puebla es el único estado mexicano que conserva la figura de presidencias auxiliares, ocupadas por ciudadanos que otorgan a sus pueblos, entre otros servicios, el del Registro Civil, y son remunerados por los ayuntamientos a los que pertenecen.