El rompecabezas del escándalo en la Corte

La crisis que vive la Corte Constitucional, por cuenta del presunto soborno para fallar una tutela, tiene en la mira de la justicia a particulares, magistrados y exmagistrados de ese alto tribunal. Y esto apenas empieza.

María Flórez - Juan David Laverde Palma
15 de marzo de 2015 - 01:59 a. m.
El rompecabezas del escándalo en la Corte

 

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Mauricio González, el denunciante

Es abogado de la Universidad del Rosario y especialista en economía. En 2007 fue elegido magistrado de la Corte Constitucional de una terna enviada por el gobierno de Álvaro Uribe, de quien fue secretario jurídico. Tres años después, los magistrados Mauricio González y Jorge Pretelt (hoy enfrentados) fueron los únicos que apoyaron la legalidad del referendo reeleccionista que buscaba un tercer mandato consecutivo de Uribe. El 27 de febrero pasado, González denunció ante la Comisión de Acusación que el abogado barranquillero Víctor Pacheco le refirió que Pretelt le había pedido $500 millones para fallar favorablemente una tutela interpuesta por la fiduciaria Fidupetrol. Ante las versiones de Pretelt según las cuales hay un complot para sacarlo, González señaló que estas denuncias tan graves debían ser resueltas cuanto antes por la justicia.

El pasado 4 de marzo, González asistió a la Comisión de Acusación para ampliar su denuncia. A la salida de esa diligencia, dijo que una vez se esclarezca la verdad la Corte saldrá fortalecida. Su último pronunciamiento fue el pasado 10 de marzo luego de la exótica versión de Víctor Pacheco en la Fiscalía. Según dijo el sinuoso testigo, Pretelt le había sugerido entregarles regalos a la exesposa de González, Marcela Monroy, y a su hijo de 17 años. Al respecto, el magistrado de origen tolimense declaró: “Este hecho nuevo referido por el doctor Pacheco es un delito y, además de ser enteramente falso, es de una vileza inconcebible”. La abogada Marcela Monroy advirtió que tomará las acciones legales que correspondan para defender su buen nombre.

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Víctor Pacheco, ‘El embajador de Barranquilla’

Poco conocido hasta ahora, Pacheco es un abogado de más de 70 años. Es muy cercano a la poderosa familia Char y ha defendido a una constructora del exalcalde de Barranquilla Alejandro Char Chaljub, a la estatal petrolera Ecopetrol y a la firma Promigas. Se dice que es cercano al magistrado Gabriel Eduardo Mendoza, barranquillero como él, y que le ayudó en el Encuentro de la Jurisdicción Constitucional que se hizo en agosto de 2012 en la capital del Atlántico. Allí los magistrados tomaron un planchón por el río Magdalena, al parecer, pagado o gestionado por Pacheco, a manera de encuentro social.

Pacheco es bien conocido en los círculos del poder de la Costa como un lobista profesional cuyo máximo protagonismo tuvo lugar hace un par de décadas, sobretodo en pleitos millonarios en el Consejo de Estado. Una fuente le relata a El Espectador que es un “Ascencio Reyes mejorado”, en referencia al conocido lobista que puso en aprietos a la Corte Suprema de Justicia en 2006. Según Mauricio González, Pacheco tocó las puertas de los magistrados de la Corte Gabriel Mendoza, Luis Ernesto Vargas y María Victoria Calle, con el fin de contarles la escandalosa petición de $500 millones que le hizo Pretelt para favorecer a Fidupetrol.

El primero en enterar a González de semejante ‘bomba’ el 3 de febrero pasado fue el magistrado Luis Ernesto Vargas. De inmediato González se comunicó con Pacheco y dos días más tarde se vieron personalmente en Cartagena. Allí Pacheco le ratificó su denuncia e incluso le dijo estar dispuesto a un careo con Pretelt para “afirmarle en su cara” la denuncia. Ante la imposibilidad de cuadrar ese careo por cuestiones de agenda del abogado barranquillero, González denunció el presunto soborno ante la Comisión de Acusación el 27 de febrero. Ese mismo día El Espectador publicó un extenso artículo con los primeros pormenores de este escándalo. El nombre de Pacheco saltó a la esfera pública e inundó los titulares de la prensa. El 3 de marzo, por orden del fiscal Eduardo Montealegre, el ente acusador abrió una investigación para determinar si ese abogado u otros particulares cometieron algún delito buscando favorecer a la fiduciaria. Pacheco, de hecho, era el abogado de Fidupetrol.

El 9 de marzo, Pacheco rindió una versión en la Fiscalía. Según trascendió, negó que Pretelt le hubiera pedido esa millonaria suma y aseguró que, en realidad, lo que ese magistrado le había dicho era que se necesitaban $400 millones para contratar a un abogado de peso que asumiera la defensa de la fiduciaria ante la Corte. Pacheco dijo, además, que Pretelt le había sugerido darles un regalo a la exesposa del magistrado Mauricio González, la abogada Marcela Monroy, y a su hijo de 17 años, con el fin de asegurar un fallo favorable. Sin embargo, esa versión no le resultó creíble a la Fiscalía porque a leguas se notaba que, ante la avalancha de acusaciones y la posibilidad de terminar procesado, intentó acomodar su primera denuncia. Pero, además, se conoció una grabación en la que, mucho antes de destaparse este escándalo, Pacheco le contaba al magistrado Vargas que sí hubo soborno y que éste se pagó a través de un contrato de Fidupetrol con el exmagistrado Rodrigo Escobar.

El 10 de marzo, pese a que aseguró que en el Congreso no tenía garantías, Pacheco asistió a la Comisión de Acusación. De esa declaración no se conocen mayores detalles, salvo su reconocimiento de que la versión que entregó a la Fiscalía fue distinta. Este miércoles 11 de marzo se hizo público que el abogado viajó a Chile, lo que generó suspicacias sobre cuándo regresará al país y si seguirá compareciendo ante la justicia.

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Jorge Pretelt, el enredado

Jorge Pretelt Chaljub es abogado de la Universidad del Rosario. Hijo de una familia conservadora de Córdoba, llegó al Consejo Nacional Electoral en 1998 y a la Corte Constitucional en 2009, luego de que el entonces presidente Álvaro Uribe lo ternara para ese cargo. Cuatro años atrás, en 2005, perdió la carrera por la Fiscalía con Mario Iguarán Arana. Pretelt llegó a la Corte como reemplazo del magistrado Marco Gerardo Monroy y obtuvo 67 votos en el Congreso. En esa época, asociaciones de ciudadanos y medios de comunicación advirtieron que su elección como magistrado estaba cantada y que era cuota de la Universidad Sergio Arboleda, en la que fungía como vicerrector. El 4 de febrero pasado, en un hecho inédito, Pretelt fue elegido —con apenas cinco votos a favor y cuatro en blanco— como presidente de la Corte Constitucional. Veintitrés días después, su nombre se vio comprometido por cuenta de una publicación de El Espectador en la que se destapó este escándalo.

El pasado 2 de marzo, en entrevista con este diario, Pretelt aseguró que los señalamientos en su contra obedecían a movidas políticas en la Corte y que constituían una retaliación por haber sido el magistrado ponente que tumbó el carrusel de las megapensiones. Dos días después, debido a la presión de sus colegas, se vio obligado a apartarse de la presidencia de la corporación, aunque aseguró que lo haría solo por 30 días. De nuevo fue corregido por la Sala Plena, que sostuvo que dejaría la presidencia hasta que este capítulo judicial fuera aclarado. Pretelt aseguró que se dedicaría a demostrar su inocencia. Sin embargo, la decisión pareció insuficiente. Con el paso de los días, el tiempo de Pretelt en la Corte parece contado. Los ministros del Interior y de Justicia, Juan Fernando Cristo y Yesid Reyes, le pidieron renunciar y, en la tarde de este miércoles 11 de marzo, al finalizar una sesión de la Sala Plena, sus ocho colegas le pidieron retirarse de la Corte. Su abogado Abelardo de la Espriella señaló que Pretelt está considerando la posibilidad de irse.

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Julián Bedoya, el investigador

Es representante a la Cámara por Antioquia y desde julio de 2014 se desempeña como presidente de la Comisión de Acusación. Sin sorteo alguno, Bedoya se autodesignó investigador del caso Pretelt por el supuesto soborno para favorecer a la compañía Fidupetrol. No pasó una semana para que saliera a relucir un oscuro pasado. Bedoya no es abogado titulado de la Universidad de Medellín, como erróneamente hace constar en su hoja de vida y en el portal Congreso Visible. Tan solo estudió cinco semestres de derecho. Además, ha estado envuelto en dos escándalos. El primero, cuando trascendió que fue expulsado de la Escuela de Oficiales General Santander de la Policía en el año 2000, luego de que, supuestamente, intentara quedarse con un arma oficial después de un entrenamiento en el polígono. El segundo, una vez se conoció que fue él quien hizo pública una grabación en la que se escuchaba al entonces director del noticiero de Teleantioquia Juan Pablo Barrientos cuestionando a algunos diputados de Antioquia, lo que le costó el puesto a ese periodista.

Así mismo, en la Asamblea de Antioquia se asegura que se fue a los puños en 2012 con el diputado Rodrigo Mesa (el mismo de la frase aquella de “entregarle dinero al Chocó es como perfumar un bollo”) y se le relaciona con políticos como Adolfo León Palacio, un hombre muy cercano al excongresista César Pérez García, condenado a 30 años de prisión por la masacre de 43 campesinos en Segovia, Antioquia, en noviembre de 1988. Muchos se preguntan si Bedoya es la persona indicada para investigar el mayor escándalo en la historia de la Corte Constitucional. De hecho, una fuente consultada por este diario sostuvo que Bedoya “trata de hacer el esfuerzo de tomar las versiones, pero carece de rigor jurídico”.

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Alberto Rojas Ríos, el de la selección

Fue elegido magistrado de la Corte Constitucional en 2013, de una terna propuesta por el Consejo de Estado. Tras desempeñar varios cargos en la Procuraduría, el liberal Alberto Rojas Ríos llegó a la Corte en reemplazo de Humberto Sierra Porto. En esa época, varios columnistas lo señalaron de tener relaciones con empresarios investigados, presentar inconsistencias en su declaración de renta y le recordaron un proceso penal en el que resultó procesado por la compra de unos derechos litigiosos de una viuda, caso fallado a su favor. En junio de 2014, el Consejo de Estado anuló su elección como magistrado por errores de procedimiento porque algunos magistrados anunciaron públicamente su voto, algo prohibido por reglamento.

Su nombre se vio envuelto en este escándalo cuando se hizo público que fueron él y Jorge Iván Palacio los magistrados que seleccionaron la tutela de Fidupetrol para que fuera estudiada por la Corte. En la grabación de la conversación entre el abogado Víctor Pacheco y el magistrado Luis Ernesto Vargas, que se conoció esta semana, se escucha a Pachecho decir que él les pidió a Alberto Rojas y a Jorge Pretelt que le “ayudaran” para que la tutela fuera seleccionada. Rojas rindió su versión ante la Comisión de Acusación este miércoles 11 de marzo y aseguró que la tutela se seleccionó con “absoluto rigor jurídico”. Además, dijo que nunca trató ese tema con el abogado Pacheco y negó conocer irregularidades sobre el trámite de esa demanda ante la Corte. Con una constancia que dejó en sus explicaciones a la justicia: la tutela fue seleccionada bajo la premisa de que la condena contra el exgobernador de Casanare Whitman Porras no fuera modificada. Es decir, solo se podía analizar si a Fidupetrol se le violó el debido proceso al no tener segunda instancia en este caso.

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Rodrigo Escobar Gil, a interrogatorio

Se desempeñó como magistrado de la Corte Constitucional entre 2001 y 2009. Fue contratado a finales de 2013 por Fidupetrol para que prestara una asesoría jurídica en el trámite de la tutela que presentó esa fiduciaria ante la Corte. El objetivo era tumbar un fallo de la Corte Suprema de Justicia que había condenado a la compañía a pagar $22.500 millones en 2013. El domingo 8 de marzo, la periodista María Isabel Rueda contó que, durante una entrevista que le realizó al magistrado Jorge Pretelt para el diario El Tiempo, Escobar estuvo acompañándolos y que le negó tajantemente ser abogado de Fidupetrol. Más tarde, el exmagistrado se vio obligado a reconocer que sí había asesorado a la fiduciaria. Pero su nombre se vio aún más comprometido cuando El Espectador publicó que, en una declaración que rindió el pasado 5 de marzo ante la Fiscalía, el magistrado Mauricio González relató que Rodrigo Escobar le mencionó durante un almuerzo, en febrero de 2014 en el restaurante la Table de Michel, que la tutela de Fidupetrol reposaba en su despacho y que la empresa había solicitado medidas cautelares para salvaguardar su patrimonio. Dicho comentario le incomodó mucho a González.

Al respecto, en una entrevista concedida a este diario el lunes 9 de marzo, Escobar dijo que el comentario no había sido malintencionado, que no había hecho lobby en este ni en ningún otro caso, que fue una “imprudencia” haber acompañado a Pretelt a la entrevista con Rueda y que los honorarios de $200 millones que le pagó Fidupetrol correspondían, exclusivamente, al concepto de asesoría, no a ninguna coima. Sin embargo, en la conversación que sostuvo con el magistrado Luis Ernesto Vargas, el abogado Víctor Pacheco aseguró que el intermediario entre Jorge Pretelt y Fidupetrol había sido Rodrigo Escobar Gil, con quien los representantes de la empresa habían pactado un pago de $400 millones para ganar esa tutela: $200 millones por la asesoría y otros $200 millones como bono de éxito si tumbaba el fallo de la Corte Suprema. Además, Pacheco señaló que Pretelt le dijo que la tutela estaba ganada, toda vez que la sala que iba a tomar la decisión estaba conformada por Mauricio González —sobre quien, supuestamente, tenía influencia Pretelt—, Gabriel Eduardo Mendoza y Luis Guillermo Guerrero, que había sido subalterno de Rodrigo Escobar. Al final, González llevó el caso a Sala Plena y la tutela fue negada por unanimidad. Escobar, por su parte, insiste en que sus actuaciones han sido transparentes y que solo se limitó a ayudar a Pacheco en el trámite de la tutela. El exmagistrado fue llamado a interrogatorio por la Fiscalía.

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Luis Guillermo Guerrero, el indignado

Fue magistrado auxiliar de Rodrigo Escobar Gil durante 8 años y de Gabriel Eduardo Mendoza por corto tiempo. En 2012 fue elegido magistrado de la Corte Constitucional, de una terna conformada por el Consejo de Estado. Para llegar al alto tribunal recibió el apoyo de Rodrigo Escobar, de la bancada conservadora en el Congreso y de varios congresistas de origen nariñense. Su nombre fue mencionado en este escándalo porque el abogado de Fidupetrol, Víctor Pacheco, aseguró que Jorge Pretelt le había dicho que Escobar controlaba el voto de Guerrero en la Corte y que podía convencerlo de favorecer a la fiduciaria en el trámite de la tutela. En entrevista con El Espectador, Guerrero señaló que nadie es dueño de su voto y que sus posiciones obedecen estrictamente a argumentos jurídicos. Además, declaró que no conoció la tutela en cuestión, porque cuando se discutió ese tema en la Sala Plena de la Corte él estaba en una comisión en Corea. Asimismo, sugirió que Jorge Pretelt debería separarse definitivamente del cargo para que el alto tribunal saliera bien librado de este episodio. Por último reconoció que una familiar lejana de Rodrigo Escobar, Claudia Escobar, es su magistrada auxiliar, aunque dijo que su exjefe no se la recomendó.

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Fidupetrol, la empresa liquidada

La Fiduciaria Petrolera S.A. (Fidupetrol) fue inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 17 de noviembre de 1994. En 2007, el gobernador de Casanare Whitman Porras ordenó entregarle a esa fiduciaria $25.000 millones de las regalías del departamento, que iban a ser invertidos en la Unión Temporal Carbones Likuen. Se trataba de financiar un proyecto privado con los recursos que había obtenido el departamento por concepto de explotación petrolera. Como el negocio era irregular y los dineros no regresaron a las arcas de Casanare, la Contraloría intervino. En 2009, teniendo en cuenta la información suministrada por el ente de control, la Fiscalía abrió una investigación por estos hechos. Cuatro años después, la Corte Suprema de Justicia determinó que la fiduciaria era civilmente responsable por la pérdida de esos recursos y la condenó a pagar solidariamente 22.500 de los $25 mil millones que le fueron entregados a Likuen.

Como el pago de la sanción reduciría el capital de Fidupetrol por debajo del mínimo legal, la Superintendencia Financiera ordenó su liquidación el 18 de junio de 2014. Ese mismo día, Fogafín designó como liquidador a Mauricio Castro Forero. Viéndose en la quiebra, los directivos de Fidupetrol interpusieron una tutela que llegó la Corte Constitucional, con la que buscaban tumbar el fallo de la Corte Suprema de Justicia y conseguir unas medidas cautelares para frenar el pago de esos dineros. Fue en ese escenario en el que, supuestamente, Pretelt le ofreció a Pacheco ayudarle con el trámite de la demanda para salvar a la fiduciaria. Más tarde se supo que, según Pacheco, las negociaciones para entregar el millonario soborno que tiene en jaque a la Corte se realizaron entre los directivos de Fidupetrol y el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil.

Escobar negó rotundamente esa versión y aseguró que la fiduciaria sólo le había pagado $200 millones por concepto de asesoría jurídica para acompañar esa tutela. Por estos hechos, la Fiscalía ya citó a interrogatorio a Guillermo Caballero Lozano, representante legal de Fidupetrol, quien deberá rendir cuentas por la responsabilidad de la fiduciaria en el presunto soborno que hoy enloda a la Corte.

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Luis Fernando Pretelt Chaljub, el hermano

Hermano del magistrado Jorge Pretelt. Ha sido interventor y contratista del Estado en el área de la construcción. En la página web de su compañía de arquitectura reporta haber diseñado las sedes en Bogotá y Santa Marta de la Universidad Sergio Arboleda —una institución con la que su hermano Jorge mantiene una estrecha relación y de la que fue vicerrector—. Su nombre fue mencionado en este caso porque el abogado Víctor Pacheco le dijo al magistrado Luis Ernesto Vargas que una parte del soborno para favorecer a Fidupetrol le había sido entregada, al parecer, a Luis Fernando Pretelt. En esa conversación, Pacheco cuenta que el exmagistrado “Rodrigo (Escobar), a su vez, le da un pedacito (del dinero que entregó la Fiduciaria) al hermano (de Pretelt) que se llama Fernando, que vive en la Calera”. Hasta ahora, ni Luis Fernando ni Jorge Pretelt Chaljub se han pronunciado sobre ese señalamiento, aunque éste último declaró que la grabación de esa charla estaba “adulterada”. La Fiscalía citó al arquitecto a interrogatorio.

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Luis Ernesto Vargas, el de la grabación

En 2009, Luis Ernesto Vargas fue elegido magistrado de la Corte Constitucional, de una terna conformada por la Corte Suprema de Justicia. En 2013 se convirtió en vicepresidente de esa corporación y un año después ocupó la presidencia, hasta febrero pasado, cuando Jorge Pretelt asumió ese cargo. Según las declaraciones del magistrado Mauricio González, Vargas fue quien le contó que, en una conversación personal, el abogado Víctor Pacheco le describió cómo Pretelt le había pedido $500 millones para fallar favorablemente la tutela de Fidupetrol.

Por eso, la Comisión de Acusación lo citó a declarar el pasado 4 de marzo. En esa diligencia ratificó lo dicho por González y, a su término, declaró: “la Corte está de luto”. Días después, le entregó a la Fiscalía la grabación de esa conversación con Pacheco, que se convirtió en la prueba reina de que el abogado sí había denunciado la existencia de un soborno. El audio, del que se desconoce cómo y por qué fue grabado, involucró aún más en este escándalo al exmagistrado Rodrigo Escobar e hizo emerger a un nuevo personaje en escena: Luis Fernando Pretelt Chaljub, hermano de Jorge Pretelt, supuesto beneficiario del soborno.

Al respecto, el magistrado Pretelt declaró que Vargas cometió “un delito” al grabar la charla con el abogado y sostuvo que el audio era “ilegal” y que estaba “adulterado”. Además, dijo que el anterior presidente de la Corte había utilizado la acusación del presunto soborno para “enturbiar” su llegada a la presidencia y cuestionó que no hubiera denunciado oportunamente esos hechos ante la Fiscalía y la Comisión de Acusación. Vargas, por lo pronto, guarda silencio.

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Eduardo Montealegre, ‘El impedido’

El 3 de marzo, la Fiscalía anunció que por orden del jefe de esa entidad, Eduardo Montealegre, se daría apertura a una investigación para determinar “la posible participación de personas particulares” en este escándalo. Montealegre designó al vicefiscal Jorge Perdomo para que adelantara las pesquisas y, desde entonces, el ente investigador ha citado a los principales protagonistas de estos hechos para que den las explicaciones pertinentes. Pero el 11 de marzo el fiscal sorprendió con el anuncio de que se declaraba impedido para conocer este caso, porque en 2010 le había prestado una asesoría jurídica a Fidupetrol por valor de $80 millones. En el impedimento que presentó ante la Corte Suprema de Justicia el 10 de marzo, dejó consignado que la fiduciaria lo contrató para elaborar un concepto que “se refería a problemas jurídicos relacionados con la presunta responsabilidad fiscal de Fidupetrol en la colocación de recursos provenientes de regalías del Casanare”.

Montealegre, que en esa época trabajaba como consultor independiente, preparó un documento para que la empresa se defendiera ante la Contraloría, que le adelantaba un proceso fiscal por el desfalco de las regalías en Casanare durante la administración de Whitman Porras. Aunque la investigación por el supuesto soborno en la Corte Constitucional no reposaba en su despacho, el fiscal prefirió curarse en salud y apartarse de las labores con las cuales se busca determinar si el abogado Víctor Pacheco u otros particulares cometieron algún delito.

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Whitman Porras, el condenado

Se desempeñó como gobernador de Casanare entre septiembre de 2006 y diciembre de 2007, cargo en el que fue designado por el entonces presidente Álvaro Uribe. Porras llegó a la gobernación en reemplazo de Miguel Ángel Pérez, a quien la Corte Suprema de Justicia condenó en 2006 por enriquecimiento ilícito al probarse sus nexos con las autodefensas. El 16 de marzo de 2009, la Fiscalía lo vinculó a una investigación por el detrimento patrimonial que sufrió el departamento luego de que él le entregara $25.000 millones a Fidupetrol para financiar a la Unión Temporal Carbones Likuen. El 28 de junio de ese año fue detenido y en 2010 la Procuraduría lo sancionó e inhabilitó para ejercer funciones públicas durante 11 años, tras hallarlo responsable de suscribir convenios irregulares y modificar el presupuesto del Casanare sin el consentimiento de la Asamblea.

En marzo de 2013 la Corte lo condenó a 18 años de cárcel por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, en el mismo fallo en que encontró responsable a Fidupetrol. El alto tribunal también condenó a Porras a pagar $42.342 millones por concepto de indemnización, no solo por el desfalco que cometió por medio de Fidupetrol, sino también por canalizar millonarias sumas de dinero a través de Fiduagraria con destino a las arcas de varios consorcios. Extrañamente Fiduagraria no resultó condenada como tercera civilmente responsable en este expediente. Porras se encuentra recluido en la cárcel La Picota.

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Por María Flórez - Juan David Laverde Palma

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