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Al tiempo que los magistrados del Consejo de Estado revisan con lupa si el procurador Alejandro Ordóñez debe continuar o no en el cargo y analizan al detalle si se debe revivir la cuestionada reforma a la justicia, entre otros procesos trascendentes, sigilosamente avanza en ese tribunal una acción de tutela que busca reintegrar en su cargo como magistrado de la Corte Constitucional al polémico abogado pereirano Alberto Rojas Ríos.
La tutela fue radicada el pasado 15 de julio en un documento de 45 páginas en el que el exmagistrado sostiene que, con su salida del cargo, se vulneraron sus derechos al debido proceso y a su participación en la conformación, ejercicio y control del poder político. La pretensión es que se suspendan los efectos de la sentencia que fue proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado el pasado 25 de junio de 2014, la cual declaraba nula su elección.
El trámite de la acción constitucional ya ha dado varios pasos en el Consejo de Estado. Se presentó ante la Sección Primera, pero cuatro de sus integrantes se declararon impedidos. Después pasó a la Sección Segunda y todos los magistrados manifestaron su inhabilidad. La situación se repitió en la Sección Tercera. El caso es que ya se han declarado impedidos 17 magistrados. Todos porque participaron en la elección de Rojas.
Ante esta inédita situación queda pendiente la decisión de dos secciones del tribunal o que el caso lo definan conjueces. “En la justicia hay una pelea de intereses y vieron la oportunidad de sacarme”, sostiene el exmagistrado Alberto Rojas. “Los jueces de la Sección Quinta se equivocaron y debo pensar que fue de buena fe. Algunos dicen que la postura de derecha de algunos magistrados incidió en el caso, pero no lo creo. Lo que me llama la atención es la filigrana que usaron”, añadió el jurista.
La tutela señala que los magistrados de la Sección Quinta interpretaron erróneamente el reglamento interno del Consejo de Estado y que hubo exceso ritual para imponer una interpretación restrictiva del reglamento. Además advierte que la designación de los conjueces que fallaron en su caso no reparó en que el sorteo debía realizarse primero entre los demás magistrados del alto tribunal. Sólo evacuando esta opción podían nombrarse personas para desempeñar el cargo de magistrado.
De paso, Rojas defendió su gestión de 14 meses en la Corte Constitucional y destacó: “Sobre mi vida profesional se concluyó que no hay tacha. La decisión fue un exceso de rigorismo que terminó concluyendo que por unos consejeros que se pusieron de pie para elaborar una terna se generó una nulidad. Creo, como dicen algunos, que todo se produjo por los casos que llevaba en la Corte Constitucional. Para nadie es un secreto que yo tenía la ponencia del Marco Jurídico para la Paz, entre otros casos, pero igual confío en la justicia”.
La historia del abogado Alberto Rojas en la Corte Constitucional tuvo su origen el 1º de septiembre de 2012. Ese día terminó su período el magistrado Humberto Sierra Porto. Apoyado por el expresidente César Gaviria y un amplio sector del Congreso, Rojas tomó la decisión de buscar un asiento en la Corte para reemplazar a Sierra. El abogado pereirano tenía un handicap electoral interesante porque una década atrás casi logra llegar a la misma Corte. Hace cuatro años perdió la Contraloría con Sandra Morelli.
A comienzos de 2013 empezó su campaña en el Consejo de Estado. Después de tres meses de votaciones fue incluido para disputar la magistratura con el abogado Alejandro Linares Cantillo y la exfiscal Martha Lucía Zamora. Entonces aparecieron denuncias de algunas veedurías y de medios de comunicación en su contra por su ejercicio como abogado privado. Se cuestionó que en 2001 Rojas había sido procesado por la justicia por los delitos de falsedad en documento público agravada en concurso con estafa agravada.
El episodio tuvo que ver con el supuesto cobro indebido de $116 millones por una indemnización que, según la denunciante y cliente Isabel Cristina Marín Niño, el abogado Rojas se apropió indebidamente. Los recursos eran derivados de una indemnización pagada por la Alcaldía de Fusagasugá, declarada responsable de la muerte de Julio César Rodríguez, esposo de la demandante, en un accidente. No obstante, el 30 de julio de 2009, el Juzgado 21 Penal de Bogotá decretó la prescripción del proceso y absolvió a Rojas.
Rojas afianzó su campaña y el 10 de abril de 2013, con votación arrolladora, fue elegido por el Senado como magistrado de la Corte Constitucional. A las tres semanas, el 2 de mayo, el presidente Juan Manuel Santos lo posesionó en el cargo. Casi de inmediato, el 24 de mayo, la Red de Veedurías formuló acción de nulidad electoral contra Rojas en el Consejo de Estado. Entre tanto, el magistrado siguió en su labor con la certeza de que la demanda en su contra estaba lejos de prosperar en el contencioso.
El Espectador revisó sus actuaciones en la Corte Constitucional y encontró que en los 14 meses que estuvo en el cargo firmó 232 sentencias de Sala Plena, 209 de las salas de revisión de tutela en las que participó, 99 sentencias de tutela con ponencia suya y 31 sentencias de Sala Plena, para un total de 571 sentencias, entre ellas la que redujo los precios de la gasolina y una que defendió los derechos de la población LGBTI. Además tenía a su cargo la ponencia para el Marco Jurídico para la Paz.
Sin embargo, el pasado 25 de junio acabó todo para Alberto Rojas cuando el Consejo de Estado declaró la nulidad de su elección. Por estos días se dedica a dictar clases, pero decidió destapar sus cartas. El primer paso es una tutela que aspira a que se resuelva en dos meses: “Soy el único magistrado en la historia que ha salido de la Corte de esta manera. Son vicisitudes de la democracia, pero también se puede dar la noticia de que seré el único magistrado que vuelve a la Corte Constitucional después de haber sido sacado”, concluye Rojas.
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