Ajedrez del procurador

Alejandro Ordóñez Maldonado, procurador general, está a la espera de una decisión trascendental del Consejo de Estado para continuar o no en su cargo. / Archivo

Hace tres años, ya en tiempos de Santos y superada la confrontación que en su momento habían librado la Corte Suprema de Justicia y el gobierno Uribe, los altos tribunales se preparaban para ser reformados. El poder político estaba cambiando, Santos y Uribe empezaban a mostrarse los dientes y el procurador Alejandro Ordóñez ejercía el poder disciplinario sin contratiempos. Hoy Santos se apresta a iniciar su segundo gobierno, las cortes pelean con la certeza de que la reforma regresa y el jefe del Ministerio Público tambalea en su cargo.

Una vuelta de tuerca que le quitó el protagonismo a la Corte Suprema, donde el magistrado Francisco Ricaurte llegó a ser el rey y la Corte Constitucional empezó a transformarse después de cerrarle el paso a Álvaro Uribe a su tercer mandato en 2010, pero le dio un aire nuevo al Consejo de Estado. Hasta ese momento el máximo tribunal administrativo era funcional a Ordóñez, quien había pertenecido a esa corporación entre 2000 y 2008. Las cosas empezaron a cambiar cuando el fortín del procurador se volvió el poder judicial noticioso.

El 28 de febrero de 2012 llegó el primer giro. Súbitamente el Consejo de Estado, en medio de presiones políticas y una embestida mediática contra su pareja, el excongresista y exmiembro del grupo guerrillero M-19 Carlos Alonso Lucio, tumbó la elección de la fiscal Viviane Morales por un cambio en el reglamento de la Corte Suprema. Días después, en su reemplazo, fue escogido el abogado Eduardo Montealegre. Fue la misma época en la que el procurador Ordóñez empezó a buscar su reelección, sin el apoyo del Gobierno.

Aunque el Consejo de Estado había sido su postulante en 2008, Alejandro Ordóñez advirtió en 2012 que, a pesar de haber sido su plataforma de proyección profesional, ya no era su aliado. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, que estaba modificando su composición y en su recambio no era el tribunal que confrontó a Uribe entre 2007 y 2010, terminó dándole su aval. El 27 de noviembre de 2012, el procurador Alejandro Ordóñez fue reelegido. De ahí en adelante el Consejo de Estado comenzó a tomar un protagonismo inusitado.

El 16 de abril de 2013, a pesar de que un año atrás había determinado que el elegido fiscal Montealegre debía terminar el accidentado cuatrienio que empezó a contar cuando Mario Iguarán dejó la Fiscalía en 2009, el Consejo de Estado le amplió su período hasta el 26 de marzo de 2016. El argumento fue respetar los cuatro años institucionales determinados por la Carta Política. Desde ese momento, Eduardo Montealegre quedó fortalecido. Entonces se la jugó por el proceso de paz en La Habana y cada vez más cercano al Gobierno.

En junio de 2013, la Sección Quinta del Consejo de Estado le dio un segundo espaldarazo al fiscal. Dejó en firme el nombramiento de su segundo, el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, cuya designación había sido demandada porque supuestamente no contaba con la experiencia laboral para ejercer el cargo. Con el respaldo del Contencioso Administrativo a Montealegre y Perdomo, la Fiscalía quedó robustecida. Igual que el fallador. Se aproximaban las elecciones presidenciales y la política también jugaba en la justicia.

Sin embargo, en medio de la pelea entre uribistas y santistas, se atravesó el procurador cuando en diciembre destituyó al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Ahí empezó el enredo. El primer trimestre de 2014 fue de intensa pelea jurídica, hasta que en mayo el Consejo de Estado suspendió el fallo del Ministerio Público que había destituido e inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos al mandatario de Bogotá. El alto tribunal le otorgó medidas cautelares, Petro conservó su mandato y apoyó a Santos en su reelección, y el panorama comenzó a cambiar en la cortes.

Aunque desde noviembre de 2012 el procurador Alejandro Ordóñez fue reelegido, pocos meses después los abogados Carlos Mario Isaza y Rodrigo Uprimny demandaron su permanencia en el cargo. Es decir, mientras el jefe del Ministerio Público documentaba el caso Petro, silenciosamente andaba en el Consejo de Estado la demanda en su contra. Sin embargo, por la misma vía ya avanzaba otro proceso jurídico para desvertebrar el esquema que se había montado en la justicia para que algunos exmagistrados conservaran sus poderes.

En dos días, entre el 25 y 26 de junio, el Consejo de Estado anuló las magistraturas de Francisco Ricaurte en el Consejo Superior de la Judicatura y de Alberto Rojas en la Corte Constitucional. Ricaurte cayó porque en noviembre de 2012 había llegado como magistrado en la Judicatura y durante su gestión como magistrado de la Corte Suprema de Justicia entre 2004 y 2012 había participado en la designación de quienes terminaron elegiéndolo. A Rojas lo tumbaron por irregularidades en su elección. En ese momento la pelea era por la Contraloría.

La postulación del exprocurador Edgardo Maya por parte de la Corte Constitucional, Carlos Ardila Ballesteros por la Corte Suprema de Justicia y el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral Gilberto Rondón por el Consejo de Estado, volvió a agitar el ambiente político y judicial. Era claro que, con el cambio de gobierno y el deslinde definitivo entre Santos y Uribe, las cargas son otras. Sin embargo, seguía pendiente una pelea dormida: la de varios abogados para sacar del juego al procurador Alejandro Ordóñez Maldonado.

A pesar de que desde octubre de 2012 el consejero de Estado Alberto Yepes había invocado en un fallo diferente al tema que si la Constitución y la ley no prohibían la reelección de funcionarios, ésta podía ejercerse libremente, su postura cambió. En mayo de 2014, ya en calidad de ponente de la demanda contra la elección del procurador, siguió argumentando su legalidad. Sin embargo, ahora se sabe que presentó ponencia en la vía contraria. Es decir, que cree que la Constitución no le permite al Congreso reelegir al jefe del Ministerio Público.

Tres posturas distintas frente al mismo asunto. No obstante, en sus manos y en las de los magistradas Susana Buitrago y Lucy Jeannette Bermúdez, más los conjueces Ricardo Hoyos y Jaime Córdoba Triviño, hoy está la suerte del procurador. Se sabe que Buitrago apoya a Ordóñez. La magistrada Bermúdez se advierte decidida a votar contra el jefe del Ministerio Público. Lo que poco se sabe es que ella fue procuradora delegada ante el Consejo de Estado en tiempos de Edgardo Maya y salió cuando llegó Alejandro Ordóñez en 2009.

En otras palabras, todos en la transición entre dos gobiernos con el mismo mandatario parecen tener intereses creados. El fiscal Montealegre se mueve y tras bambalinas se dice que oficia casi como un ministro del gobierno Santos para el segundo cuatrienio; las fuerzas políticas hacen lo mismo y ante la perspectiva del nuevo gobierno pujan por la Contraloría, por los ministerios y si se puede por el Ministerio Público. El procurador Ordóñez siente, aunque no lo dice, que lo quieren tumbar por sus críticas al proceso de paz de La Habana.

Por ahora, la tabla de salvación de Ordóñez, radicada el pasado viernes, es la solicitud formal del magistrado Marco Antonio Velilla —alfil del uribismo y en su momento candidato a la Fiscalía—, para que la demanda contra la reelección del procurador en el Senado en noviembre de 2012 sea estudiada por la Sala Plena del Consejo de Estado. En ese escenario, aunque Ordóñez constató que ya no le camina como antes, es viable maniobrar. De lo contrario, parece con los días contados, como en su momento la fiscal Viviane Morales.

Los magistrados Alberto Yepes y Lucy Jeannette Bermúdez están en su contra, la consejera Susana Buitrago lo defiende y de los conjueces Hoyos y Córdoba poco se sabe. La suerte parece echada. La única opción de Ordóñez es la Sala Plena. En el trasfondo de todo este capítulo, propio del país de los abogados, se mueven asuntos que van a ser trascendentales en los próximos años: el proceso de paz con las Farc, la presencia del uribismo en el Congreso, la posible constituyente si hay negociación con la guerrilla y, por supuesto, la reforma a la justicia, que cada día se vuelve una necesidad nacional.

Un abogado que genera polémica

Su actividad electoral la inició en 1986 cuando fue elegido como concejal de Bucaramanga, cargo que desempeñó hasta 1989. Posteriormente asumió como magistrado del Tribunal del que terminó como presidente. En el año 2000 fue consejero de Estado, luego sería elegido como presidente de la Sección Segunda del Consejo de Estado de Colombia y nuevamente presidente, pero esta vez de la corporación en el año 2004.

El 11 de diciembre de 2008 fue escogido como procurador. Sus posturas frente al matrimonio igualitario, el aborto, el proceso de paz y su práctica de la religión católica lo han puesto en el eje de la controversia. Según cifras del Ministerio Publicó en sus dos períodos como procurador ha sancionado o destituido al menos a 2.000 funcionarios de elección popular.

La composición del alto tribunal

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