Por un estrecho camino enlodado por la lluvia, un hombre en camiseta emerge de lo profundo de una selva donde Colombia termina y comienzan Brasil y Venezuela. Camina rápido, a pesar de los 25 kilos que lleva dentro de una canasta de palma, sobre la espalda, colgando desde su cabeza.
“Sí, vengo de la mina”, dice. El peso de la carga no lo deja mirar a los extraños que se encontró en el camino, dentro del Parque Nacional Natural de Puinawai. El minero es un indígena puinave y está transportando minerales preciosos en la canasta que una vez sus ancestros utilizaron para llevar a casa las presas de su cacería. Tiene poco tiempo para hablar; todavía está a kilómetros del punto de descargue, fuera del parque, donde debe entregar el mineral a los intermediarios.
Cerca de la mina, junto a un arroyo, los mineros arrojan paladas de barro en cajas de madera que luego lavan para que queden expuestos lo que ellos esperan sean cascajos con coltán o tungsteno. Este trabajo se hace día a día en el territorio indígena dentro del parque, lejos de las patrullas de la Policía que buscan a los traficantes que mueven el contrabando de metales.
“Hemos visto la aparición de grupos ilegales involucrados en actividades mineras, especialmente en tierras raras en el oriente de Colombia. Son áreas distantes y remotas, en las que la minería es ilegal”, asegura Mauricio Cárdenas, el ministro de Minas. “Para nosotros ellos son una preocupación de seguridad nacional”.
Hay pruebas de que un mercado negro de metales valiosos y tierras raras está creciendo en áreas del territorio colombiano donde el gobierno históricamente ha tenido dificultades para ejercer el poder. Cárdenas acababa de ver un video, en el que se ve a gente raspando la capa vegetal en busca de las que se conocen como las “vitaminas” de la industria de alta tecnología. La mina no solo está dentro de un parque nacional natural, sino en una esquina de Colombia famosa por la presencia de paramilitares, guerrilla y traficantes de cocaína.
Los mineros están recogiendo los que pueden ser considerados “minerales conflictivos” por violar normas federales y reglas internacionales, dispuestas por las Naciones Unidas y más recientemente por el gobierno de Estados Unidos. La Ley Dodd-Frank de 2010 les prohíbe a las empresas norteamericanas comprar recursos naturales obtenidos ilegalmente o en áreas controladas por criminales o terroristas. En la selva del Amazonas colombiano estas normas están desatendidas, especialmente ahora cuando la demanda de esos minerales está en aumento.
Lo que Cárdenas y otros temen es que el contrabando de minerales desde Colombia esté haciendo su camino en el reciente mercado internacional de minerales vitales para los microchips y controladores remotos de objetos electrónicos. La minería ilegal y el contrabando han desencadenado en violaciones a los derechos humanos en contra de los miembros más vulnerables de las tribus.
La Policía teme que se esté creando otra fuente ilícita de ganancias para los capos del narcotráfico y las bandas paramilitares mejor armadas del país. En últimas este mercado negro puede estar otorgándole a las exportaciones colombianas el sello de “minerales de conflicto”, el mismo estatus que los contrabandeados desde el centro de África.
Cocaína y coltán
A finales del siglo XIX, el extranjero más reconocido porque hizo el mapa del Amazonas colombiano fue el explorador alemán Alexander Von Humboldt, quien encontró dos ríos de aguas enrojecidas, el Inírida y el Guaviare, que desembocaban en las aguas oscuras del Atabapo para convertirse en el río Negro, el hogar de miles de especies de peces y el mayor santuario para los delfines del Amazonas (toninas).
La ciudad, en medio de la jungla, está a 90 minutos en avión desde Bogotá, pero toma varias semanas llegar allá por bote y caminando. La región es parte del Escudo de Guayana un par geológico del Escudo Sub-Sahariano de África. El puerto local de Inírida, toma su nombre de una flor nativa que tiene sus parientes cercanos en África Central. Según los geólogos, la zona fue golpeada por un meteorito y a lo largo de millones de años el río ha sacado a la superficie ricos depósitos de minerales.
Allí fue donde Noticias Uno encontró las pistas de la minería ilegal, en una parte de Colombia que es difícil de penetrar. La mina se ve desde el aire como un parche en donde ha sido removida la capa vegetal de la selva. Encontramos indígenas puinaves removiendo la tierra con herramientas de mano, cerca de su montaña sagrada, el cerro Puinawai.
También se entrevistó a policías y soldados en el área en la que ellos se dedican a cazar a los contrabandistas del tungsteno ilegal que extraen de yacimientos en los límites con Venezuela. “El flujo de minerales desde y hacia Venezuela se hace en pangas —botes a motor— río arriba, y luego a Europa o a países en los que puede resultar un riesgo para la seguridad nacional”, dice el comandante de Policía de Guainía, coronel William Ruiz.
El mercado negro del coltán en el salvaje oriente colombiano también ha capturado la atención de las agencias policiales norteamericanas, dada su conexión con los carteles más poderosos de la droga.
Dentro del Parque Nacional Natural de Puinawai, dice el oficial, una operación minera ilegal está siendo desarrollada por los hermanos Cifuentes Villa. Las autoridades norteamericanas aseguran que los miembros de esta familia son los principales abastecedores de cocaína para el mexicano Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como ‘El Chapo Guzmán’ y su Cartel de Sinaloa.
Al poner la operación minera de los Cifuentes Villa por fuera de los negocios de cualquier norteamericano —incluyéndolos en la Lista Clinton—, el Departamento del Tesoro la denominó como una operación de lavado de dólares subsidiaria de su negocio de contrabando de cocaína.
Las autoridades colombianas también actuaron contra la familia, paralizando el trámite de la licencia minera para un área en la que se han incautado 82 toneladas de tierras raras y tungsteno desde 2010. A pesar de las incautaciones, aseguran los militares, el clan sigue extrayendo minerales, solamente que ahora lo hacen clandestinamente.
“Lo que hemos encontrado son organizaciones sofisticadas de tráfico de drogas que están cada vez más involucradas con el tráfico de los minerales del Parque Puinawai y de Venezuela, tal como está documentado en una investigación que estamos desarrollando junto con la Policía”, dijo el comandante militar de la zona, el coronel de Infantería de Marina Alfredo de Videro.
A pesar de décadas de interdicción por fuerzas colombianas y asesores norteamericanos, las reglas en la región siguen siendo dictadas por paramilitares y guerrilleros del frente 16 de las Farc, convertidos en narcotraficantes.
De Videro asegura que los traficantes han forzado a familias completas de indígenas puinaves a trabajar en las minas, a cambio de cerveza, carne de vaca y zapatillas deportivas de marca, e inclusive los obligan a trabajar con las armas.
“Desde que los contrabandistas invadieron el territorio de la comunidad indígena, la misma comunidad los denunció; entonces nosotros vigilamos que el área esté libre de minería ilegal”, explica el comandante Ruiz mientras nos da un tour por tierras sin árboles que muestran las cicatrices de la minería ilegal en una comunidad indígena a solo cinco kilómetros de Inírida.
Siguiendo los minerales
La Policía Nacional está investigando cuidadosamente el mineral decomisado en medio del río Guaviare, en el departamento de Guainía, justo en los límites del Parque Puinawai.
Los mineros de la zona dijeron que las guerrillas controlan el lugar del yacimiento, los paramilitares cobran en el camino que deben tomar hacia el río Guaviare y los transportan fuera de la zona. A lo largo del camino, cada facción cobra sus “impuestos”: la guerrilla pide dinero para ingresar a la mina, los paramilitares cobran antes de que las arenas y piedras puedan ser lavadas en el río y los narcotraficantes piden que les sean entregados lejos de los límites del parque.
“Uno de los problemas que estamos teniendo en estas áreas es que hay unos títulos pequeños, legalmente otorgados, que están siendo utilizados como paraísos para la legalización de actividades”, asegura el ministro Cárdenas.
Una de las licencias fue otorgada en 1995 a Rafael Alberto Rodríguez Forero. Él obtuvo el título para explotar un lugar llamado El Caney de los Cristales, cerca del río Guaviare. Durante años, los minerales que ha extraído han cambiado: primero fueron simplemente “arenas” —materiales de construcción—, pero ese mismo año el nombre de la licencia fue cambiado en la portada del expediente, para incluir la denominación de “arenas negras”. En febrero de 2006, finalmente le fue autorizada una concesión y entonces expresó que extraería hierro y titanio. Pero a la hora de tramitar las primeras licencias para movilizar minerales por el río Guaviare hasta Inírida, describió su carga como tungsteno.
En enero de 2011, Rodríguez Forero comenzó a llenar los formularios de impuestos con el propósito de exportar tungsteno hacia unas bodegas en Strassen, Luxemburgo, de propiedad de Traxys Europe SA. El título de Rodríguez Forero corresponde al más cercano al río Guaviare y al Parque Nacional Natural de Pinawai. Cualquier actividad minera está prohibida dentro del parque. Pero con solo pasar el río, puede ser amparada con un título de Vichada donde no hay parques ni territorios indígenas que restrinjan la minería.
El 16 de septiembre de 2011, una patrulla de la Infantería de Marina incautó 17 toneladas de tungsteno en medio del río. Sus informes daban cuenta de que había sido extraído de un yacimiento conocido como El Zancudo. De acuerdo con los análisis que se pudieron conocer, el tungsteno encontrado en el río Guaviare tiene concentraciones muy similares a las del embarque que compró Traxys.
Rodríguez Forero es la única persona en la región con título minero. Él ha negado su responsabilidad sobre el mineral incautado, argumentando que no se hace “responsable por el uso impropio” que se le pueda dar a su licencia. Les pidió a las autoridades que establecieran patrullajes para hacer un “riguroso seguimiento y evitar que sea comercializado por la delincuencia”.
Los investigadores colombianos no han identificado la fuente del tungsteno de Traxys. Pero si éste viene de una zona en conflicto, los expertos de la industria dicen que ello demuestra lo difícil que es mantener los minerales conflictivos por fuera de la cadena de abastecimiento de la industria de alta tecnología.
“Si los grandes manufactureros o fabricantes de materias primas no exhiben contratos a largo plazo, por ejemplo de Mozambique, Australia o Canadá, nunca podrán estar enteramente seguros de dónde viene su coltán”, dice el experto en coltán Michael Nest, que ha trabajado en el grupo de expertos en minerales de Congo para Naciones Unidas. “Las cadenas de abastecimiento son complejas; mezclan minerales de todas partes porque tienen grandes economías de escala, para mejorar su eficiencia en los procesos industriales”.
En 2010 Naciones Unidas reportó que Traxys estaba comprando minerales de la zona de guerra de África Central, hogar de los mayores yacimientos del mundo en coltán y tungsteno. Este contrabando es objeto de campañas internacionales de derechos humanos que apuntan a frenar el contrabando de coltán hacia Ruanda, donde los minerales son legalizados y vendidos como si tuvieran un origen legal.
Minería en zona roja
Rodríguez Forero no tiene antecedentes criminales. Pero los investigadores se preguntan cómo pudo seguir con su negocio, dado el hecho de que sus vecinos han sido las Farc y los paramilitares del Erpac –el ejército de alias ‘Cuchillo’–, entre otras bandas criminales.
El gobierno colombiano ha dicho que la zona alrededor de la tierra que reclama Rodríguez Forero “ha sido designada como área roja o un área con alto riesgo y peligro para las personas de afuera de la región, quienes pueden ser sujeto de extorsión, secuestro y asesinato por parte de organizaciones que operan al margen de la ley”.
En 1992, el comando de Policía más cercano, en Mapiripán, fue atacado por guerrilleros que mataron a cuatro oficiales. La Policía abandonó el área y las Farc se convirtieron en la ley. En 1997, los paramilitares llevaron a cabo la famosa masacre, que tenía como objetivo quitarles a las Farc el control sobre la producción de cocaína.
Ya en el 2000, Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, compró el control sobre los paramilitares para proteger sus operaciones de narcotráfico. Pero Jiménez fue capturado en 2007 y enviado a los Estados Unidos, donde se le reclamaba por narcotráfico.
El papel de ‘Macaco’ en el contrabando de minerales se conoció durante el escándalo de la “para-política”, porque las investigaciones mostraron sus relaciones con políticos, funcionarios públicos a cargo de la minería y miembros de su estructura paramilitar. Se encontró el nombre de Jiménez en el primer renglón de propietarios del título minero. Los funcionarios del Servicio Geológico Colombiano explicaron que tal registro era un error y que pronto será modificado.
A propósito de las últimas incautaciones, Rodríguez Forero ha conseguido certificados de autoridades militares locales diciendo que por lo menos parcialmente la zona está libre de guerrillas y bandas criminales. Esto lo hizo, según los expertos que observaron el expediente, para evitar que sus minerales fueran definidos en contra de la Ley Dodd-Frank de Estados Unidos.
En junio de 2010, un certificado expedido por la IV División del Ejército Nacional asegura que “las tropas están desarrollando operaciones continuas en el sector... persiguiendo a los narco-terroristas de las Farc y a las bandas criminales”.
“Esa minería es sospechosa y amenaza los territorios indígenas del Parque Puinawai. Está claro que permitir operaciones mineras en pequeña escala fue un error”, asegura el exministro de Medio Ambiente de Colombia Manuel Rodríguez.
Entre 2005 y 2009, antes de que el gobierno terminara de elaborar un mapa de las zonas mineras, asegura Rodríguez, se produjo una feria de títulos mineros en los que ni siquiera se necesitaba presentar experiencia o formación académica en minería. Existen decenas de investigaciones contra funcionarios por la feria de títulos que se creó en esa época.
En medio de este caos, también despegó el mercado de equipos para la minería. Por ejemplo, los espectrómetros de Rayos X, que se utilizan para leer las trazas de mineral que una roca puede tener, se convirtieron en un objeto tan común en estas zonas que la Policía los identificó como armas. Los jueces fallaron que, a pesar de tener la forma y ser llamadas “pistolas de Rayos X”, y de su peligrosidad por emitir rayos dañinos para la salud, no debían confiscarlos. Los puinaves, no obstante, consideran que éstas son armas, apuntando hacia la tierra debajo de su montaña sagrada.
* Gómez es subdirector del noticiero de televisión Noticias Uno.
Triángulo del contrabando minero (Infografía)
Facsímil de la operación de envío de minerales desde Colombia a Europa. (Infografía)
Documento que demuestra que alias ‘Macaco’ figura como titular de un título minero en la zona. (Infografía)