Las andanzas judiciales de alias “Ernesto Báez”

El jefe paramilitar es hoy el testigo estelar contra el magistrado Jorge Pretelt. No es la primera vez que figura como declarante en procesos escandalosos.

A mediados de 1989, cuando el narcoterrorismo golpeaba sin piedad a la sociedad colombiana, un singular personaje llamado Iván Roberto Duque circulaba libremente por el país proclamando el naciente partido político de las autodefensas del Magdalena Medio: el Movimiento de Restauración Nacional (Morena). Sin prevenciones, el entonces secretario de la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam), reclamaba en los medios el derecho de su organización a ejercer dominio político en Colombia. Hoy, 26 años después, Duque se llama Ernesto Báez, está preso en la cárcel de Itagüí y cada vez que la justicia lo necesita resulta funcional a sus pesquisas.

Su última aparición fue el pasado 20 de abril, una semana después de que solicitara a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá su libertad por haber cumplido el tiempo en prisión acordado en el proceso de paz entre el gobierno Uribe y los grupos de autodefensa. “Ni siquiera yo tenía conocimiento de la naturaleza de esta diligencia antes de iniciarse”, comentó en medio de sus declaraciones. Sus interrogadores le insistieron en que se ratificara en sus afirmaciones contra el magistrado Jorge Pretelt. El testigo Báez, ya experto en esas lides, comentó que no era necesaria la formalidad del juramento. Una semana después su testimonio se hizo público.

En esencia, Ernesto Báez aseguró que Pretelt había alcanzado a estar en una lista como segundo renglón de la condenada excongresista Eleonora Pineda, que el actual magistrado de la Corte Constitucional era cercano a Vicente Castaño y que incluso lo vio dos veces en la hacienda La 15, residencia habitual del jefe paramilitar. Como era de esperarse, su declaración causó revuelo mediático. Ahora, con cinco denuncias en contra por falso testimonio y dos reportes de la Corte Suprema de Justicia por fraude procesal y cohecho propio, el desmovilizado paramilitar aguarda a que este 7 de mayo el Tribunal Superior de Bogotá determine si después de 10 años de prisión es el momento de su libertad.

La historia de Iván Roberto Duque, o Ernesto Báez, atraviesa la trágica historia reciente de Colombia. Nacido en Aguadas (Caldas) en 1955, abogado, exalcalde del municipio de La Merced y exempleado de las Empresas Públicas de Manizales, de la mano del congresista liberal Pablo Emilio Guarín, un día apareció en Puerto Boyacá y se volvió el activista principal contra la subversión. Aunque ha dicho que llegó en 1989, declaraciones judiciales demuestran que lo hizo antes. El exoficial del Ejército Óscar Echandía declaró en 1998 que se le metió “sano por los ojos a Acdegam” y que lo que hacía era tomar trago y calentarles el oído a las niñas antes de volverse colaborador de Henry Pérez.

A través de Acdegam, con la jefatura de Pérez, se constituyó a finales de los años 80 el grupo de las autodefensas del Magdalena Medio que sembraron el terror en la zona. Fue la misma época en la que Duque o Báez se volvió vocero del movimiento Morena. Cuando la gente de Henry Pérez entró en la mira del Estado y planteó guerra aparte con el capo Pablo Escobar, el personaje desapareció de la región y se volvió secretario de Gobierno de Boyacá. En 1994 lo pusieron preso por sus viejas andanzas y cuando salió libre, tres años después, buscó a Carlos Castaño y luego fue mano derecha de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, hasta que se desmovilizó en diciembre de 2005.

Durante 12 sesiones ante fiscales de Justicia y Paz insistió en que lo suyo fue ser ideólogo y comandante político y, por lo tanto, siempre fue ajeno a cualquier operación militar. Por eso únicamente quiso aceptar cargos por concierto para delinquir. Sin embargo, poco a poco fueron apareciendo sus víctimas y fue señalado de intervenir en al menos 20 homicidios y un secuestro. En junio de 2010, ante la persistencia de Duque o Báez de colaborar con la justicia, el Tribunal Superior de Bogotá pidió que fuera excluido de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Un año después volvió salvado por la Corte Suprema, pues ya comenzaba a ser un declarante clave en críticos procesos.

El primero de ellos, de connotación nacional. De sus largos años al lado de Henry Pérez y otros genocidas en el Magdalena Medio, Ernesto Báez se volvió testigo clave en el expediente por el magnicidio de Luis Carlos Galán, perpetrado en agosto de 1989. Según él, en la muerte del candidato presidencial tuvo que ver el DAS. No sólo porque le prestó protección al autor material del crimen, Jaime Rueda Rocha, sino porque, cuando éste salió de la cárcel, volvió con ayuda del DAS a Puerto Boyacá para ser escolta del sucesor de Henry Pérez, el paramilitar Ariel Otero. Hoy el exdirector del DAS general (r) Miguel Maza está procesado por el homicidio y un testigo de la Fiscalía es Ernesto Báez.

Poco se le ha indagado por esos días siniestros en los que las autodefensas del Magdalena Medio hicieron correr ríos de sangre en la región. En cambio, Báez intentó posicionar una historia a la que la justicia no le quiso seguir la pista. La forma en la que, por acuerdos políticos, este grupo ilegal acomodó un delegatario en la lista del M-19 a la Asamblea Nacional Constituyente. Dijo que en una reunión con Antonio Navarro Wolff, el elegido era él, pero que el exconsejero de Paz Carlos Ossa Escobar iba a armar escándalo. Entonces resultó escogido el médico Augusto Ramírez Cardona, quien protagonizó el escándalo que no fue porque la justicia no quiso: el narcovideo de la Constituyente.

De sus tiempos como secretario de Gobierno en Boyacá tampoco confesó mucho. Lo cierto es que quien lo llevó a ese cargo fue el primer gobernador popular del departamento, Alfonso Salamanca Llach, quien paradójicamente hace algunas semanas fue condenado a 36 meses de prisión por recibir apoyo político de las autodefensas del Casanare, orientadas por Héctor Buitrago, alias Martín Llanos. Salamanca aceptó los cargos y por eso hoy goza de libertad condicional. No hay registros ni mayores investigaciones sobre lo que hizo Ernesto Báez en esos días como funcionario público, durante los cuales fue capturado y por primera vez conoció la prisión.

En cambio se sabe que cuando recobró su libertad dejó de ser Iván Roberto Duque, se volvió Ernesto Báez de La Serna, creyéndose el Che Guevara, pasó algún tiempo en Córdoba dándole discurso político al proyecto de las Autodefensas Unidas de Colombia que estructuraba Carlos Castaño y recaló en el bloque Central Bolívar, primero para asesorar políticamente a Domingo Cristancho, alias Camilo Morantes, y después para hacerle la segunda a Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. Una época que coincide con la oleada sangrienta que desató el paramilitarismo en la región en su propósito de desterrar a la guerrilla y al mismo tiempo expandirse por el país.

En su momento, el bloque Central Bolívar llegó a ser la columna vertebral del proyecto de las autodefensas y se proyectó hasta regiones inesperadas como Antioquia, Bolívar, Vichada, Putumayo, Risaralda, Caquetá, Arauca y Caldas. No sólo fue protagonista de la toma de Barrancabermeja a punta de desapariciones, sino que en 2001 provocó la súbita dimisión de Carlos Castaño como jefe del paramilitarismo. Con el tiempo se supo que Castaño y el bloque Central Bolívar entraron en contradicción y que el cisma lo provocó la decisión de Castaño de romper con el narcotráfico, contra Macaco y los suyos, empecinados en hacer del negocio ilícito el combustible de su guerra.

Después se vino el proceso de paz con el gobierno Uribe y Ernesto Báez se convirtió en uno de los voceros fundamentales de las autodefensas. Sin embargo, a la hora de saldar cuentas con la justicia, intentó convencerla de que lo suyo había sido únicamente accionar político. Cuando se percató de que los fiscales y otros investigadores desconfiaban de su oratoria, se convirtió en el señalador estrella. De sus tiempos en el Magdalena Medio le bastó convertirse en testigo estelar del caso Maza Márquez. De las épocas en Santander se derivaron las delaciones que pusieron tras las rejas a los excongresistas Luis Alberto Gil, Alfonso Riaño y Óscar Josué Reyes. Ni una palabra sobre crímenes o masacres.

También resultó ser el hombre clave para develar el montaje que en 2007 hizo el paramilitarismo al investigador de la Corte Suprema en el expediente de la parapolítica, el magistrado Iván Velásquez. Según Ernesto Báez, el caso Tasmania, como fue denominado, lo orquestaron, entre otros, el abogado Sergio González, el ganadero Ernesto Garcés, el narcotraficante Juan Carlos Sierra y el excongresista Mario Uribe, para que se dijera que Velásquez estaba tratando de buscar testigos que acusaran al entonces presidente Uribe. Con el tiempo se demostró el montaje, pero no hubo suficientes castigos. En cambio, Báez refrendó la confianza de la justicia en sus delaciones.

Aunque Báez logró salvarse de la extradición junto con los 14 jefes paramilitares en mayo de 2008, con el paso de los días fueron apareciendo quienes lo señalaron de diversos delitos: el crimen del periodista de Barrancabermeja José Emeterio Rivas, el secuestro de la congresista Piedad Córdoba y, sobre todo, de que después de desmovilizado siguió delinquiendo, esta vez para presionar acciones y decisiones políticas del bloque Cacique Pipintá, en el departamento de Caldas, con el fin de desterrar a la guerrilla de la zona donde él mismo nació en 1955. Hoy está probado que ese bloque debe su origen a un movimiento estratégico del bloque Central Bolívar y que se cometieron muchos asesinatos.

Báez ha insistido en que sí cometió el error de seguir interviniendo en política después de desmovilizarse, pero las investigaciones de la justicia demuestran que en el norte del departamento de Caldas fueron asesinados varios dirigentes políticos indígenas y sindicalistas, y que no está claro de qué manera el jefe paramilitar influía para la expansión de su guerra. El bloque Cacique Pipintá nunca se desmovilizó; hay quienes dicen que fue por la negativa persistente de Ernesto Báez, y las verdades sobre lo sucedido en Caldas, así como otras acciones, incluso desde la cárcel de Itagüí, no están suficientemente aclaradas. Él insiste en que no tuvo incidencia militar sino política.

El 24 de abril de 2014 la Corte Suprema de Justicia acusó como presunto autor del delito de concierto para delinquir al exsenador Luis Alfredo Ramos Botero. Uno de los testigos de ese proceso es justamente Ernesto Báez. Aunque el exgobernador de Antioquia se ha defendido diciendo que se reunió con él porque Báez tenía salvoconducto para adelantar contactos en desarrollo del proceso de paz con el gobierno Uribe, la Corte Suprema no le creyó. Báez testificó que Ramos se reunió con las autodefensas en una cita planeada por Vicente Castaño y que la reunión se realizó en la finca Bellanita, en el municipio de Bello. La idea era apoyar el proceso de Justicia y Paz. Ramos sigue preso.

Ahora el turno es para el caso Pretelt, en la antesala de que la justicia decida si Báez debe quedar libre. Sea cierto o no lo que ahora afirma, para nadie es un secreto que cuando empezó el proceso de paz con el gobierno Uribe fue él quien más insistió en que las autodefensas tenían que adelantarse a contar la historia. En el libro La batalla final de Carlos Castaño, escrito por el periodista Alfredo Serrano, el propio Báez anotó: “Mire, señor, le voy a decir cuál es el problema más grave que tiene nuestro país, por el cual la paz va a ser muy difícil. Lo peor que tiene esta guerra que nosotros libramos es la mentira. Aquí miente el Gobierno, mentimos los paramilitares, miente la guerrilla, miente el Ejército, miente la justicia, todos mentimos”.

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Dos condenas por homicidio

El 7 de abril de 2011, un juez condenó a 36 años y tres meses de prisión a Iván Roberto Duque Gaviria, alias Ernesto Báez. La pena se produjo por su responsabilidad en el homicidio del presidente del Sindicato de Trabajadores de Yondó (Antioquia), Jairo Antonio Chimá Paternina, perpetrado el 21 de diciembre de 2001, en zona rural de ese municipio antioqueño.

Posteriormente, el 27 de febrero de 2013, el Tribunal Superior de Cartagena condenó a Báez a 25 años de prisión por el asesinato de la abogada Alma Rosa Jaramillo. El cuerpo de la jurista fue encontrado mutilado en el municipio de Morales, sur de Bolívar. Para la justicia Báez incurrió en los delitos de homicidio simple en concurso con concierto para delinquir agravado.

Petición de libertad del exjefe de las Auc

A comienzos de esta semana Iván Roberto Duque, alias “Ernesto Báez”, solicitó a un Tribunal de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá la libertad.

Según su abogado, el exjefe paramilitar hizo la petición al considerar que había colaborado con la justicia transicional y porque reconoció su responsabilidad en cerca de 1.800 hechos delictivos. Su defensor argumentó, además, que “Báez” ayudó con sus testimonios en diversos procesos a reconstruir la verdad y entregó cerca de $100 millones para reparar a las víctimas.

Luego de la petición, la Sala de Justicia y Paz del referido Tribunal aplazó la decisión para el próximo jueves 7 de mayo, mientras se investiga si “Báez” habría cometido delitos después de desmovilizarse, entre ellos falso testimonio, cohecho propio y fraude procesal.

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