Incertidumbre por la suerte de Baloto

El miércoles en la noche, en un barrio del sur de Bogotá, un comprador de Baloto cumplió el sueño de todos: ser millonario. Con los números 09, 16, 19, 23, 27 y 31 acertó el exitoso juego y se ganó $10.500 millones. Con semejante noticia, directivos de la multinacional Gtech, compañía propietaria del juego, aplicaron el protocolo. Aconsejaron al anónimo ganador calma, discreción, guardar sigilosamente el boleto, comunicarse con la empresa para recibir nuevas instrucciones y acudir a una cita con un psicólogo con el fin de guiarlo y evitar que enloquezca con el manejo de su nueva vida de rico.

Una historia que se ha repetido desde el 8 de septiembre de 2001 con otras 39 personas, quienes antes de pagar impuestos han llevado a sus bolsillos la impresionante cifra de $535.950 millones. Pero mientras la felicidad embarga a los ganadores y persiste la ilusión de los apostadores que por $5.500 esperan ansiosos los miércoles y sábados el milagro, la suerte de Gtech parece muy diferente.

La multinacional apuesta fuerte ante Etesa, el Ministerio de la Protección Social y la Presidencia de la República. En sólo cuatro meses vence la concesión que durante 10 años explotó por adjudicación oficial y considera que tiene derecho a una prórroga por otros cinco años. También informó a la estatal de juegos que no ha podido recuperar la inversión inicial realizada, y como consecuencia registró pérdidas operacionales durante casi una década de operación del novedoso juego.

Una apuesta que contrasta con lo que muestran otros jugadores de peso en una partida que ya tiene varios números sorteados. La primera balota salió del Consejo de Estado con un concepto reservado que hasta hoy se hace público. Al responder una inquietud del Ministerio de la Protección Social sobre si debe abrir una nueva licitación para explotar el juego, expresó el pasado 10 de junio que: “ Etesa no puede prorrogar el contrato de concesión C-117 de 1999, cuyo objeto consiste en el diseño, montaje, instalación, implementación y operación del juego denominado Loto en Línea (Baloto)”.

Otra balota que afecta el juego contractual en detrimento de las peticiones de Gtech la tiene la Procuraduría. El 22 de octubre de 2009 y el pasado 23 de agosto de 2010, a través de la delegada María Eugenia Carreño, requirió al ministro de la Protección Social, Mauricio Santa María Salamanca, para que explique por qué a pocos meses de vencerse el tiempo de la concesión aún no se ha adelantado un nuevo proceso licitatorio, en donde ofrece el acompañamiento del Ministerio Público.

Pero quizás el número de la suerte que no favorece a la multinacional parece estar en la misma Etesa. Por decisión de César Augusto Torres Suescún, actual liquidador de la empresa oficial, ya se inició el trámite correspondiente con el fin de adjudicar una nueva licitación prevista para el próximo mes de enero. Al respecto, están en proceso de contratación los estudios técnicos, financieros y jurídicos que determinen las condiciones de un negocio que en los próximos cinco años representa, en sólo transferencias a la salud, cerca de $300 mil millones.

Conceptos y determinaciones que contrastan con las sombras de corrupción que rondaron a Etesa y que obligaron al gobierno Uribe, a comienzos del año, a ordenar su liquidación, al tiempo que se conoció la cercanía de varios de sus directivos con el senador Javier Cáceres, capturado esta semana por presuntos vínculos con las autodefensas.

Un juego político opuesto a las cifras positivas que entrega Gtech. Aportes a la salud que superan el medio billón de pesos, cerca de 20 mil empleos directos e indirectos o una red que presta diversos servicios a 420 municipios con más de 800 mil transacciones por día.

No obstante a que todo gira a la convocatoria de una nueva licitación, el asunto ya está en manos de la Presidencia de la República y esta semana que comienza podría ratificarse esa posición por parte del Ministerio de la Protección Social. Los directivos de Gtech se reunieron hace tres semanas con el ministro Santa María y la viceministra de Salud, Beatriz Londoño, y destaparon sus cartas.

En la Casa de Nariño están mirando con lupa el caso. Catalina Crane, alta consejera presidencial para la Gestión Pública y Privada, luego de conocer el concepto del Consejo de Estado, solicitó un nuevo dictamen a la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Igual procedimiento utilizó el Ministerio de la Protección Social, pero a través de un abogado externo de la entidad. Una vez se reciban los dos conceptos y se escuchen a los interesados en la Procuraduría, podría haber humo blanco.

El tiempo se agota y la definición del trámite de la licitación, en la que podrían participar Gtech y otras multinacionales, o una eventual prórroga es imperiosa. Desde hoy y hasta el 17 de enero de 2011, cuando vence la concesión, quedan cerca de 35 sorteos por realizarse, sin duda con algunos nuevos millonarios como el de esta semana en Bogotá, a quien la fortuna le sonríe, por ahora, mucho más que a los propios directivos de una multinacional.

La opiniones de las partes

Carolina Valencia

Directora de Mercadeo y vocera de Gtech

“Para la compañía es claro que tenemos un contrato que tiene una vigencia de 15 años. Una fase inicial de 10 años con una prórroga de 5 más. En desarrollo de la actividad contractual le hemos aportado en transferencias a la salud cerca de $425.000 millones”.

Beatriz Londoño Soto

Viceministra de Salud

“Reconocemos la importancia de los conceptos del Consejo de Estado y de los organismos de control. Solicitamos otra opinión y hemos esperado unos días, porque sabemos que es un asunto complejo y queremos tomar una decisión que dé todas las garantías al sector salud”.

César Augusto Torres Suescún

Liquidador de Etesa

“Luego de conocerse el concepto del Consejo de Estado inicié las gestiones pertinentes para contratar un estudio de mercado. Los prepliegos se publicarían a finales de octubre, los pliegos un mes después y la adjudicación sería para mediados de enero de 2011”.

María Eugenia Carreño

Procuradora delegada

En comunicación del pasado 23 de agosto al ministro Mauricio Santa María: “Se exhorta a la administración para que adelante todas las actuaciones necesarias tendientes a iniciar el proceso licitatorio y evitar una afección de recursos importantes para la salud”.