Fachada de tienda de donde salen los kits para los 44.179 afectados por la ola invernal en Córdoba.

Apenas acaba de respaldar la Corte Constitucional el decreto que declaró el estado de emergencia económica para atender el calamitoso invierno de 2010, cuando ya se descubren las primeras fisuras de la atención humanitaria. En su ejercicio de vigilancia especial y por instrucciones de la contralora Sandra Morelli, en el sentido de blindar hasta el último peso de los millonarios desembolsos de esta urgencia, uno de sus delegados detectó un presunto sobrecosto que tiene en ascuas la entrega de ayuda a 44.179 familias damnificadas en el departamento de Córdoba.

El control de advertencia que tiene suspendido el envío de 44.179 kits de alimentos y 26.844 de aseo para 26 municipios lo promovió el pasado 8 de marzo el contralor delegado Javier Lastra Fuscaldo. En la misma distribuidora, que fue contratada para proveer el paquete de ayuda, el funcionario ordenó la compra al contado de un mercado individual de alimento y aseo. Encontró una diferencia de $58.320 respecto al primero y de $600 por el de aseo. Multiplicados por el número de familias que deben recibirlo, estaría configurándose un presunto sobrecosto de $22.500 millones.

El contrato fue suscrito el pasado 18 de febrero y el distribuidor dice que ya adquirió y albergó en bodegas los 44.179 kits que tiene listos. Pero la Cámara de Comercio de Montería, que ofició como operador ante la Gobernación de Córdoba para escoger al proveedor, suspendió provisionalmente la entrega de los mercados. Con otro dilema, hasta que se aclare el caso, también quedó suspendido el requerimiento de la Cámara de Comercio para participar en la asignación de recursos del Fondo Nacional de Calamidades.

Entre tanto, las 44.757 familias damnificadas por el invierno en 24 municipios de Córdoba, sobre todo los destechados de San Pelayo, Cereté, Lorica, San Bernardo del Viento, Cotorra, Ayapel, Moñitos o Tierralta, siguen esperando la mano del Estado. El frijol, la panela, la lenteja, el chocolate, el aceite o la harina de trigo que ya deberían proveer las necesidades de quienes se preparan para los estragos de 2011, están almacenados por un posible episodio de sobrecostos, con el riesgo de que los bienes perecederos se arruinen o que otros terminen como plato de roedores o gorgojos.

El protagonista de esta historia es Gustavo Adolfo Marín Rincón, propietario del establecimiento de comercio Distribuidores El Trébol del Sinú, domiciliado en Montería. En su labor de administrar los recursos públicos previstos en la ayuda humanitaria para el departamento, la Cámara de Comercio de Montería lo contrató para etiquetar, empacar, suministrar y transportar el 50% de los kits de alimentos y aseo. Su propuesta fue aprobada por el Comité Evaluador de Atención Ayuda Humanitaria Ola Invernal 2010-2011, y el valor máximo del contrato quedó tasado en $14.695 millones.

Ante la decisión de la Cámara de Comercio de suspender la entrega de los mercados el mismo día que fue notificada del hallazgo de la Contraloría, el comerciante Gustavo Marín respondió el jueves 10 de marzo con una carta de siete páginas. Después de argumentar por qué hay una notoria diferencia entre sus costos y el precio de los mismos kits por venta al detal, admitió que dada la trascendencia social del caso y la urgencia de que los recursos lleguen a la gente damnificada, está dispuesto a revisar sus cálculos, eso sí, mientras no le signifiquen pérdidas económicas.

En esencia, el propietario de Distribuciones El Trébol manifestó que comercialmente el precio de un producto vendido de contado y al detal no puede ser el mismo que cuando se ofrece al por mayor y a crédito. La razón: la venta en mostrador no genera un costo distinto a los insumos fijos del establecimiento de comercio. En cambio, insistió Gustavo Marín Rincón, el compromiso de suministrar 44.179 kits de alimentos y aseo en un término no mayor a 30 días genera un costo crediticio de personal e infraestructura que necesariamente cambian el valor de los productos.

Con perlas adicionales. Según Marín, como el contrato no contemplaba anticipo, tuvo que recurrir a préstamos con intereses comerciales, contratar a 90 personas y arrendar más de tres bodegas. Eso apenas para las labores de descargue, almacenamiento y empaque, sin tener en cuenta etiquetas y plegables. Con un detalle más: como en la época en que presentó la oferta (17 de febrero), veinte días después de la autorización a la Cámara de Comercio, estaba en vigencia el paro camionero, insuceso que encareció el transporte y, por consiguiente, el precio final de los kits.

Y agregó que cumplió con el límite máximo de valor por cada mercado, que de conformidad con el convenio entre la Cámara de Comercio de Montería y la Gobernación de Córdoba era de $300.000. Por eso, cree que su obligación es mantener los precios de su propuesta, pues el acuerdo que firmó, en su criterio, no está viciado de sobrecostos o especulación alguna. Incluso, apuntó Marín, el negocio no debería verse afectado por las leyes de oferta y demanda, pues de ser así, aunque él sabe que no es posible, bien podría invocar un reajuste de los precios de algunos de los productos.

El alegato tiene de todo. El comerciante dice que la Contraloría no cotizó los precios de las toallas y las peinillas, y que los pañales y el jabón en barra que compró para comparar costos, no son iguales a los de su oferta. Y para justificar que en términos de comercio las situaciones cambian, él mismo decidió comprar los productos que integran sus kits en el almacén Éxito, la academia Sandra y el supermercado Economiza de MonteríSa, sin incluir panela y avena, para concluir que promediando valores sus kits de alimentos y aseo hoy están costando $286.863.

Es decir, el dueño de Distribuciones El Trébol del Sinú de Montería está convencido de que la diferencia de más de $2.500 millones entre su oferta y los precios de los mismos productos al contado no es un sobrecosto injustificado y así se lo hizo saber al director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Montería, Félix Manzur Jattin, quien a su vez admitió en la resolución que suspendió la entrega de los kits, que la Contraloría departamental le puso de manifiesto que las graves irregularidades detectadas podrían conllevar a situaciones de tipo fiscal, penal y disciplinario.

Este martes, 22 de marzo, la Contraloría dará su respuesta a la Cámara de Comercio de Montería, la Gobernación de Córdoba y el comerciante. El Espectador conoció que será contraria a los argumentos de Distribuciones El Trébol. Y este es apenas el primer caso detectado en la lupa de la Contraloría a los $126 mil millones que en promedio, sumadas también donaciones y apoyo internacional, está previsto desembolsar el Estado para auxiliar a las víctimas del invierno. Entre tanto, 44.179 familias de Córdoba esperan que la ayuda llegue antes de que el invierno vuelva a anegarlos.

Los controles para evitar el fraude

El pasado 17 de diciembre, cuando los estragos del invierno eran evidentes, el Gobierno Nacional expuso los mecanismos de control para garantizar que los dineros recaudados fueran bien utilizados.

Ese día, a través de una videoconferencia desde la Casa de Nariño, el alto consejero para las Regiones y la Participación Ciudadana, Miguel Peñaloza, señaló: “Ha sido una iniciativa permanente del Gobierno Nacional diseñar mecanismos que le garanticen a la ciudadanía la correcta, la exacta ejecución de los recursos y la correcta destinación”.

Al respecto indicó que la firma auditora Kpmg y la Corporación Transparencia por Colombia fueron encargadas de verificar e informar la correcta destinación de las donaciones y recursos destinados por el Estado para atender a los damnificados. Por su parte, Jorge Londoño, gerente del proceso de recuperación y reparación de los daños originados por la ola invernal, ha garantizado controles para evitar fraudes.

La gobernadora y la Cámara de Comercio

El pasado 17 de diciembre, cuando los estragos del invierno eran evidentes, el Gobierno Nacional expuso los mecanismos de control para garantizar que los dineros recaudados fueran bien utilizados.

Ese día, a través de una videoconferencia desde la Casa de Nariño, el alto consejero para las Regiones y la Participación Ciudadana, Miguel Peñaloza, señaló: “Ha sido una iniciativa permanente del Gobierno Nacional diseñar mecanismos que le garanticen a la ciudadanía la correcta, la exacta ejecución de los recursos y la correcta destinación”.

Al respecto indicó que la firma auditora Kpmg y la Corporación Transparencia por Colombia fueron encargadas de verificar e informar la correcta destinación de las donaciones y recursos destinados por el Estado para atender a los damnificados. Por su parte, Jorge Londoño, gerente del proceso de recuperación y reparación de los daños originados por la ola invernal, ha garantizado controles para evitar fraudes.

Ola invernal en cifras: ver infografía aquí