Paulina Rubio contraataca

Paulina Rubio, cantante, busca solucionar su problema con la justicia en Estados Unidos. / EFE

Hace un año, el incumplimiento de la cantante mexicana Paulina Rubio al concierto que debía dar en Tunja, en el marco de la trigésimo octava versión del Festival Internacional de la Cultura, provocó un proceso judicial que aún avanza en una corte de Florida, en Estados Unidos. Esta semana vino la réplica de la artista, quien a través de su abogado en Colombia acaba de pedirles a la Procuraduría y la Contraloría que investiguen si los recursos públicos que se pagaron para contratarla pueden recuperarse y si el trámite contractual se hizo con diligencia y apego a la ley.

Esta sorpresiva vuelta de tuerca en el lío de Paulina Rubio contra la Gobernación de Boyacá, el Fondo Mixto para la Promoción de las Artes del mismo departamento y la Alcaldía de Tunja, tuvo como protagonista al controvertido abogado Abelardo de la Espriella, quien optó por pasar de defensor de la acusada a acusador, bajo el argumento de que el proceso de contratación de la artista, en especial por las pólizas de cumplimiento, amerita que se indague si fue una gestión antieconómica, ineficaz e inoportuna de recursos públicos.

Con ocasión del Festival Internacional de la Cultura que debía realizarse entre el 28 de agosto y el 6 de septiembre de 2010, esta historia comenzó cuando la Gobernación de Boyacá y el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes firmaron un convenio de cooperación por valor de $1.125 millones para ayudar a la cofinanciación del evento. A su vez, el Fondo Mixto decidió establecer un convenio con la Corporación Viva la Música para aprovechar una buena oportunidad de llevar a la ciudad de Tunja a la popular “Chica Dorada”, Paulina Rubio.

La negociación, por valor de US$50.000, se hizo entre la Corporación Viva la Música y la empresa CMG Entertainment BVI, representante exclusiva de la artista. Como lo precisó por escrito el representante legal del Fondo Mixto, Jorge Enrique Pinzón, “la organización del evento cumplió con todos los requerimientos, exigencias y excesos de Paulina Rubio”, tales como tiquetes en primera clase, tres automóviles de lujo con vidrios polarizados, un bus pullman para veinte personas, dos Land Cruiser, un camión tipo furgón y derechos de publicidad.

Todo quedó debidamente coordinado para que a las nueve de la noche del 31 de agosto, en un concierto en el que estaba invitado el recién posesionado presidente Juan Manuel Santos, además anfitrión de dignatarios de 23 países, en el espectáculo de fondo en Tunja, junto a Marc Anthony, que si llegó, se presentara la modelo, actriz y cantante Paulina Rubio con sus éxitos Siempre tuya desde la raíz, Ni rosas ni juguetes o Lo haré por ti. Pero como nunca había sucedido en casi 40 años, llegaron el equipo técnico, la banda musical, los invitados, el público, y Paulina Rubio nunca apareció.

De lo que no se enteraron más de 30.000 personas que a esa hora tarareaban por anticipado las canciones de la “Chica Dorada” fue que a esa hora el secretario de Cultura y Turismo de Boyacá y representante del gobierno departamental en el festival, José Ricardo Bautista Pamplona, vivía su propio drama tratando de convencer a través de un teléfono celular al esposo de la artista, Nicolás Vallejo-Nájera, de que la cantante cumpliera su contrato. Pero ese día, embarazada de seis meses, Paulina Rubio afrontaba una circunstancia no menos compleja que la de su empresario.

La artista se había presentado en Bogotá el 27 de agosto. Al día siguiente viajó a Medellín y cumplió con un nuevo compromiso. Pero el día que tenía que hacer presencia en Tunja empezaron los problemas. La artista y su esposo argumentaron que por su estado de embarazo, Paulina Rubio no podía viajar por tierra hasta la capital boyacense y que tenían que conseguirle un vuelo privado que la llevara sin pasar por Bogotá. Según la demanda interpuesta en Estados Unidos, la firma CMG contrató el avión que pedía la artista a un costo de US$6.000 con tal de que cumpliera.

Pero vino lo inesperado. El avión privado partió del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín a las cinco de la tarde de ese 31 de agosto con tiempo estimado de vuelo de una hora y cinco minutos con aterrizaje en Paipa. No obstante, cuando el piloto estableció contacto con Bogotá, se le informó que desde Palanquero no se autorizó que sobrevolara áreas restringidas y que, de seguir a Tunja, no alcanzaría a llegar antes de la hora oficial de la puesta del sol. El piloto solicitó colaboración especificando que llevaba a bordo a la artista con la premura de cumplir con un concierto.

La solicitud fue negada y se le ordenó a la aeronave aterrizar en Bogotá. Según el portal de farándula Entretengo, la artista le ofreció US$5.000 al piloto para que intentara llegar contradiciendo las órdenes, pero las autoridades aeronáuticas le advirtieron que si no acataba las normas corría el riesgo de ser derribado. Ante tal situación, el avión se enrumbó hacia Bogotá y aterrizó a las seis de la tarde. La artista fue llevada al hotel Marriot y desde allí empezó el diálogo telefónico de su esposo con el secretario de Cultura y Turismo de Boyacá, que no logró un acuerdo convincente.

Según el funcionario, en declaración extraproceso ante la Notaría Segunda de Tunja, cuando el esposo de Paulina concluyó que lo único que podía hacer era presentarse al otro día, le replicó que el festival tenía programación exacta, que el suyo era gratuito y al día siguiente el artista era Marco Antonio Solís, con boleta paga. En la revista 15 Minutos quedó consignado que las gobernaciones de Cundinamarca y Boyacá ofrecieron traslado terrestre con seguridad y ambulancia y las autoridades llevarla en helicóptero. La artista y su esposo no aceptaron.

Paulina Rubio incumplió el concierto y, como era de esperarse, el representante legal del Fondo Mixto de Cultura, Jorge Pinzón Mateus, otorgó poder al abogado norteamericano Michael D. Ehrenstein para emprender acciones judiciales contra la artista con un requerimiento de pago por devolución de los dineros invertidos y perjuicios, estimados en US$985.000. La acción terminó apoyada por la empresa CGM Entertainment y la Corporación Cultural Viva la Ciudadanía, a través del abogado Richard C, Wolfe. La Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de Tunja entraron a respaldar la demanda.

En febrero de 2011, el juez John Schlesinger, de Florida, aceptó la demanda civil y otorgó un plazo prudente a los abogados de la “Chica Dorada” para responder. Al mismo tiempo, desde Colombia el empresario de conciertos Carlos Gutiérrez empezó a recaudar pruebas y testimonios para tratar de probar que la organización del festival hizo todo lo posible para que la artista cumpliera, pero ninguna solución convenció al esposo de la cantante. Como previniendo lo que venía, el alcalde de Tunja, Arturo Montejo, se apuró a decir que la plata no se perdía, porque había pólizas de seguros.

Entonces Paulina Rubio, a través de su abogado Abelardo de la Espriella, advirtió el vacío de este último comentario y acaba de emprenderla contra el propio alcalde Montejo, el representante legal del Fondo Mixto, Jorge Pinzón, y contra el gobernador de Boyacá, José Rozo Millán. A través de una queja disciplinaria ante la Procuraduría y una denuncia fiscal ante la Contraloría, les ha pedido a ambos organismos que respondan una sucesión de interrogantes encaminados a probar que supuestamente el trámite de contratación de la artista no fue el más depurado.

¿Hubo realmente póliza de cumplimiento en el contrato entre el Fondo Mixto y la Gobernación? ¿Se incluyó la obligación de resarcir perjuicios en caso de incumplimiento? ¿Se están pagando los honorarios del abogado norteamericano con recursos públicos? En opinión del abogado, lo que se puede traducir de lo sucedido es que pudo existir una pérdida de recursos públicos al realizar un contrato sin requisitos legales. Por eso solicitó en sendas cartas a la Procuraduría y a la Contraloría que evalúen la opción de abrir proceso disciplinario y de control fiscal en este caso.

Y no contento con responder a una denuncia en Estados Unidos con otra en Colombia, el abogado ya está pidiendo interrogatorios de parte anticipada ante un juez para trasladarlos al proceso en Miami. De otro lado, el juez de Florida sigue en firme en el proceso, que hoy se encuentra en la etapa de recaudo de pruebas. Más allá de las peleas, el dinero en disputa sigue en las arcas de la artista, que ahora madre de un niño pero con líos económicos y familiares, sabe que a su sucesión de escándalos debe sumarle uno pendiente en la lejana y fría Tunja, donde la siguen esperando, pero para que devuelva la plata.

Pretensiones de los demandantes en EE.UU.

Con fecha 2 de noviembre de 2010 el abogado Richard C. Wolfe radicó ante la justicia en Estados Unidos la demanda con la que busca que a sus clientes, el empresario Carlos Gutiérrez, la compañía CMG Entertainment, el Fondo Mixto de Cultura de Boyacá y la Corporación Viva la Música, sean indemnizados por los perjuicios que les pudo haber causado la artista al no presentarse en Tunja.

El abogado Wolfe pretende que Paulina Rubio desembolse en total US$985.003 y justifica en cinco ítems los perjuicios. El primero y más significativo es derivado de los costos generados por la producción del concierto, que equivalen a US$693.629. Un segundo aspecto de la reclamación obedece a gastos de viaje para atender al presidente Santos y otros invitados, con un valor tasado en US$95.712. Por los costos relacionados con los 23 dignatarios solicita una indemnización de US$112.801. Por gastos del gobernador de Boyacá, US$31.618, y en otros rubros específicos pide US$51.243.

Las bases del cuestionamiento fiscal

Al presentar la denuncia fiscal el abogado penalista Abelardo de la Espriella consideró que: “En caso de que las pólizas de cumplimiento no existan o aun existiendo no se hayan cumplido debidamente los trámites precontractuales tendientes a su expedición, y por tal circunstancia no hayan podido ser exigidas, los doctores José Rozo Millán, Arturo Montejo Niño y Jorge Enrique Pinzón Mateus, quienes ostentan las calidades de gobernador de Boyacá, alcalde de Tunja y representante legal del Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de Boyacá, respectivamente, habrían llevado a cabo una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, infringiendo los deberes de cuidado y uso de los recursos públicos”.

Para el abogado se quiere aprovechar de la condición y el reconocimiento de la artista. El Espectador quiso conocer la opinión de los funcionarios mencionados, pero no fue posible.