El drama de Gramalote

El antiguo pueblo de Gramalote tiene que ser construido de nuevo. / Daniel Iannini

El domingo 25 de septiembre de 2011, en el teatro Zulima de Cúcuta, la entonces ministra de Ambiente y Vivienda, Beatriz Uribe, formalizó el anuncio más esperado en Norte de Santander: el sitio donde iba a empezar a reconstruirse Gramalote, arrasado por el invierno en diciembre de 2010. Desde entonces han transcurrido siete meses, pero en vez de iniciarse las obras, en medio de la zozobra y el malestar de los gramaloteros y los rumores sobre la injerencia política en las decisiones, nadie sabe hoy dónde se erigirá el nuevo pueblo.

El drama de Gramalote, que va llegando a los 18 meses sin solución a la vista, empezó el 17 de diciembre de 2010, cuando se dispuso la evacuación total del casco urbano y de algunas áreas rurales para evitar una tragedia. De inmediato, el Gobierno puso en marcha dos acciones: la gestión de recursos para atender la emergencia, a través de la entidad pública Colombia Humanitaria, y la creación de una Comisión Intersectorial para apoyar a Gramalote, cuya coordinación quedó a cargo de la ministra de Ambiente y Vivienda, Beatriz Uribe.

Por la urgencia social del tema, en pocas semanas Colombia Humanitaria asignó $2.000 millones para adelantar un estudio sobre la conveniencia de la zona para trasladar a Gramalote. Este diagnóstico fue encargado a la Fundación Servicio de Vivienda Popular (Servivienda), una organización con 35 años de experiencia en construcción de vivienda en Colombia y otros países de América Latina. Esta firma emprendió sus estudios y, con el apoyo de Ingeominas, evaluó cuatro opciones en los sectores de San Luis, Teherán, Miraflores y Pomarroso.

Al tiempo que los damnificados de Gramalote se fueron alojando en diversos albergues o dispersándose por los municipios cercanos, el Gobierno se comprometió a que el nuevo pueblo sería el primer municipio en Colombia en aplicar el Proyecto Integral de Desarrollo Urbano. Hacia julio de 2011, después de varias jornadas de concertación con la comunidad y diálogo directo con jefes de hogar, Servivienda concentró sus estudios técnicos en la vereda Miraflores, al norte del Instituto Agrícola, y el sector Pomarroso, en la vereda Valderrama.

Finalmente, el 25 de septiembre, Servivienda aportó sus conclusiones. Por su mejor acceso a fuentes de agua, menor afectación ambiental, mayor interconectividad regional, mayor área para replicar la tipología arquitectónica y otras valoraciones sociales y culturales, fue elegido el sector de Pomarroso, en la vereda Valderrama. Un mes después, a través de la Resolución 0018 del 25 de octubre de 2011, la entonces ministra Beatriz Uribe respaldó el estudio y dispuso tanto la delimitación predial como los avalúos correspondientes.

A pesar de que la mayoría de los gramaloteros expresaron su agrado porque empezaran los trabajos de reasentamiento de su pueblo, casi de inmediato salió a flote una particularidad del terreno elegido. De los 12 predios que integraban las 598,96 hectáreas escogidas, cuatro de las áreas mayores pertenecen a la familia del representante conservador a la Cámara de Norte de Santander, Carlos Eduardo León Celis, fórmula parlamentaria del actual presidente del Congreso, el también nortesantandereano y conservador Juan Manuel Corzo.

Consultado el congresista Carlos Eduardo León sobre la elección del sector de Pomarroso, situado en el costado oriental del antiguo casco urbano de Gramalote, admitió que sí hay varios predios que fueron herencia de sus abuelos, pero que él notificó lo sucedido tanto a la Comisión de Ética del Congreso, a la cual pertenece, así como a la Procuraduría y a la Contraloría. No obstante, en la página oficial de la Cámara de Representantes, en el apartado de registro de intereses, no aparece mención alguna sobre este detalle de propiedad.

En cambio sí figura, junto a su copartidario Juan Manuel Corzo, su condición de coautor del proyecto de ley para la creación de la estampilla Pro Desarrollo Construyamos Juntos un Nuevo Gramalote, orientado a buscar el recaudo de $30.000 millones para financiar obras correspondientes a la construcción del nuevo casco urbano del municipio, del cual es oriundo. Una iniciativa que hace apenas 12 días se convirtió en ley de la República. “No fue legislación en causa propia. Únicamente como gramalotero, he obrado con solidaridad y transparencia”, refiere León Celis.

Lo cierto es que en la resolución del 25 de octubre de 2011 quedaron registradas las coordenadas y la información catastral de 4 de los 12 predios que en ese momento fueron elegidos para reconstruir a Gramalote, en los cuales la propiedad está a nombre de familiares directos del congresista León Celis (ver facsímil). Una particularidad a la que la comunidad no le vio reparo alguno, con tal de que empezaran los trabajos. La prueba es que días antes de la resolución una delegación, de unas 150 personas, hizo una romería a la vereda.

Dos meses después, para determinar las condiciones de estabilidad de los terrenos y establecer el tipo de obras requeridas para iniciar los trabajos, expertos del Servicio Geológico Colombiano emprendieron perforaciones en la vereda Valderrama, del sector Pomarroso. De paso, se informó a la comunidad que los perfiles del terreno iban a convertirse en datos determinantes para el prediseño de las obras de mitigación y la aplicación de los modelos matemáticos de evaluación de la estabilidad del suelo. Es decir, un avance de reconstrucción.

Todo parecía marchar sin contratiempos y los propios gramaloteros empezaron a ilusionarse con los valores ambientales del sitio elegido, sus fuentes de agua, sus zonas de bosque o las posibilidades para desarrollar malla vial. Al mismo tiempo, la ministra de Ambiente y Vivienda, Beatriz Uribe, empezó a hablar de otras estrategias de reforestación, siembra de árboles y creación de corredores biológicos como acciones complementarias. De manera simbólica, desde Cúcuta se puso la primera piedra del nuevo pueblo a la vista.

Pero algo pasó que adelgazó el entusiasmo. Comenzaron a pasar los días, las semanas, los meses y el proceso se paralizó. Sorpresivamente, el pasado mes de marzo, cuando los gramaloteros comenzaban a manifestar su inconformismo y los dirigentes nortesantandereanos anunciaban debates en el Congreso, vino la sorpresa. La ministra Uribe, durante un acto público, expresó que era necesario hacer otros estudios de factibilidad que permitieran establecer si la zona de Pomarroso era realmente la adecuada para reconstruir el municipio.

“Tenemos que pedirle excusas a la gente de la región por guardar tanto silencio, pero estos estudios de prefactibidad, que recién terminamos, son los que les dan paso a otros estudios”, resaltó Beatriz Uribe. Una opinión diametral mente opuesta a la que esbozo meses atrás cuando dijo del sector del Pomarroso que se trataba de un lugar bello y seguro, donde podría ponerse la banderita de la conquista. El Espectador quiso conocer la opinión de la exfuncionaria, pero se limitó a decir que hasta el pasado jueves fue ministra y que entregó su reporte a su sucesor.

¿Qué pasó con la reconstrucción de Gramalote? En opinión de un experto en el tema, quien pidió reserva de su nombre, el primer problema es que se pusieron a hacer las cuentas de la lechera, y cuando se dieron cuenta de que el proyecto valía $338 mil millones y el Ministerio de Ambiente y Vivienda sólo había presupuestado $87 mil millones, aterrizaron a la realidad. El otro argumento es que se ensilló antes de traer las bestias. Y como quedó consignado en uno de los reportes de la Veeduría Ciudadana, faltó información a la gente y un gerente para el proyecto.

Hoy, la situación no puede ser peor. La gente de Gramalote sigue reunida en albergues, no hay suficiente ayuda alimentaria ni acceso al agua potable y, lo que es peor, la desesperación empieza a hacer estragos. En el sector de Casa Verde, en el antiguo casco urbano del pueblo, ya se ha advertido el regreso de algunas familias que prefieren arriesgar a vivir desterrados. Además, se está abriendo paso un insólito medio de rebusque: arañar las casas resquebrajadas en busca de hierro, cobre, ladrillo o algún material de construcción para vender.

“Ya no hay tranquilidad espiritual. Hay gente que se ha muerto de desespero y de tristeza. Un señor se suicidó. A otro le cayó una pared encima tratando de extraer alguna chatarra de los restos del pueblo. El único que nos tiene vivos es el sacerdote Víctor Manuel Lasso, quien mantiene alta la moral en los albergues. Pero a los gramaloteros no nos interesa que nos traten como limosneros, sino que nos digan dónde vamos a construir nuestras casas, si en Pomarroso o en Miraflores, como dicen ahora”, señala Fabio León desde uno de los albergues.

“Esta semana el Gobierno anunció que va a construir cien mil viviendas en corto tiempo. Por ahora los gramaloteros sólo pedimos cien de esas casas”, agregó el veedor Raúl Becerra, quien confirmó que el desespero es hoy el denominador común entre la gente de Gramalote. “Los subsidios de vivienda no llegan desde diciembre, la ayuda alimentaria se volvió precaria y si no fuera por el apoyo de la comunidad internacional, no sé qué sería de la gente”. Son casi 6.000 personas en un éxodo que se proyecta a Cúcuta, Santiago o Lourdes.

El defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, oriundo de Norte de Santander, terció esta semana en el debate y ante el atraso evidente en la reconstrucción de Gramalote instó a las autoridades a acelerar el proceso para ponerles fin a las justas protestas de sus habitantes. El funcionario reclamó que es increíble que después de 16 meses la gente no tenga siquiera la certeza de saber dónde se va a reconstruir su pueblo. Por eso reclamó un acta de compromisos, un cronograma de trabajo y que se diga quiénes son los responsables de la reconstrucción.

Por ahora no hay claridad. La ministra saliente no opina. El entrante, Germán Vargas, dejó entrever que hay que revisar las cuentas. Los dueños de Miraflores aguardan ser los elegidos y los de Pomarroso no pierden la esperanza. Entre ellos el debutante congresista Carlos Eduardo León, cuyo nombre quedaría asociado con la memoria de Gramalote por haber logrado lo que quizá ningún otro congresista ha conseguido en muchas legislaturas: que en un predio mayoritariamente de su familia se construya el pueblo que debe reemplazar al que arrasó el invierno una noche de diciembre de 2010.

Pueblo con más de cien años

Situado a 57 kilómetros de Cúcuta, el municipio de Gramalote fue fundado dos veces: en 1857 y en 1883. Sin embargo, sólo hasta 1888 adoptó su nombre.

En diciembre de 2010 la dura ola invernal, acrecentada por el fenómeno de ‘La Niña’ comenzó a causar desastres en el pueblo. El 17 de diciembre tuvo que ser evacuado para evitar una tragedia de grandes proporciones.

Al momento de su evacuación, Gramalote contaba con 5.928 habitantes, 2.871 de ellos vivían en área rural.

Un congresista con aciertos y apuros

Nacido en Gramalote, el ingeniero civil Carlos Eduardo León Celis fue durante ocho años director regional de la Aeronáutica Civil en Norte de Santander, pero debutó en la política como concejal del municipio de Lourdes, ubicado en el mismo departamento.

Las pasadas elecciones de 2010 llegó por primera vez al Congreso de la República, pero hoy se investiga si hubo adulteración de resultados en su favor. El caso es motivo de investigación preliminar en la Corte Suprema de Justicia. León Celis ganó su curul con el Partido Conservador.

Interrogado sobre este hecho, manifestó que son gajes de la política, pero que el proceso se está desarrollando a su favor. Además, añadió León, que denunció a quien quiso enlodar su buen nombre. Según él, lo suyo es la gestión pública y la transparencia de sus actos.