El registrador nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez, sigue en el ojo del huracán. Los organismos de control revisan sus actuaciones con lupa. La incertidumbre que generó en el país, por la tardía entrega de los resultados electorales, tiene al país encendido. El contrato que celebró al entidad para manejar los comicios es objeto de severos cuestionamientos. Y como si fuera poco, El Espectador encontró otros dos contratos millonarios que se firmaron afanosamente en los últimos días del año pasado.
Un asunto que comenzó la última semana de diciembre, dos meses y medio antes de la primera cita electoral del año. Al tiempo que los colombianos celebraban felices y desprevenidos la Navidad y el Año Nuevo, en el organismo electoral los funcionarios de la gerencia administrativa y financiera de la Registraduría sellaron una particular jornada con la adjudicación de dos importantes negocios por $125.649 millones.
El primer contrato fue asignado el miércoles 23 de diciembre a la Unión Temporal Distribución Procesos Electorales 2010 por la suma de $93.350 millones. El contrato radicado con el número 608/ 09 tiene como propósito el suministro de los kit para las elecciones de Congreso de la República, Parlamento Andino y Presidencia de la República.
Sin embargo, este, quizás el contrato más importante de ese año, estuvo precedido de curiosos detalles. El proceso de contratación se abrió el 3 de diciembre a las 4 p.m. Y su cierre se efectuó el 10 de ese mes a la misma hora. En suma, cualquier interesado en participar en el proceso únicamente tuvo cinco días hábiles para conocer y presentar su propuesta, en razón a que durante ese período hubo un fin de semana y el día 8 de diciembre fue festivo.
Otro asunto que rodeó el proceso fue la utilización de la figura de selección abreviada a cambio de una licitación pública. Según la Ley 1150 de 2007 de contratación: “Corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias del objeto a contratar; las circunstancias de la contratación o la cuantía o la destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficacia de la gestión contractual”.
Al respecto, Édgar Zapata, gerente administrativo y financiero de la Registraduría, y quien firmó el contrato por delegación del registrador Carlos Ariel Sánchez, explicó que la entidad utilizó esa modalidad de contratación en razón a que la norma se aplica a entidades que manejan asuntos de defensa y seguridad nacional. “Aquí manejamos información de seguridad nacional, como lo son los temas de identificación y las elecciones, utilizamos ese mecanismo para agilizar el proceso”, comentó Zapata.
Como era de esperarse, con sólo cinco días hábiles para presentar propuesta sólo acudieron dos oferentes: el Consorcio Electoral y la Unión Temporal Distribución Procesos Electorales 2010 - UT Disproel 2010. En consideración del comité evaluador y pese al poco tiempo que tuvieron los interesados para presentar ofertas, la Unión Temporal obtuvo una calificación perfecta de 1.000 puntos de 1.000 posibles. Registró un resultado de 600 puntos en la evaluación técnica y 400 en la calificación económica-financiera. En consecuencia, el pasado 23 de diciembre la Unión Temporal Distribución Procesos Electorales 2010 - UT Disproel 2010, ganó el proceso.
Esta Unión Temporal está conformada por las compañías Thomas Greg & Sons de Colombia S.A.; Assenda S.A., Thomas Greg & Sons Limited, Manejo Técnico de Información S.A.; Thomas Greg Express S.A. y la Compañía Transportadora de Valores Proseguir de Colombia S.A.. Según la Registraduría, varias de estas compañías le han prestado el servicio a la entidad hace varios años.
No obstante, otra inquietud ronda: ¿Por qué se adjudica el proceso contractual tan rápidamente? Al respecto, el propio Édgar Zapata Barrios, gerente de la Registraduría, señaló a El Espectador que esto sucede en razón a que el Ministerio de Hacienda no sitúa los recursos oportunamente. “Lo que pasa es que los dineros de Hacienda llegan tarde, en varios casos han llegado en noviembre, el tiempo es corto y me impide hacer licitación; por eso se utiliza el sistema de selección abreviada. Creo que es un problema estructural, porque el presupuesto lo terminan aprobando a finales de noviembre, y si se tiene que contratar con vigencias futuras, los tiempos se vuelven imposibles para una licitación”.
Al respecto, el jueves, el presidente Álvaro Uribe señaló que: “El presupuesto de la Registraduría se incrementó en 23% con respecto a las elecciones de 2003”.
Por su parte, Fernando Jiménez, director general de Presupuesto, explicó que el dinero para las elecciones fue situado oportunamente a la Registraduría. “Eso no es cierto, los recursos se giraron de acuerdo con el mapa presupuestal, incluso se hizo un anticipo y hasta se destinaron recursos para el fallido referendo”. El viernes en la tarde el Ministerio expidió un comunicado en donde señaló que: “Causa extrañeza al Ministerio de Hacienda que el Registrador aduzca falta de recursos en la programación de elecciones, cuando él mismo propuso generar ahorros de los recursos programados para financiar una propuesta de incremento salarial de los funcionarios de la Registraduría”.
Pero no sólo la adquisición de los kit electorales genera inquietud. Con la selección abreviada para la actualización de la base de datos de ciudadanos fallecidos, un negocio por $32.299 millones, sucedió algo similar. El proceso se abrió el 9 de diciembre. Una semana después se cerró. Se presentaron las firmas Consorcio Actualización 2009, la Unión Temporal Censo 2010 y la Unión Temporal Registremos.
El 29 de diciembre pasado, con una calificación de 1.000 puntos sobre 1.000 puntos, la Registraduría dio como ganador a la Unión Temporal Censo 2010. Una firma conformada por el mismo grupo de empresas que pocos días antes había ganado el millonario contrato para el suministro de los kit electorales.
El mismo registrador, Carlos Ariel Sánchez, aseguró la transparencia de todos los procesos contractuales en la entidad. Incluso envió el viernes en la tarde comunicaciones al presidente Álvaro Uribe, al contralor Julio César Turbay y al procurador Alejandro Ordóñez, en donde ratifica la realización de las próximas elecciones presidenciales y precisa los manejos presupuestales de su administración. Pero dos millonarios contratos, hasta ahora desconocidos por la opinión pública, lo pueden poner nuevamente contra las cuerdas.