Se fue 2010 dejando una ola de especulaciones sobre lo que se terminó por acuñar como el carrusel de la contratación en Bogotá. Pero después de varios meses de escándalo mediático, filtraciones de piezas procesales, grabaciones telefónicas o conjeturas políticas, ha llegado la hora de la verdad. En diversos frentes de la justicia se empiezan a tomar cartas en el asunto y la expectativa por decisiones de fondo crece en la misma proporción en que proliferan los rumores. Todos los interrogantes apuntan hacia el alcalde mayor, Samuel Moreno.
La Contraloría ordenó el embargo preventivo de sus bienes. La Procuraduría y la Fiscalía avanzan en sendos procesos disciplinario y penal en su contra. Pero salvo tangencialmente los controvertidos integrantes del Grupo Nule, aún no aparece quien lo señale directamente como el gestor del supuesto carrusel de la contratación. Más dedos acusadores ha tenido su hermano, el senador Iván Moreno. Aún así, de la abundante documentación recaudada en los últimos meses ya surgen algunas determinaciones judiciales.
Y esta actuación de la justicia, al menos desde la competencia de la Fiscalía, suma los interrogatorios del propio alcalde Moreno y de 17 funcionarios y ex empleados del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Casi los mismos personajes que fueron incluidos en un pliego de cargos formulado por la Procuraduría. Ante fiscales e investigadores de Policía Judicial, durante las últimas semanas han venido compareciendo los indiciados, y de sus respuestas se perfila hacía dónde y quiénes se dirige el escándalo de la contratación en Bogotá.
Entre interrogatorios y entrevistas, El Espectador tuvo acceso a 18 diligencias judiciales del ente investigador, y la primera novedad es la insistencia de la Fiscalía alrededor de uno de los interrogados: el ex interventor de contratos del IDU, Jorge Armando Mojica Rodríguez, un arquitecto de 52 años que ingresó a la institución en 2002 en una convocatoria pública y que terminó como contratista cumpliendo tareas en un comité técnico que definía el futuro de varias obras. Su nombre ha salido a relucir porque tiene un acusador específico.
Se trata del piloto comercial y también contratista Alejandro Botero Franco, quien lo relacionó como poseedor de información sobre las estructuras de las empresas donde funciona el cartel de la contratación. Además ha dicho que engañado le consignó dinero a su favor y hasta acusó a su hija de oficiar como intermediaria entre los funcionarios del Distrito y los contratistas. La situación de Mojica no es la mejor. Incluso hace poco trascendió que hasta un hermano suyo admitió que había sido subcontratado para otra obra.
El pasado 27 de octubre compareció ante la Fiscalía y después de las explicaciones técnicas de su cargo, ante el interrogante preciso de sus relaciones con el contratista Botero, afirmó que era su vecino y que fue él mismo quien lo buscó entre mayo y octubre de 2009 para que lo asesorara en el desarrollo constructivo de una iglesia cristiana. Según Mojica, pactaron unos honorarios y él realizó su trabajo. Por eso Botero le canceló $9,9 millones. Pero cuando la Fiscalía pidió la copia del contrato, éste le dijo que el pacto se había realizado sólo de manera verbal.
Después la Fiscalía indagó qué destino tuvieron esos recursos y Mojica dijo no recordarlo. Además, agregó que nunca le hizo llamadas telefónicas y que no es cierto que llorando le hubiera pedido a Botero que no lo incriminara. Mojica manifestó que lo que sucedió fue que después de que Botero lo acusó, un día se encontró con él en el parqueadero exterior del edificio y le preguntó porqué quería perjudicarlo. La Fiscalía insistió una y otra vez sobre cobros suyos en contratos, a lo que Mojica replicó insistiendo en que todo en su contra y la de su familia es falso.
No obstante, su acusador no da tregua. La prueba es que ese mismo día también acudió a la Fiscalía Alejandro Botero para reiterar que desde que entregó una memoria USB con cartas y fotos que relacionan al alcalde Samuel Moreno con los contratistas Emilio Tapias y Julio Gómez, ha seguido colaborando con la justicia sin que le presten la debida protección. Y recordó que 14 veces ha acudido a la justicia explicando contrato por contrato y aportando documentos relacionados con el IDU, así como grabaciones entre el congresista Germán Olano y el contralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi.
En general, los interrogatorios han sido cortos y su estructura muy parecida. La descripción del cargo, el tiempo de vinculación con el Distrito, la forma de incorporación al IDU y luego las preguntas concretas que buscan establecer la presunta relación del alcalde Samuel Moreno con esta entidad distrital, así como sus opiniones sobre el escándalo mismo. La respuesta predominante ha sido “No lo conozco”, “No me acuerdo si trabajé con él”, “No me consta nada”, “No tengo conocimiento”, y cuando se trata del Alcalde, “No desempeñó ningún papel en contratación”.
El interrogatorio más atípico se dio en el caso del consultor y ex subdirector general de infraestructura del IDU, Luis Eduardo Montenegro Quintero, quien admitió que se vinculó al Instituto en julio de 2009 directamente por llamado del alcalde Samuel Moreno, a quien había conocido dos años antes de su posesión como primer mandatario de la ciudad. Montenegro reconoció que participó en varias reuniones con el alcalde Moreno, resaltando su interés por que se cumpliera con los objetivos trazados en el desarrollo de los proyectos.
Montenegro ratificó que el arquitecto Mojica participaba en la elaboración de los presupuestos que la entidad hacía y que él intervino en reuniones oficiales con los contratistas Julio Gómez y Javier Hadad. Pero interrogado sobre el papel de Samuel Moreno en el IDU, contestó escueto: “Al Alcalde desempeñaba su papel de Alcalde ante el IDU, de resto no tengo conocimiento”. Y después agregó: “No entiendo la palabra carrusel a la que hacen referencia (...) el Alcalde no forma parte de la junta directiva del IDU, nunca fue a una junta y nunca envió a un representante”.
Recientemente se conoció que el ingeniero Luis Eduardo Montenegro participó en la concesión de una obra para la realización de andenes en la calle 127 a la empresa Coninsa & Ramón H, firma en la cual había trabajado como gerente hasta marzo de 2008, es decir, 14 meses antes de llegar al IDU. La Fiscalía no dudó en preguntárselo y Montenegro recordó que presentó un documento de cuatro páginas con la explicación jurídica de por qué no se declaró impedido. Según los entendidos, el testimonio de Montenegro es clave para las decisiones en el escándalo de Bogotá.
Otro de los interrogatorios esclarecedores lo aportó la ingeniera civil Carmen Helena Lopera, ex directora técnica de construcciones del IDU, cargo que entró a ocupar después de 15 años como alta funcionaria del organismo. Su información es básicamente técnica, pero paso a paso explica cuales fueron las verdaderas razones de los atrasos en múltiples obras y, en especial, del contrato de la fase III de Transmilenio. En su relato queda claro que uno de los motivos fue la permanente rotación de personal y explica en qué momento se le salió de las manos al Grupo Nule.
Aclaró la forma como se acrecentó el precio de este contrato por la cesión del mismo y cuáles fueron los detalles para que se procediera a declarar su caducidad. Una argumentación que defendió manifestando que si hoy estuviera en circunstancias iguales a las vividas con el contrato de la fase III de Transmilenio, su actuación sería idéntica. Por eso rechaza el calificativo de carrusel de la contratación en el Distrito, que atribuye a lo que dicen los medios, concluyendo que el Alcalde no desempeñaba ningún papel en el IDU, sólo recibía informes de avances de obra.
Pero así como la mayoría de los funcionarios del IDU sostienen que no hay nada ilegal, otros persisten en sus señalamientos. En particular, el ex candidato presidencial Gustavo Petro acudió a la Fiscalía el 29 de octubre y en entrevista judicial insistió en que sus investigaciones apuntan a que ha existido influencia en la contratación distrital de cuatro personas: el senador Iván Moreno; el gerente de Conalvías, Andrés Jaramillo, a quien apodan El Turco; el contratista Julio Gómez y el empresario Emilio Tapia, amigo de Iván Moreno.
Petro reiteró que Andrés Jaramillo con su empresa Conalvías es el mayor contratista del Distrito y que las firmas asociadas a Emilio Tapia y Julio Gómez son el tercer grupo de mayor contratación, muchas veces sin licitación o contratación de asignación directa, utilizando cooperativas y fundaciones. Además, anunció que posee un anónimo con información sobre transacciones entre Emilio Tapia e Iván Moreno de bienes inmobiliarios en el estado de Florida, asunto que, en su opinión, podría ser indagado con el apoyo de la justicia de los Estados Unidos.
El concejal de Bogotá Carlos Vicente de Roux no se quedó atrás y en entrevista en la Fiscalía aseveró que el IDU falló en la tarea de exigirles a los contratistas un riguroso cumplimiento de los cronogramas, y aunque presionó con razón a los Nule para que cedieran el contrato de la 26, también permitió que en el nuevo consorcio apareciera una empresa vinculada con Julio Gómez. Y precisó: “Se castigó a los Nule, pero se premió a Julio Gómez, a pesar de que ambos eran corresponsables de los problemas del atraso y manejo del anticipo que llevaron al IDU a buscar la cesión de ese contrato”.
En términos generales, las diligencias judiciales en la Fiscalía se mantienen en dos posturas: la defensa de los funcionarios del IDU y las acusaciones de quienes insisten en el carrusel de la contratación. La abogada Ana María Ospina, por ejemplo, dijo que antes de firmarse el contrato de la Fase III de Transmilenio, la Procuraduría envió carta al entonces alcalde Luis Eduardo Garzón, manifestándole que no encontraba irregularidades, al tiempo que la ingeniera Natalia Laurens aseguró que nunca hubo injerencia de contratistas o terceros en la entidad distrital.
Lo cierto es que después de la primera fase de interrogatorios, la Fiscalía deberá tomar decisiones que aclaren las verdaderas dimensiones del escándalo mediático. Los Nule buscan que se les otorgue el principio de oportunidad, lo que daría plena validez a sus testimonios. Pero por otra parte, hay quienes los sindican y sostienen que el trasfondo de sus señalamientos es la pugna política por el poder en la capital de la República. Aunque la Procuraduría parece más cerca de las primeras conclusiones, este expediente es ya el primer desafío para la nueva fiscal Viviane Morales.
Las últimas respuestas de la ex directora del IDU
En diligencia de ampliación de interrogatorio en la Fiscalía, la ex directora del IDU, Liliana Pardo, reiteró que el proyecto Fase III de Transmilenio se adelantó conforme a la ley y el atraso fue causado por el contratista.
“En este aspecto, y apoyados en los informes de interventoría, se probó cómo la causa eficiente del atraso fue la incapacidad financiera, técnica y operativa del contratista”, recalcó ante la Fiscalía la ex directora del IDU.
En cuanto al pago del anticipo de la obra, otro de los polémicos temas en el escándalo, Liliana Pardo insistió en que se le dio un manejo riguroso. En su defensa indicó que sus decisiones las respaldó una aseguradora.
“Respalda la gestión de la entidad que la compañía aseguradora hubiera procedido al pago de los recursos no justificados”, agregó Pardo, quien repitió estos argumentos ante la Corte Suprema de Justicia.
La ex directora del IDU puntualizó que su trato con los Nule fue mínimo, se limitó a temas puntuales, confió en que se sabrá la verdad y recalcó que “si algún hecho irregular sucedió, se realizó en escenarios ajenos a la institución”.
Los Moreno ante los Nule
En busca de beneficios judiciales, a pesar de su quiebra, deudas e incumplimientos contractuales en Colombia, desde Miami o Panamá los empresarios Guido, Manuel y Miguel Nule han oficiado como los acusadores principales de los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas en el llamado escándalo del carrusel de la contratación en el Distrito.
En especial, Miguel Nule asegura que Samuel e Iván Moreno recibieron comisiones de diversos contratos. Hoy, el alcalde responde ante Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, mientras su hermano Iván lo hace ante la Corte. No hay conclusiones todavía y Samuel Moreno sostiene que los Nule lo acusan porque él recuperó para la ciudad lo que ellos incumplieron causando perjuicios.