Denuncia penal contra socios de Factor Group

Cerca de 1.500 inversionistas denuncian que depositaron al menos $200.000 millones y aún no han recibido reparación alguna.

 Los abogados defensores de las víctimas dentro del sonado escándalo por la captación de millonarios recursos a través de la compañía Factor Group Colombia S.A, anunciaron este viernes nuevas acciones penales en contra de las dos cabezas de la empresa. Se trata del representante legal de la firma David Wigoda y el intermediario de negocios Luis José Botero.

En consideración de la abogada Jensi Osorio quien representa a firma de abogados que contrataron las víctimas, Wigoda y Botero, pudieron incurrir en los presuntos delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

Como medida adicional la defensa de las víctimas solicitó que se levante el velo corporativo a la empresa, una figura jurídica que busca desconocer la limitación de la responsabilidad de los asociados al monto de sus aportaciones. De esta manera se busca que tanto Wigoda como Botero respondan hasta con sus bienes.

La compañía Factor Gruop inició actividades en el negocio de corretaje de crédito y compraventa de cartera. Sin embargo, varios mesee después de su entrada en funcionamiento fue intervenida por captación indebida de fondos y entró en liquidación según determinación de la Superintendencia de Sociedades.

Se estima que la determinación del organismo de control evidenció que fueron cerca de 1500 inversionistas los afectados que hicieron negocios por cerca de $200.000 millones.

Para la defensa de las víctimas es inconcebible que hayan pasado varios años de la intervención de la firma y a la fecha los inversionistas no recuperen sus dineros.


La historia al detalle

En octubre de 2011, por actividades de captación masiva y no autorizada de recursos del público, la Superintendencia Financiera ordenó la suspensión inmediata de actividades a la sociedad Factor Group Colombia S.A. Desde esa fecha decenas de personas y empresas que invirtieron sus dineros en esa entidad dedicada al corretaje de crédito y la compraventa de cartera, entre otros negocios, aguardaban a que les devolvieran su dinero.

Los antecedentes de la debacle económica de una sociedad que llegó a manejar una cartera superior a los $353 mil millones se remontan a abril de 2009, cuando la Superintendencia Financiera, alertada por una eventual captación masiva de dineros del público sin autorización legal, ordenó una visita de inspección a sus oficinas en Medellín y Bogotá. En su informe, el organismo reportó operaciones de compra de cartera al descuento con instrucciones específicas de los inversionistas. En otras palabras, nada ilegal, pero demasiado riesgo.

La Superintendencia regresó a las oficinas de Factor Group el pasado 23 de septiembre de 2011 y, después de una semana de examinar sus negocios, detectó contratos de fiducia mercantil y fideicomisos irrevocables de administración inmobiliaria que ameritaron su escrutinio. El análisis de estas operaciones permitió deducir inconsistencias entre lo prometido a los inversionistas y la realidad de los negocios. Además, se constató que la sociedad carecía de recursos a corto plazo para atender el pago de los porcentajes prometidos a títulos de rentabilidad.

En esas circunstancias, a la luz del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la entidad de control empezó a configurar la relación de los hechos objetivos y notorios de captación de recursos del público por parte de la sociedad Factor Group Colombia S.A. Sin embargo, antes de que la Superintendencia Financiera concluyera su investigación preliminar y tres días después de concluida la visita, el 3 de octubre de 2011, el representante legal de la empresa acudió a la Superintendencia de Sociedades y solicitó su admisión en la Ley de Quiebras.

El 6 de octubre, a través de un oficio, la Supersociedades decretó la apertura del proceso de reorganización de la sociedad. De esta manera, la empresa inversionista, constituida en Medellín en 2002 y gerenciada por el ingeniero civil David Wigoda Rinzler, aunque sorprendió a sus clientes con la decisión, tranquilizó a sus accionistas. No obstante, una semana después, la Superintendencia Financiera le complicó el panorama al ordenar la suspensión inmediata de sus actividades de captación.

A través de la resolución 1817 del 13 de octubre, la entidad concluyó que, en casos tales como los negocios de fideicomisos para la compra de ganado, existió recaudo no autorizado de dineros del público y que Factor Group recibió además dineros de inversionistas, sin que se registrara el suministro, como contraprestación de un bien o servicio. Con el fin de salvaguardar el dinero del público y garantizar su devolución, la Superfinanciera intervino para neutralizar cualquier actividad de abuso de la normatividad legal.

Además, por la gravedad de los hallazgos hechos por la delegada para la Supervisión Institucional, la Superintendencia Financiera remitió copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación, al tiempo que solicitó a la Superintendencia de Notariado y al Ministerio de Transporte dar instrucción a todos los registradores de instrumentos públicos y las secretarías de tránsito para que se abstuvieran de realizar cualquier contrato con Factor Group Colombia, salvo que tuvieran la aprobación de la Superintendencia de Sociedades.

En razón de la última disposición, en manos de esta superintendencia quedó la obligación de vigilar las actuaciones de la sociedad. Así mismo, la entidad adquirió el deber de disponer de las inversiones que establecimientos de crédito, sociedades fiduciarias, sociedades comisionistas de bolsa, fondos de pensiones voluntarias o carteras colectivas tuvieron que congelar como medida cautelar. En otras palabras, la expectativa de recuperar los dineros de los clientes de Factor Group quedó sujeta a la Superintendencia de Sociedades.

Pero las cuentas no dieron: las promesas incumplidas de sus dueños , las justas pretensiones de las vícitmas y las determinaciones de la Superintendencia Financiera, fueron fáctores determinantes para que el pasado 5 de abril de 2013 la Superintendencia de Sociedades ordenara su liquidación.

En consideración del organismo de control la firma no cumplió sus compromisos financieros, la liquidó e informó del caso a la Fiscalía General de la Nación.

Hoy la esperanza de los frustrados inversionistas es que con esta nueva denuncia penal y el levantamiento del velo corportativo puedan recuperar los millonarios recursos que cada día resultan más inciertos.