Dilema por la televisión social

El 2 de octubre de 2014, apenas iniciando el segundo gobierno Santos, fue aprobado un documento para declarar de “importancia estratégica” el proyecto que busca extender la señal de televisión abierta nacional y regional a todo el país, beneficiando a 2,2 millones de hogares. Hoy, cinco meses después, aunque ya se dispuso el plan de inversiones y de adaptación tecnológica para concretar la iniciativa, el proceso quedó en suspenso por un desacuerdo con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Cuando se aprobó el documentos Conpes 3815 quedó consignado que el proyecto “Inversiones Operador Público de Televisión”, también denominado Televisión Social o Televisión Directa a su hogar (DTH), no sólo es trascendental para las políticas sociales del Gobierno, sino que se solicitó a la Autoridad Nacional de Televisión realizar las acciones necesarias para garantizar su total financiación. Se trata de que hasta los sitios más apartados del país lleguen los contenidos de Señal Colombia, Canal Uno y los ocho canales regionales.

En desarrollo del objetivo trazado y como quiera que se determinó que Señal Colombia Sistema de Medios Públicos (antiguo RTVC) fuera el ejecutor del proyecto, comenzó a orientarlo la abogada Lucy Osorno, quien después de ocupar el consulado en Madrid y regresar a Colombia, fue designada por el presidente Santos como gerente del organismo. Tomó posesión del cargo el pasado 8 de enero, y de inmediato emprendió tareas legales para la contratación del satélite y otros aspectos técnicos referentes a la extensión de la señal.

Como quedó consignado en el Conpes, la idea de llevar la televisión abierta a todo el territorio nacional no se había podido llevar a cabo por las dificultades geográficas del país. Sin embargo, gracias a los avances tecnológicos, ahora es posible. El costo calculado para la operación es de $70.413 millones, con inversiones hasta 2023. Hoy el 17% del total de hogares colombianos no acceden a los servicios de los canales públicos y en su mayoría se trata de población que no tiene capacidad de pago para acceder a la televisión por suscripción.

De entrada está claro que la implementación del nuevo sistema requiere dos temas fundamentales: la ubicación de antenas y los decodificadores para sintonizar los canales de forma gratuita. La consecución de esos elementos va a ser responsabilidad de los usuarios, y por eso el reto es que tengan un costo viable para que sea realmente televisión social. Eso requiere alianzas estratégicas con el sector privado y cooperación de las entidades territoriales. Una carrera de obstáculos en la que el Gobierno tiene una incidencia determinante.

Aunque es evidente que éste está decidido a financiar el proyecto, también salta a la vista que tarde o temprano se abrirá paso una licitación pública para garantizar que los costos de los decodificadores y otros aspectos técnicos para la televisión social estén al alcance de los beneficiarios. Ese negocio podría valer más de US$50 millones, un atractivo mercado para inversionistas privados, algunos de ellos internacionales. Todo un entramado de intereses públicos y privados para sacar adelante esta ambiciosa meta social del Gobierno.

Hasta el pasado viernes era claro que esa es la principal misión de la abogada Lucy Osorno, quien además ostenta en su trayectoria profesional asesorías jurídicas a varias empresas del sector de las comunicaciones y óptimo desempeño en la producción de radio y televisión. Sin embargo, este 13 de marzo, a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia llegó una carta suscrita por ella que deja entrever que más allá de los aspectos técnicos del proyecto, hay temas adicionales que ya generan suspicacias.

En su misiva a Camilo Enciso, también conocido como el zar anticorrupción, la abogada Osorno manifestó que los pasados 19 y 25 de febrero, en calidad de gestora del proyecto de la televisión social, fue citada a una reunión en el despacho del ministro de las TIC, Diego Molano y, en presencia de otros funcionarios de las entidades que participan en la iniciativa, le presentaron al abogado Gustavo Adolfo Cala, como gerente para desarrollar el tema. En la última reunión, según Lucy Osorno, el ministro le dijo que lo contratara en la entidad.

La idea del ministro era que Cala se ocupara de estructurar el pliego de condiciones para el proceso de selección de contratistas en el proyecto de la televisión social. La gerente de Señal Colombia Sistema de Medios Públicos no quiso hacerlo. En su misiva argumentó que no lo hizo porque los honorarios que le ofreció al abogado Cala no satisfacían sus expectativas económicas y porque pidió referencias del candidato y no fueron satisfactorias. Antes de que el tema llegara al presidente Santos, ella decidió ventilar el asunto.

En su criterio, como afirma en la carta conocida por El Espectador, en la entidad a su cargo “existe la capacidad humana y técnica necesaria para adelantar todos los procesos de contratación”. Además, ya tiene los pliegos de condiciones listos para el reto de la televisión social. La abogada recalcó que escribe la misiva por las implicaciones económicas de una contratación con recursos públicos, y porque ésta puede repercutir en costos para los televidentes o en riesgos en la generación de asimetrías en el mercado de los decodificadores.

En otras palabras, que no está de acuerdo en que el Ministerio le quiera poner un gerente para manejar el proyecto más importante del organismo que asumió hace dos meses y que no está dispuesta a ser la ejecutora de una iniciativa donde las reglas de juego las ponga un abogado externo. Su planteamiento, como lo deja resaltado en su carta, es que la meta social más trascendente del gobierno Santos en el área de las comunicaciones tenga el acompañamiento de la Secretaría de Transparencia, antes de que ella concrete lo que ya empezó.