El “dossier” contra el “zar” de la seguridad

Mientras las autoridades buscan a Jorge Moreno fuera del país, en el exterior aparecen otros directivos salpicados en el proceso penal.

En el sur de Florida (Estados Unidos) o en una finca en los Llanos Orientales vive el denominado zar de la seguridad, Jorge Moreno Ojeda. Son las hipótesis que manejan las autoridades sobre hacia dónde huyó el empresario a comienzos de agosto del año pasado, luego de que la Fiscalía ordenara su captura, lo imputara y acusara por acuerdos restrictivos de la competencia y fraude procesal. Ahora aparecieron otras pruebas que vinculan a cuatro directivos más de un conglomerado empresarial que ganó 252 procesos licitatorios en 149 entidades por $322.166 millones.

En esencia, la tesis de las autoridades es que Moreno Ojeda y sus empresas ganaron licitaciones oficiales presentándose con diversas compañías en las que aparecía como controlante. En otras palabras, siempre obtenía las licitaciones porque en la mayoría de los casos sólo terminaban participando sus empresas o hacían mayoría, lo cual impidió la libre competencia.

Dos documentos soportan el argumento: el escrito de acusación radicado contra Moreno el pasado 5 de diciembre y el Informe Motivado de Investigación por Prácticas Restrictivas de la Competencia que la semana pasada culminó la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dentro del proceso administrativo por colusión que adelanta la entidad contra el “zar” de la seguridad.

Se trata de un informe de 385 páginas que detalla las actuaciones de las empresas y sus directivos y que fue trasladado al Consejo Asesor de la Competencia para su aval. El extenso documento evidencia diversas reuniones entre Moreno Ojeda y sus directivos, cadenas de correos señalando estrategias, requerimientos a funcionarios, informes de recursos humanos, presentaciones, gráficos con instrucciones y comparativos en excel con análisis de licitaciones, que según la SIC, demuestran que las empresas relacionadas con Moreno Ojeda participaban en licitaciones y se ponían de acuerdo para producir el resultado mediante acuerdos, excluyendo a otros competidores.

Una investigación que se inició en abril de 2011 por las quejas de varios empresarios del sector que cuestionaban la forma repetitiva como el conglomerado Security Management Group S.A. (Grupo SMG), de Moreno, conformado por al menos cuatro empresas, resultaba adjudicatario de licitaciones estatales para prestar el servicio de vigilancia. Entonces se abrieron dos investigaciones, una penal y otra administrativa, que llegaron a su recta final.

La Fiscalía evidenció que en un proceso en Corpochivor de 2012 “Jorge Moreno Ojeda, actuando como controlante de las empresas Guardianes, Cobasec, Centinel, Expertos, Sejarpi, Insevig y Starcoop en coautoría con Orlando Barrios Giraldo, representante legal de Cobasec; Sandra Milena Álvarez Espinel, representante legal de Centinel; Irma Isabel Caviedes Rojas, representante legal de Guardianes, y Victoria Eugenia Cardona Lenis, representante legal de Starcoop, se concertaron con el fin de alterar de manera ilícita el proceso de selección abreviada”.

El ente acusador detectó igual comportamiento en otro proceso estatal, esta vez en una licitación en el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD). Allí se presentaron empresas como aparentes competidoras y a través de supuestas uniones temporales se detectó que “todas ellas pertenecían a un mismo grupo controlado por Jorge Arturo Moreno Ojeda”.

En el caso de Coldeportes, una licitación por $1.306 millones fue ganada por el empresario en 2012. Dice la Fiscalía que Moreno Ojeda conocía que se estaba concertando para alterar ilícitamente la licitación”. De la misma manera, el ente acusador precisa que igual situación se presentó en el desarrollo de otros dos procesos contractuales en la Secretaría de Integración Social de Bogotá y en las Empresas Municipales de Cali (Emcali).

El próximo 10 de marzo, ante un juez penal, habrá audiencia de acusación en la que la Fiscalía destapará todas sus cartas contra Moreno. Con 26 testigos, los testimonios de 19 investigadores, las pruebas documentales de cinco procesos licitatorios que investigó el organismo, las declaraciones juradas de ocho funcionarios públicos que decidieron las licitaciones y de directivos de las empresas de Moreno, el caso empieza a definirse en los estrados judiciales.

De igual manera, se presentarán como pruebas el contenido de las interceptaciones a varios teléfonos autorizadas por un juez y hasta la impresión de un chat vía whatsapp que el 15 de enero de 2015 sostuvieron el superintendente Pablo Felipe Robledo y el abogado Néstor Humberto Martínez, cuando aún no era fiscal. En cuanto al destino de Moreno Ojeda, la Interpol lo tiene en circular roja para captura internacional, aunque los investigadores también lo buscan en los Llanos Orientales.

Los argumentos del defensor de Jorge Moreno

Jesús Albeiro Yepes, abogado defensor del empresario Jorge Moreno, señaló que su cliente “siempre ha obrado como un asesor comercial, no es responsable de acordar y propiciar colusiones en licitaciones públicas. Además, la opinión pública puede tener la convicción de que en más de 250 licitaciones investigadas por la Fiscalía, y concretamente en las cinco licitaciones que motivan su proceso, no se ha perdido un solo peso del patrimonio público ni se ha incumplido el objeto de los contratos, pues, entre otras razones, en dichas licitaciones los precios y las condiciones están regulados por la ley. En este caso no estamos frente a un fenómeno de ‘carterización’, concepto ajeno del derecho penal. Jorge Moreno es un empresario que ha servido a su país y que se vio expuesto a una injusta persecución penal por la fiscalía del doctor Jorge Perdomo. Esperamos que el debido proceso y la objetividad en la investigación penal, sin presiones contra otros ciudadanos para que a cualquier precio sirvan de testigos en contra del doctor Moreno, recuperen sus cauces en la administración del doctor Néstor Humberto Martínez”.